La investigación judicial sobre una red de juego clandestino con protección política tocará esta semana las puertas de la Cámara de Senadores. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra quieren el desafuero del jefe de la bancada oficialista Armando Traferri. Ambos están seguros de tener suficientes elementos probatorios para imputarlo y pedir la prisión preventiva. Así como se escucha. Ese es el nivel de confianza de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, incluso sabiendo que esos senadores a los que les piden que entreguen a uno de los suyos, son los mismos que no hace mucho se autoadjudicaron la capacidad de sanciones disciplinarias contra fiscales y defensores. Es decir que quienes llevan adelante la acusación saben que cualquier paso en falso puede enterrar sus carreras.

La investigación judicial y el escándalo político avanzan en paralelo. Una especie de minuto a minuto que tiene en vilo a toda la política santafesina e incrédula a la Casa Rosada, que observa la guerra sin cuartel entre Perotti y el grupo de la vicegobernadora Rodenas y los senadores del NES. 

En el carril judicial ayer hubo nuevos allanamientos, entre ellos a un ex jefe de la Policía de San Lorenzo al que se señala como un protegido del senador y uno de los primeros en ser echados por el ministro Marcelo Sain. Por el otro carril, la conferencia de prensa que convocó Traferri para este lunes puede resultar dinamita pura.

A penales

Ahora la Cámara de Senadores deberá decidir si permite que Traferri sea sometido a proceso penal y eventualmente sea privado de la libertad. En principio tiene un plazo de 90 días para expedirse. Oficialistas y opositores encargaron dictámenes jurídicos para poder valorar las implicancias del artículo 51 de la Constitución provincial que establece la inmunidad de los miembros de la Legislatura.

La inmunidad prevista en la Constitución provincial de 1.962 indica que ningún legislador puede ser sometido a proceso penal sin autorización de la Cámara a la que pertenece. Y luego aclara que el arresto no puede producirse sin la misma autorización. 

Si bien la inmunidad de la Constitución provincial es diferente a la Constitución y la ley nacional, el caso Traferri trae a estudio los casos recientes que se dieron en el Congreso de la Nación, donde las distintas fuerzas debatieron largo tiempo cómo proceder los desafueros de Julio De Vido y Cristina Fernández. El peronismo dejó muy clara su posición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: no procede el desafuero hasta tanto haya sentencia firme. Cambiemos votó por quitárselos.



La suerte de Traferri depende de sus pares del PJ. Para el desafuero se necesitan 13 votos. El peronismo tiene 12. Los 6 del NES conforman un bloque monolítico detrás de Traferri. De los 6 restantes, 4 están abiertamente alineados con Perotti, mientras que Eduardo Rosconi de Caseros y Cristina Berra de San Martín ponen sus firmas con unos y otros según el caso, lo que en las tensiones de los últimos meses puso a ambos bajo marca personal del Poder Ejecutivo. La oposición suma 7 bancas.

Es imposible aventurar cómo resolverán el entuerto esos doce senadores en medio del feroz enfrentamiento que mantienen. El conflicto escala semana tras semana. Ninguno levanta el pie del acelerador para vértigo del resto del peronismo. Las cosas llegaron al punto en el que doce senadores tienen que decidir si envían a uno de ellos tras las rejas o quedan como una corporación política que protege a un legislador acusado de corrupción.

Ayer un grupo de senadores comenzó a buscar la salida de emergencia para esa encerrona. Una posibilidad es autorizar que Traferri sea imputado en el proceso penal pero bloquear la posibilidad del arresto. A nivel nacional se puede imputar aun con los fueros, en Santa Fe no.
Para un paso así va a ser imprescindible que la fundamentación de los fiscales sea sólida y los hechos contundentes. Mañana ingresarán el pedido formal en la presidencia de la Cámara de Senadores y una nota para que les den una reunión informativa. Llegarán fortalecidos por el apoyo público de la comisión investigadora de la Cámara Diputados que preside el socialista Joaquín Blanco con la firma de todos sus integrantes.

¿Una mano que mece al fiscal?

Este lunes el ex fiscal Ponce Asahad volverá a sentarse ante un juez, pero esta vez pedirá irse a su casa. Los fiscales le advirtieron de antemano que puede declarar todo lo que quiera, pero que ellos se opondrán a la domiciliaria y pedirán que siga en su lugar de detención actual. La decisión entonces quedará en manos de la jueza.

Si los fiscales no se comprometieron a beneficiar al detenido a cambio de información y, por el contrario, lo quieren mantener bajo prisión preventiva, ¿entonces por qué habló Ponce Asahad? ¿Espera beneficios procesales más adelante? ¿Por venganza? ¿Para mostrar capacidad de daño? ¿O recibió otro beneficio reservado?



Traferri y su abogado sostienen que la declaración de Ponce Asahad fue guionada por el ministro de Seguridad Marcelo Sain y los fiscales en el marco de la disputa política que mantiene el grupo de senadores que capitanea Traferri con Perotti. Seguramente mañana, cuando Traferri hable en la conferencia de prensa que convocó, insistirá sobre esa idea. El gobierno mantiene silencio, no responde ni se hace cargo de las acusaciones.

El viernes a la noche un tuit en el mismo sentido incendió los celulares de la política: “Los peronistas de Santa Fe nunca resolvimos nuestras diferencias mandando en cana al compañero con el que disentíamos. Nadie nunca lo hizo. Desde el 83”. Lo escribió Alejandro Rossi, hermano del ministro de Defensa Agustín Rossi.

Los allegados le preguntaron a Agustín sobre ese mensaje: “Lo que escribió Alejandro es lo que piensa él; yo no mandé escribir nada a nadie”, les aclaró. Les transmitió su preocupación por la unidad del PJ y por los resultados de tres testeos preliminares de encuestadores que son concluyentes en cuanto al daño en la imagen del peronismo.