El Gobierno comenzó a recabar la información de un grupo de sociedades de bolsa y de bancos para determinar las razones por las cuales hubo un monto inusual de operaciones en el mercado antes del anuncio de la recompra de parte de la deuda. Esto generó sospechas de la existencia de un uso de información privilegiada, algo que es un delito para el mercado de capitales. 

Las apuntadas son diez empresas entre sociedades de bolsa y bancos que cuentan con su propia Agente de Liquidación y Compensación (Alyc). El primer grupo pasó por las oficinas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que los funcionarios interroguen sobre los montos operados, en qué titulos en sus cuentas propias, aunque no aún sobre los clientes. 

El organismo regulador buscará realizar un muestro, lo más compacto posible, sobre Alycs y principales comitentes de cada una para detectar si hubo movimientos por fuera de lo esperable. Además de ello cuáles fueron las motivaciones para que eso suceda. El resto de la información “dura” que buscará recopilar la CNV estará integrada por los legajos de los clientes, el origen de los fondos, los patrimonios de clientes, declaraciones juradas impositivas, transferencias en esas cuentas entre comitentes y sus cuentas bancarias, entre otras operaciones. A partir de allí el organismo indagará sobre las motivaciones para movimientos que consideren inusuales y se ajusten a su sospecha. 

El objetivo principal es el de conocer si la Alyc realizó alguna recomendación puntual de compra en un momento determinado y si esa recomendación estuvo precedida por el acceso a información adelantada sobre la recompra de bonos que iba a realizar el Banco Central. La CNV solo podría determinar, en caso de que avance sobre alguno de los casos a los que apunta,algún vínculo societario entre un funcionario público y un ejecutivo de esa Alyc. A pesar de ello no es un delito de comprobación sencilla.

La sospecha que disparó el pedido de investigación que hizo el Ministerio de Economía días después del anuncio es que un sector del mercado pudo haber contado con información brindada por funcionarios involucrados en ese proceso. Todos los datos, que la entidad busca tener recopilados entre marzo o abril, deberán ser girados a la Justicia para que continúe su propia investigación.