El próximo 1 de noviembre arranca con una oleada de ajustes que alcanzará a sectores clave del gasto mensual de los argentinos: transporte público, alquileres e incluso los servicios de salud privada. En un escenario ya marcado por una inflación persistente —con un índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre que ascendió al 2,1 % según INDEC— estas subas suponen un nuevo golpe para los bolsillos.
Alquileres
En los contratos que aún se rigen por el anterior régimen —basados en el Índice de Contrato de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central de la República Argentina— se aplicará en noviembre un aumento anualizado del 42,2 %.
Por ejemplo, un inquilino que venía pagando $ 600.000 mensuales pasaría a abonar $ 853.200 mensuales con el ajuste para el nuevo período. Si el contrato se actualiza trimestralmente según el IPC, la suba será de alrededor del 6 % (ej: de $ 600.000 a $ 636.000) y para los cuatrimestrales la actualización ronda el 8,5 %. Diarios Bonaerenses+1
Prepagas (planes de salud)
Las compañías de medicina privada comunicaron un aumento para noviembre de entre 2,1 % y 2,8 %, según operador, plan y región del país.
Una cuota individual que en octubre costara $ 180.000 podría pasar a entre $ 183.780 y $ 185.040 mensuales.
Contexto y efectos sobre el bolsillo
Estos incrementos se suman a otros ya vigentes o previstos (combustibles, tarifas reguladas, alimentos) y refuerzan el contexto de alta inflación por el que atraviesan los hogares. Expertos estiman que la inflación de octubre podría superar el 2,3 % y que noviembre se ubicaría alrededor de 2,5 % o más, impulsada por esta ola de ajuste de servicios.
Para los productores, empresarios y todos los actores del agro que también son hogares, este tipo de incrementos genera mayor presión sobre costos indirectos y sobre la renta disponible para inversión, consumo o ahorro.
Asimismo, la dinámica señala una tendencia de ajuste sistemático —con actualizaciones mensuales o en escalones de contratos— y un reto para la política económica: ¿cómo compatibilizar la reducción de subsidios con mantener el poder adquisitivo y la actividad económica?
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