El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo protocolo para el control de identidad varietal en granos, una medida que busca fortalecer la trazabilidad en el mercado de semillas, mejorar los mecanismos de fiscalización y brindar mayores herramientas para la protección de la propiedad intelectual de los obtentores vegetales.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La normativa establece procedimientos específicos para la toma, análisis y conservación de muestras de granos en los puntos de entrega primaria.
Según la resolución, todos los establecimientos que funcionen como primer punto de entrega deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). A partir de las muestras obtenidas en esos establecimientos se realizarán análisis de identidad varietal mediante métodos reconocidos por el INASE.
La nueva reglamentación también habilita a cámaras arbitrales y entidades privadas que mantengan convenios con el organismo nacional a adquirir y analizar las muestras, siempre bajo las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación.
Uno de los aspectos centrales de la medida es que los resultados de los análisis deberán ser comunicados de manera inmediata a los titulares de las variedades registradas. En caso de detectar presuntas irregularidades, los obtentores podrán presentar denuncias ante el INASE dentro de un plazo de 60 días desde la emisión del certificado de análisis.
Desde el Gobierno sostienen que la articulación entre organismos públicos y entidades privadas permitirá optimizar los controles, mejorar la transparencia del mercado y generar incentivos para la inversión en genética vegetal y desarrollo de nuevas variedades.
La resolución comenzará a regir desde su publicación y se aplicará a los cultivares que sean inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la norma.
La medida representa un nuevo avance en los mecanismos de control del uso de semillas en Argentina, un tema históricamente vinculado al debate sobre innovación tecnológica, derechos de propiedad intelectual y competitividad del sector agroindustrial.
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