El Concejo Municipal se puso más firme con las denominadas “islas callejeras”, es decir, con los espacios de la calle que son utilizados por bares y restaurantes para colocar mesas y sillas, y de este modo sumar clientes. Se aprobó un pedido de informes para saber cuántos son los locales habilitados, qué canon abonan y qué destino se le da a esos fondos.

Cabe recordar que fue a través del decreto Nº 1.259/2020, que modificó la Ordenanza N° 9727 de 2017, por el cual se creó el programa Islas Callejeras. El mismo autoriza la ocupación del espacio en la vía pública por parte de la gastronomía "de manera excepcional" y en el marco de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

La medida fue muy útil para respetar el adecuado distanciamiento social, adecuada ventilación y esparcimiento al aire libre en época de pandemia, pero además permitió reactivar a un sector como el gastronómico que venía muy golpeado por la cuarentena. Sin embargo al transcurrir los meses, y con la baja de casos, la continuidad de la iniciativa comenzó a ser cuestionada por algunos vecinos, sobre todo a partir de la habilitación del 100% de aforo.

Ecos365 dio cuenta de la polémica que estalló a fines del año pasado, reflejando voces a favor y en contra de la medida, y también contó cuando el tema escaló en el cuerpo legislativo local. Pero fue este jueves cuando se aprobó un pedido de informes al respecto, en el que la concejala Fernanda Gigliani se hizo eco del malestar de algunos y vecinos solicitó que el Ejecutivo brinde información sobre el tema.

Para la edila de Iniciativa Popular, seguir ocupando la calzada para poner mesas y sillas amerita un nuevo debate que incluya tanto a los locales gastronómicos, como a la convivencia diaria de los vecinos de toda la ciudad. “Creemos que lo que se implementó como una solución excepcional, temporal y provisoria para evitar la propagación del virus, hoy atenta directamente contra la convivencia”, consideró.

En este sentido, destacó que existen bares que han triplicado en forma gratuita su factor ocupacional por el cual fueron habilitados y no son pocos los que señalan que de esta forma se privatizan espacios que deberían ser públicos, se afecta la normal circulación y visión de los autos en las calles, y la posibilidad de encontrar estacionamiento.

El pedido de informes aprobado por el Concejo busca conocer cuántos son los establecimientos comerciales beneficiados por este decreto, si abonan mensualmente o no una tarifa por gestión diferencial de residuos generados en su comercio, por el espacio de más que les fueron habilitados para utilizar, y en tal caso, el destino que se le da a esos recursos.