La hoja de ruta para 2026 ya tiene sus coordenadas definidas y no se trata de simples anuncios políticos, sino de un cambio profundo en el sistema operativo con el que las empresas deberán interactuar en el corto plazo. El Consejo de Mayo, ese órgano consultivo que reúne al Gobierno, provincias, legisladores y empresarios, cerró su informe final con ocho reformas estructurales que buscan transformar desde la contratación de personal hasta la estructura impositiva. Para quien toma decisiones de inversión o gestiona una nómina salarial, entender la letra chica de estos proyectos es la diferencia entre anticiparse a la ola o ser revolcado por ella.

El Gobierno nacional decidió acelerar a fondo y tratará en sesiones extraordinarias una batería de medidas que apuntan a tres ejes que desvelan a cualquier administrador: bajar el costo argentino, asegurar la propiedad privada y blindar el equilibrio fiscal. La reunión en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y con la presencia clave del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dejó en claro que la intención es desarmar la maraña regulatoria que asfixia la productividad. Lo concreto es que se busca pasar de un esquema de protección y trabas a uno de competencia y reglas claras, donde el Estado deje de ser un socio mayoritario en las ganancias y un ausente en las pérdidas.

¿Cómo impacta la letra chica en la rentabilidad operativa?

Uno de los puntos más sensibles y esperados es la modernización laboral. El diagnóstico oficial es tajante: el sistema actual frena la creación de empleo. La propuesta, que Sturzenegger defendió ante los legisladores, incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo, una normativa nacida en la pandemia que, lejos de facilitar el trabajo remoto, generó rigideces que muchas compañías tecnológicas y de servicios no pudieron sortear eficientemente. Imaginemos una empresa de desarrollo de software local, similar a Globant en sus inicios, que hoy duda en contratar talento en el interior por la burocracia de la reversibilidad y los costos ocultos; la reforma promete eliminar esas barreras. Además, se ataca la "ultraactividad" de los convenios colectivos, buscando que las negociaciones sean dinámicas y no eternas, y se plantea un esquema de blanqueo laboral con incentivos reales.

¿Qué beneficio tangible ofrece este blanqueo? El beneficio tangible radica en una baja drástica de las cargas laborales por dos años para quienes formalicen empleados. Esto es música para los oídos de las pymes que operan con márgenes exiguos y que muchas veces deben elegir entre crecer en la informalidad o estancarse en la legalidad. "El objetivo central de la reforma es que haya más empleo, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral", sentenció Sturzenegger, dejando en claro que la prioridad es limpiar el pasivo contingente de los juicios laborales que hoy aterrorizan al capital privado.

"El objetivo central de la reforma es que haya más empleo, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral", sentenció Sturzenegger

En el frente tributario, la promesa es ambiciosa y apunta directo a la estructura de costos. Se proyecta la eliminación de impuestos internos a productos electrónicos, autos, motos y telefonía celular. Si una automotriz como Toyota Argentina o una ensambladora en Tierra del Fuego ve reducida su carga impositiva interna, el traslado a precios debería mejorar la competitividad tanto en el mercado local como para la exportación. Asimismo, se contempla la exención de IVA a la energía eléctrica para uso industrial. El dato no es menor: para las industrias energointensivas, como la siderurgia o la plástica, la factura de luz es un componente de costo brutal; esta medida va directo a mejorar el margen operativo.

A esto se suma una modificación en la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Glaciares, temas ríspidos pero centrales para destrabar inversiones en minería y agroindustria. Se busca eliminar la prohibición de venta de tierras a extranjeros y permitir cambiar la actividad productiva de un campo tras un incendio, derogando normativas que hoy limitan el uso del suelo. En un país donde la minería podría ser un motor similar al de Chile o Australia, la revisión de la zona fría y la unificación del mercado laboral sin topes de mano de obra local son señales de que se busca atraer capitales de gran envergadura, como los que operan en Vaca Muerta o en los proyectos de litio en el norte.

¿Qué cambia en las reglas de juego a largo plazo?

Más allá de los costos inmediatos, lo que se pone sobre la mesa es la seguridad jurídica. El concepto de inviolabilidad de la propiedad privada se refuerza con cambios en la ley de expropiaciones —que ahora deberán ser a valor de mercado y al contado— y con el desalojo inmediato ante usurpaciones. Para el desarrollador inmobiliario o el dueño de un parque industrial, saber que la recuperación de un activo no tardará años en la justicia es un cambio de paradigma. Se elimina, además, la prohibición de venta de terrenos en barrios populares a personas jurídicas, lo que podría dinamizar el mercado de tierras en zonas hoy marginales.

El ancla de todo este plan es el equilibrio fiscal innegociable. Se impulsa una ley que prohíbe el déficit en el presupuesto nacional y, atención a este punto, transforma en delito penal el gasto sin partida presupuestaria y la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Esto obliga a la administración pública a operar con la misma lógica que una empresa privada: no se gasta lo que no se tiene. Adorni fue explícito al señalar ejemplos de voracidad fiscal que se buscan erradicar, citando la "tasa de protección ambiental" del municipio de Pilar como un "delirio sin sentido". Este mensaje es una advertencia clara a intendentes y gobernadores: la fiesta del gasto se terminó y la Nación usará la herramienta de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para disciplinar a las provincias que no se alineen con la meta de gasto público del 25% del PBI.

En cuanto a la inserción en el mundo, la Argentina planea dejar de ser "el país más cerrado del planeta". La estrategia es adherir a tratados internacionales de patentes y comercio. Hoy, registrar una innovación en el país es un calvario costoso y lento; alinear la normativa con los estándares globales facilitará la vida a los emprendedores de biotecnología o agrotech, sectores donde Argentina tiene unicornios potenciales esperando despuntar. "Argentina debe alinearse con los tratados internacionales ya adoptados por los mercados más competitivos del mundo", remarcó el informe del Consejo.

¿Cómo debe prepararse el sector privado ante este escenario? El sector privado debe prepararse revisando sus estructuras de costos y su estrategia fiscal. Con un régimen de incentivos para medianas inversiones en camino y la eliminación de impuestos a la renta financiera, se abren ventanas de oportunidad para reestructurar pasivos y planificar expansiones. La educación también entra en la reforma, devolviendo autonomía a las escuelas y haciendo públicos los resultados de las evaluaciones, lo que a largo plazo debería impactar en la calidad del capital humano disponible, una queja constante de los departamentos de Recursos Humanos.

El debate legislativo será intenso. Aunque figuras del sindicalismo como Gerardo Martínez se ausentaron de la mesa final, y hay tensiones internas sobre temas como las cuotas sindicales, la dirección es clara. El Gobierno apuesta a que, al quitarle el pie de encima al sector productivo, la economía rebote por la propia fuerza de la iniciativa privada. Para el empresario, el mensaje es: las reglas están por cambiar, y premian al que se formaliza, invierte y compite.