La primera reforma que la Justicia le frenó a Milei es justo la única que tenía pleno consenso empresario

La primera medida importante del gobierno nacional que sufre un revés en la Justicia –y con amplia repercusión política– es justo sobre el tema de mayor coincidencia en el sector empresario sobre el nuevo rumbo: la reforma de las leyes laborales.

En efecto, el nuevo modelo cosecha adeptos y detractores dentro del propio arco empresario. Incluso, el paquete de normas con las que el presidente Javier Milei busca desregular la economía -tanto las del “mega DNU” como las de la “ley ómnibus” a enviar al Congreso- encuentran apoyos y rechazos en los distintos ámbitos empresarios. Es más, en algunos casos, por ejemplo, en la desregulación de los biocombustibles, los enfrenta. Por el contrario, la reforma laboral cosecha apoyos transversales en todos los sectores corporativos.

Y es que con obvios matices (por tamaño, lugar de radicación y sector de la empresa), la dirigencia empresaria comparte el análisis de la necesidad de cambios porque, entienden, la normativa vigente frena la creación de nuevos empleos formales (en blanco) al tiempo que complica el crecimiento y la productividad de la economía nacional. A juzgar por la visión empresaria, la normativa actual dispone de exigencias difíciles de cumplir y por eso quedan expuestos a juicios y multas laborales de alto costo.

Hay todo una esfera empresarial -centrada en los sectores financieros, de servicios y del agro- que, con fuerte carga ideológica liberal, añora el rumbo de la flexibilización dura y pura de los 90. Pero también hay amplios sectores de las industrias, el comercio (sobre todo entre pymes) que se corren de ese libreto, pero que igual comparten la necesidad de una revisión integral. 

Es más, no sin cierto pudor (por sus perfiles más industrialistas y mercado internistas) y cuidándose mucho de no invocar conceptos como “flexibilización laboral”, para no quedar pegados a los más liberales y porque sabían que de hacerlo le cerrarían las puertas a las negociaciones con gremios y legisladores, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) venían trabajando en una agenda de cambios.

Y la estrategia pasaba por negociar reformas sectoriales en los convenios colectivos, convencidos de que tratar el tema a nivel Congreso no era factible políticamente. Por eso, las conversaciones cultivaban un fuerte perfil bajo en lo referente a exposición mediática.

Es más, el propio candidato a presidente por el justicialismo, Sergio Massa, dijo en una conferencia pública que dio en CAME para mostrar sus propuestas electorales que era necesario reformar todo el andamiaje de normas que le quitaban incentivos a la generación de puestos de trabajo formales. “No se trata de quitar o bajar indemnizaciones, sino de eliminar todo el entramado de disposiciones que, a la hora de un despido sin causa, le significan la hipoteca de la casa al empresario pyme”, dijo en aquella oportunidad.

En números redondos, la mitad de la población económicamente activa con empleo tiene un trabajo formal clásico, pero la otra mitad está flexibilizado de hecho.  En la visión empresaria, entonces, tiene consenso que la reforma incentivaría la toma de nuevos empleados, sobre todo en las pymes que son -justamente- las principales empleadoras de mano de obra de la economía argentina. 

A diferencia de las grandes firmas, tomar un nuevo trabajador es una decisión fundamental en empresas medianas y pequeñas. Y si bien por crecimiento de actividad o perspectivas de futuros negocios, muchas pymes necesitarían tomar nuevos trabajadores, terminan buscando la forma para no hacerlo por el temor a los costosos conflictos que se les pueden generar si la relación no prospera, sobre todo porque -repiten- los “abogados caranchos” de la industria del juicio están la acecho.

No en vano, en años de reciente fuerte crecimiento, firmas de la línea blanca en Rosario que estaban en condiciones por la demanda que tenían de tomar un segundo turno, no lo hacían porque, en el pasado, cuando -por caída del consumo- debieron desactivarlo, enfrentaron fuertes conflictos laborales. Y en las pymes, por su identificación con las familias dueñas, los conflictos laborales dejan marcas.

“En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento", dijo el comunicado de una entidad empresaria a penas se publicó el DNU, que ahora la Justicia suspendió en su capítulo laboral. ¿Qué entidad lo publicó? No fue una de las organizaciones empresarias de la "oligarquía vacuna" o de las "multinacionales apátridas". Fue CAME, que reúne a las pymes.

En definitiva, el primer revés judicial que enfrenta una medida de importancia del presidente Javier Milei -y que despierta el interrogante sobre si se trata el arranque de un efecto dominó- es justo el único que tenía consenso total en el empresariado, y deja expuesto el interrogante sobre lo acertado o desacertado de intentar cambios de fondo por decreto que violentan leyes y sin acuerdos políticos.