Las asociaciones empresarias que reúnen a los fabricantes de biocombustibles de capital argentino que no están integrados a las aceiteras buscarán hoy que el Congreso siga incorporando cambios a las modificaciones a la ley de biocombustibles que envió el gobierno como parte de la “ley ómnibus” bajo la seria advertencia de que si se aprueba como está todo ese sector desaparecerá a manos de las grandes productoras de bio.
“El mensaje es el mismo. Así como está, el proyecto es inviable para las pymes”, dice Juan Facciano, de la Casfer, que reúne a empresas regionales de biodiesel, y uno de los empresarios que se pronunciará este lunes en la reunión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que analiza el tema, y que hoy recibirá los planteos de las organizaciones civiles.
La semana pasada, luego del lobby de las provincias productoras de bio, con Santa Fe a la cabeza, el gobierno nacional accedió a un cambio fundamental en su proyecto original, que desregulaba el mercado. A diferencia de lo propuesto originalmente -en la que se eliminaba el corte obligatorio con las naftas y el gasoil- ahora se propone aumentar el corte en combustibles de biodiésel del 7.5% actual a 10% y luego al 15%, mientras que en bioetanol se respeta el 12% y luego pasa a 18% con el objetivo de 27%.
La noticia fue muy bien recibida por el gobierno provincial. Y es que el aumento del corte se traduce en mayor demanda para la producción santafesina, responsable del 80% de las exportaciones y del 64% de la producción de biodiesel.
“Este nuevo proyecto de Ley enviado es mejor al que se había mandado anteriormente. Más producción de bio para el país implica más producción para Santa Fe”, le dijo el viernes a Rosario3, el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, principal negociador por la provincia en el tema. “Ahora la ley de Biocombustibles quedó mucho, mucho mejor”, había saludado el jueves el propio gobernador Maximiliano Pullaro a las reformas.
El cambio también fue celebrado por las grandes fábricas (nacionales y multis) que son parte de grupos aceiteros. Por el contrario, para las empresas no integradas el cambio tuvo sabor a poco. Ya que no se cambió el otro punto fundamental del proyecto oficial que es terminar con el sistema de cupos y precios regulados con el que el Estado le garantiza a las empresas argentinas no integradas a aceiteras la exclusividad de venta a las petroleras para el corte obligatorio estableciendo una libre competencia por el negocio.
Y esa desregulación es la que, a juzgar por los propios afectados, provocaría el fin de las fábricas pyme, ya que el negocio quedaría absorbido por las grandes empresas productoras. Por el contrario, para el gobierno y las grandes, la desregulación abaratará el costo de compra del bio a las petroleras, quitándole así presión al precio que paga el consumidor en el surtidor.
Como sea, la estrategia del lobby del sector es saludar la primera modificación realizada, pero dejar bien en claro a los legisladores de que si se insiste con desregular se cerrarán las fábricas pymes. Así que sin ese cambio, buscarán que ese articulado de la ley no salga. Los empresarios confían en contar con los votos de los legisladores justicialistas, radicales y del PRO, que ya se vieron pronunciando fuerte.
También confían en recibir el apoyo de Pullaro contra la desregulación apostando a que fue por una cuestión de estrategia política (de seguir buscando cambios sin quedar enfrentado a la Nación en el debate de la “ley ómnibus”) que el gobernador celebró el aumento del corte sin hacer referencia crítica a que se mantiene la liberalización del mercado.
Con todo, empresarios, lobistas y legisladores están convencidos de que la definición sobre la ley de ómnibus no se dirime en la discusión caso por caso, como puede ser el de la ley bio, y apuntan a que se dirimirá en los acuerdos o no en la alta política entre Nación y Provincias por un tema central: el reparto de dinero, tanto por coparticipación, impuesto a las Ganancias, obra pública, etc.
