En septiembre de 2020, la Cooperativa de Vivienda Rosario terminó la obra civil para la instalación de una subestación transformadora. La misma era exigida por la Empresa Provincial de Energía (EPE) para abastecer a los 100 departamentos de las tres torres (una terminada, dos en construcción) ubicadas en Mendoza y Riccheri. A comienzos de marzo de 2022, 17 meses después, los adjudicatarios todavía esperaban que la proveedora de energía finalizara su parte en los trabajos requeridos para poder habitar sus unidades.

En el medio tuvieron que seguir afrontando alquiler, renovar contratos y realizar mudanzas con el enorme gasto que todo eso conlleva, y teniendo el departamento por el que pagaron ya terminado desde hace tiempo, pero sin poder vivir en él. No es el único caso. Una histórica desarrolladora, famosa por las decenas de bancos y supermercados construidos en el Gran Rosario, lleva casi un año esperando la conexión de luz para uno de sus últimos emprendimientos, en el barrio de Fisherton. Construir en el centro tampoco es garantía de zafar de este problema: los propietarios de departamentos de un edificio de Maipú al 1000 también llevan varios meses de dilaciones.

“En cualquier zona de Rosario resulta una lotería saber al momento de desarrollar un inmueble si vas a tener que hacer o no espacio para una subestación transformadora”, se quejó un empresario del rubro y reconoció que si bien la situación no es nueva, se ha agravado en el último tiempo. Es cierto que la pandemia impactó fuerte en estos últimos años, y particularmente entre fines de 2021 y principios de 2022, cuando la EPE llegó a tener a buena parte de su personal de calle no disponible por estar contagiado o aislado.

A eso le siguieron el estallido del verano, las olas de calor y los múltiples cortes que dejaron en evidencia que el sistema no estaba preparado para consumos energéticos excesivos. Con todo el personal abocado a evitar un agravamiento en las interrupciones del servicio, se frenaron por completo las nuevas habilitaciones, y extraoficialmente empezó a circular la versión de que no autorizarían nuevas conexiones hasta la llegada del otoño. Transitando el último mes de temperaturas elevadas, los reclamos de los no conectados se intensificaron. Hartos de reuniones con funcionarios que no les brindaban ninguna solución, los vecinos de Mendoza y Riccheri protestaron frente a la sede de la empresa días atrás, y consiguieron algunos avances: se instaló el transformador y solamente faltaría la colocación de un tablero para darle el ok final.

Por más efectiva que haya resultado, no parece ser ésta la vía más idónea para que la empresa cumpla con sus obligaciones. Por eso las constructoras tienen prevista una reunión para explorar otras vías para abordar el tema. El crecimiento de inmuebles en las últimas dos décadas es incontrastable, tanto de edificios en la ciudad, como de loteos en los alrededores. En el caso concreto de Rosario, se modificó en varias etapas el Código Urbano luego de extensas discusiones, dejando en claro las zonas hacia las que podía ir creciendo la ciudad. Hoy muchos de estos sectores son los que tienen dificultades para proveerse de energía. Es por eso que algunos empresarios piensan que la EPE no se anticipó a los hechos y siguió corriendo detrás de los mismos, con consecuencias a la vista.

Es más, desde hace algunos años, la EPE exige a todas las nuevas construcciones de envergadura una prefactibilidad porque de lo contrario no se puede comenzar la obra. O sea que no es que los nuevos edificios la toman por sorpresa y sin tiempo de reacción. Por otro lado, si bien es cierto que a las subestaciones transformadoras las paga la EPE, lo hace de acuerdo a sus criterios respecto a montos y plazos, lo que suele redundar en pérdidas para los privados. “Cuando desarrollás la ecuación inflacionaria, financieramente terminás perdiendo, porque la obra civil que tenés que hacer no está contemplada en su totalidad por la EPE, y además modificar el proyecto original implica una cesión de metros cuadrados y un costo agregado”, planteó un constructor. En este sentido, muchos se preguntan por qué un edificio nuevo debe albergar la subestación que proveerá de energía a toda la zona, y en cambio consideran más justo que la misma se ubique en lugares públicos, como puede ser la vereda, sobre todo en aquellas con retiro, como en algunos tramos de San Juan o Maipú.

En lo que hay consenso pleno es en que el modelo de relacionamiento entre constructoras y la EPE está totalmente agotado, que hace falta un diálogo más directo. Algunos son partidarios de crear una oficina específica dentro de la empresa de energía que aborde nuevos desarrollos de PH, y que empiece a trabajar en una ingeniería financiera diferente para asegurar el abastecimiento energético de los futuros edificios. El esquema de fideicomisos planteado por Litoral Gas para extender la red allí donde no llega, o fortalecer la existente, surgió como una alternativa, porque solucionó en buena medida los problemas similares registrados años atrás con la provisión de gas. Claro que en ese caso la prestadora hizo la fácil, desligándose por completo de las inversiones, que pasaron a ser costeadas por los propietarios, y limitándose a abrir el grifo una vez terminadas las obras.

Si bien este modelo se estudió para el caso de la energía eléctrica, su adopción hoy no reúne la mayoría de las voluntades, y por el momento fue dejado de lazo. No obstante, las empresas coinciden en que la actual estructura de funcionamiento debe ser revisada de manera urgente, sobre todo si se profundiza la reactivación económica y la inversión inmobiliaria. Mientras tanto sigue la búsqueda de un esquema que convenza a las partes.