La secretaría de Energía nacional, Flavia Royón, expuso los lineamientos de su área para 2023 y anunció la postergación del último tramo de la quita de subsidios a las tarifas de electricidad para los segmentos de altos ingresos.

La idea es evitar un eventual golpe al bolsillo a unos 800.000 usuarios que están en condiciones de percibir asistencia pero que por diversos motivos no la solicitaron. La decisión se tomó en medio de los aumentos en regulados y alimentos frescos que presionaron al alza la inflación del mes pasado por encima de lo que había proyectado el ministro de Economía, Sergio Massa.

Según el gobierno, no está en riesgo el tope fiscal acordado con el FMI, para evitar dudas sobre un posible desvío en las metas pactadas.

La segmentación tarifaria que aplicó el gobierno nacional contempla tres niveles en los que se reparten casi 16 millones de hogares: de bajos, medios y altos ingresos a quienes estaba previsto una quita total de subsidios para este año, la cual debía impactar a 5.308.530 usuarios.

En Energía creen que entre un 10% ó 15% de este último universo están en condiciones de mantener la asistencia, pero que por diferentes motivos no se inscribieron todavía en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase).

“Hay una porción que todavía necesita el acompañamiento del Estado. Por eso firmamos la semana pasada convenios con provincias y Desarrollo social para trabajar con los centros de referencia, facilitar la inscripción y no perjudicar a los hogares de menores ingresos. También habrá una campaña masiva de difusión en los medios”, explicó Royón en un video emitido ayer al mediodía.

La funcionaria estuvo acompañada por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Walter Martello, y la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti.

De esta manera, los usuarios del nivel de altos ingresos mantendrán casi un 35% de su factura subsidiada hasta detectar quiénes faltan inscribirse en el Rase, luego de que el ahorro fiscal del 2022 solo por la segmentación fue de $40.000 millones. La visión oficial es que podrían llegar a sectores vulnerables facturas muy difíciles de pagar, en medio de una aceleración de la inflación durante enero explicada por subas en regulados y en alimentos frescos. Las elecciones en el horizonte son un factor que el Gobierno también tiene en cuenta.

Aún Así, Royón aseguró que se cumplirá con el tope fiscal de 1,6% del PBI acordado con el FMI para los subsidios a la energía que paga el Sector Público Nacional en 2023. En esa cuenta y la de asistencia social estará centrada, al igual que el año pasado, buena parte del ajuste fiscal previsto con el organismo para cumplir con la meta de un déficit fiscal de 1,9% del PBI acumulado en 2023. 

En ese sentido, un informe de LCG precisó que en base a los números “base caja” de la Secretaría de Hacienda mostraron que los subsidios a la energía totalizaron 2% del PBI en 2022 y marcaron un recorte del 0,3 puntos respecto a 2021. “No obstante, y más allá de haberse iniciado el proceso de recorte de subsidios a través de la segmentación, la caída nominal de diciembre hace pensar que los pagos fueron postergados para meses venideros”, advirtió la consultora.

La aclaración de Royón pretendió despejar dudas sobre un posible desvío en las metas pactadas con el Fondo en un año electoral, preocupación que incluyó el organismo en su última revisión.

En Energía consideran que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y una baja en el precio del GNL, entre otros factores, permitirán cumplir lo pactado.