La Justicia federal de Rosario dictó 14 condenas por lavado de activos en el marco de una investigación contra una organización dedicada a introducir en la economía formal ganancias provenientes de actividades ilícitas, principalmente del contrabando. Además de las penas impuestas, se ordenó el decomiso de 102 bienes –entre inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones–, así como más de dos millones de dólares en efectivo. También se aplicaron multas millonarias que, en algunos casos, superan los 130 millones de pesos. Los principales condenados están radicados en Álvarez y en Villa Gobernador Gálvez.
Fuentes de la Fiscalía federal indicaron que el principal condenado es Matías Matarochi, empresario del rubro transporte, considerado coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación criminal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario le impuso una pena de 8 años de prisión, multa de casi 115 millones de pesos, accesorias legales y costas. Matarochi era titular de empresas como Logística MM y Doning S.A.S., utilizadas para inyectar fondos de origen delictivo en el circuito legal.
El juicio también incluyó al villagalvense Norberto Derminio, condenado a 5 años de prisión y multa de 136 millones de pesos, y a su padre, Juan Norberto Derminio, sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión –pena unificada con otra dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 1 en una causa anterior– y multa de más de 30 millones de pesos. Ambos reconocieron su responsabilidad mediante acuerdos de juicio abreviado homologados por el tribunal. Tanto padre e hijo están relacionados con el rubro indumentaria. En 2009, su apellido había aparecido en las páginas policiales por el desbaratamiento de una cocina de cocaína en Villa Gobernador Gálvez, pero siempre cultivaron un perfil bajo.
Otras once personas –entre ellas Lourdes Derminio, Débora González, Joan Derminio, Claudia Rattaro, Diego Noguera, David Noguera, Brian Corbo, Marcos Trueno, Santiago Herrera, Aron Fleitas y Cintia Aguilera– también admitieron su participación en la organización y aceptaron penas de ejecución condicional y multas por más de 14 millones de pesos.
La investigación en inició en 2018 por una denuncia anónima que advertía sobre la venta de drogas por parte del clan Derminio en Villa Gobernador Gálvez.
A partir del trabajo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal –con intervención de la fiscal Adriana Saccone durante la instrucción y del fiscal general Federico Reynares Solari en el juicio, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)– la pesquisa desanduvo un entramado de maniobras financieras destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos.
Así lo explicó el entonces director de la PSA José Glinsky: “Blanqueaban dinero sucio en actividades lícitas como venta de ropa. No es contrabando de ropa, sino blanqueo de dinero a través de esos locales". Y agregó que la gran cantidad de autos de alta gama incautados a la banda responde a "una forma de reservar valor" que tenía la organización, con profesionales y empresarios.
Según la acusación, las operaciones de lavado incluyeron la adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero, registrados a nombre de los acusados, de terceros o de personas interpuestas. También se detectaron conversiones de moneda extranjera, construcción de inmuebles, préstamos garantizados con hipotecas y simulación de actividades comerciales para justificar los ingresos. En total, se identificaron al menos 146 maniobras de lavado: 94 vinculadas a la compra y venta de automotores, 33 a inmuebles y 4 a embarcaciones.
Durante la investigación se incautaron más de 2 millones de dólares, casi 5,5 millones de pesos y una gran cantidad de vehículos de alta gama en allanamientos realizados en Santa Fe y Salta. Se estableció además que los acusados desplegaron una estructura estable y jerárquica con distribución de roles, y que actuaron de manera coordinada para encubrir la procedencia del dinero, proveniente de delitos como contrabando, narcotráfico, defraudaciones y amenazas.
Las balaceras a Matarochi
En junio de 2023, poco después de ser excarcelado, Matías Matarochi fue víctima de dos balaceras en su casa de Álvarez. Una de las noches, un Citroën C4 blanco pasó frente a su vivienda de Cerrito y 9 de Julio y desde el vehículo dispararon al menos ocho veces. El empresario relató que, al ser alertado por su esposa, inició una persecución en su camioneta Amarok y logró interceptar a los atacantes en la entrada del pueblo. “Uno de los delincuentes sacó el cuerpo por la ventana y comenzó a disparar. Me alejé un poco, pero continué siguiéndolos y llamé a la policía”, contó a Rosario3. El auto fue hallado luego en barrio Cabín 9, en Pérez, y tenía una patente adulterada.
“Me metieron preso, arruinaron la vida de mi familia y encima ahora me balean la casa porque seguro piensan que soy millonario”, dijo en ese momento. “No sé qué me pasó por la cabeza, porque yo no tengo armas y me podrían haber matado. Pero cuando se meten con la familia de uno, me volví loco. Es horrible. Escucho gente que dice ‘si le balearon la casa por algo será’. Es muy injusto. Necesito que esta pesadilla termine.”
