El ajuste económico pisa cada vez más fuerte en el sistema financiero, la industria y el tejido empresarial argentino. La frase que repiten en voz baja muchos actores del sector privado es la misma: “Esto no es una crisis más, es un cambio de época”.

La semana cerró con señales contundentes desde el Banco Central: se elevó la tasa de política monetaria y los encajes bancarios subieron del 30% al 40%, secando aún más la plaza y haciendo cada vez más inviable el crédito. Al mismo tiempo, el mercado de dólar futuro operó con tensión creciente y el dólar oficial se acercó al techo de la banda cambiaria establecida a la salida del cepo, anticipando una mayor volatilidad cambiaria en los próximos meses. 

En ese contexto, los bancos comenzaron a acelerar su proceso de reestructuración territorial. Ya no se trata sólo de achiques en pueblos chicos: en ciudades grandes como Rosario, Córdoba o Buenos Aires se decidió estos días cerrar sucursales ubicadas incluso en zonas de rentabilidad media. Otro alerta más cuando desde los gobiernos locales tratan de reactivar zonas como los centros históricos. 

“No tiene sentido sostener 9 ó 10 sucursales en un radio de 25 cuadras”, justificó un ejecutivo. 

Tampoco si son locales alquilados. Por ahora, prometen reubicar al personal, pero en el sector nadie descarta despidos. También en mejorar sus plataformas digitales y app para competir mejor con Mercado Pago.

La motosierra también avanza en las Alycs, las sociedades de bolsa que en los últimos años vivieron del arbitraje entre dólares financieros. Con el nuevo esquema económico y la pax cambiaria sostenida a fuerza de tasas reales positivas, muchos balances empezaron a crujir. En off, un CEO de un banco nacional deslizó un dato lapidario: “Hay espacio para 70 Alycs, no para 400 como hay ahora”. En el mercado ya se habla de fusiones, retiros y algunos cierres definitivos.

Pero no sólo las finanzas están en alerta. En varias reuniones privadas entre industriales de maquinaria agrícola, línea blanca y metalurgia —algunas de ellas en Rosario— se repite la misma preocupación: el rebote industrial del segundo semestre no llega, y la presión importadora desde Brasil y China se vuelve insostenible.

“¿Queremos ser como Chile y renunciar a la industria?”, se preguntó uno de los empresarios más influyentes de la cadena metalmecánica. “La industria genera movilidad social. Saca a una persona con primaria incompleta y la convierte en un técnico que opera equipos sofisticados. Eso no lo hace ningún otro sector”, agregó.

El dilema, sin embargo, no es solo moral, es económico: ¿seguir fabricando o importar? En línea blanca, acero, aluminio y autopartes, los costos locales son hasta un 60% más altos que los brasileños o chinos. En algunos casos, los precios internos de productos como cables o fundición duplican los de importación desde Europa. La heladera que en Rosario cuesta $800.000, en San Pablo se consigue por la mitad. Y muchas pymes locales que en 2023 facturaron a precios "Narnia", hoy deben sobrevivir con márgenes comprimidos, caída de ventas y presión impositiva intacta.

En este contexto, se viene una campaña más agresiva del empresariado para exigir una baja concreta de la carga fiscal. El eje: eliminar el impuesto al cheque, reducir las tasas municipales que se acumulan en la cadena productiva y revisar los ingresos brutos. Seguramente estos temas volverán por estos días a la agenda en medio de la discusión de la reforma constitucional. Incluso están quienes analizan avanzar por la vía judicial.  

Desde el gobierno provincial de Santa Fe ya se anticiparon: recuerdan que la industria y el campo están exentos de Ingresos Brutos desde hace años, y deslizan que el reclamo debería orientarse hacia Nación y los municipios. La pulseada fiscal recién empieza.

Mientras tanto, algunos empresarios prefieren reconvertirse en importadores o directamente cerrar. Otros, como Sidersa, hacen una apuesta contracíclica: invierten US$300 millones en una nueva acería 100% nacional basada en chatarra reciclada, automatización y eficiencia energética. También de la mano del RIGI nacional y el RIGI municipal implementado por el intendente de San Nicolás, y esperan que la provincia de Buenos Aires acompañe con el suyo propio. “Hay espacio si se apuesta a la escala, la robotización y el just-in-time. No sólo precio, también valor”, explicó Hernán Spoto, CEO de la compañía esta semana durante el lanzamiento formal del proyecto en San Nicolás.

Sin embargo, la jugada no está exenta de riesgos. La liberación de las exportaciones de chatarra, sumada a la entrada de un nuevo jugador como Sidersa en el negocio de los productos largos, encendió las alarmas entre siderúrgicas tradicionales como Gerdau, Acindar (que tiene a sus trabajadores suspendidos en un esquema hasta fin de año) y a Ternium-Techint, que tiene un viejo proyecto de inversión por u$s 2.000 millones en carpeta pero que por ahora no figura en los planes de desempolvarlos. Con cinco empresas -incluyendo a Aceros Bragados- compitiendo por la misma materia prima, el costo interno puede dispararse. Desde Sidersa dicen tener la fórmula de conseguir chatarra y no calentar el precio.

La construcción, uno de los principales destinos del acero, también está paralizada. Las ventas de cemento en junio y julio reflejan el freno. Sin obra pública nacional, la única excepción sigue siendo Santa Fe, donde aún se ejecutan proyectos de infraestructura financiados por la provincia. El crédito hipotecario, por su parte, sigue sin despegar. Los bancos no se animan a largar líneas para viviendas nuevas hasta que la inflación baje otro escalón más. Varios desarrolladores locales armaron una nueva gira para buscar materiales más barato, ya fueron a Brasil, a Turquía y ahora un grupo viaja de nuevo a China. Los corralones, como venimos diciendo, están varios en la cuerda floja. 

“Van a traer el edificio entero de afuera y sólo les quedará armarlo acá”, ironizó un histórico proveedor industrial de la construcción rosarino, que pide revisar el modelo de “Compre local” en las adquisiciones estatales, e incluya el impacto de los proveedores locales también no sólo si la constructora es de la provincia. 

En medio de todo esto, el humor empresario oscila entre el respaldo a las metas macro de Milei y la creciente tensión con algunas decisiones sectoriales. La industria, denuncian, aún no figura en la agenda del gobierno. “Si no bajan impuestos ni márgenes abusivos en la cadena de distribución, si no mejoramos la competitividad interna, no hay futuro productivo”, sintetizó un industrial rosarino.

Y mientras las tensiones globales reconfiguran el tablero —con aranceles de EE.UU. del 50% al acero y aluminio brasileño, y un creciente cierre de puertas a China—, Argentina busca insertarse con apertura irrestricta. ¿Oportunidad o riesgo?

La motosierra llegó para quedarse. La Narnia de 2023 quedó atrás. Ahora, el capitalismo argentino navega un nuevo mapa, donde no hay lugar para todos. Las señales son mixtas. Pero algunos ya están trazando sus rutas.