La regulación del juego en Argentina es, ante todo, un buen ejemplo de cómo funciona el federalismo en la práctica. No existe una ley nacional única que ordene de forma homogénea los casinos en linea argentinos, sino un mosaico de normas, organismos y criterios que dependen de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no es un detalle técnico: condiciona qué se puede jugar, quién puede operar, cómo se recauda y, sobre todo, cómo se controla una actividad que mueve miles de millones de pesos al año y que tiene un impacto social nada menor.

Desde la reforma constitucional de 1994, las provincias conservan todas las competencias no delegadas explícitamente al Estado nacional. El juego es una de ellas. Por eso, cada jurisdicción decide si autoriza o no determinadas modalidades —casinos, bingos, loterías, apuestas deportivas, juego online— y bajo qué condiciones. Esta descentralización explica por qué el mapa del juego en Argentina es tan desigual y, a veces, tan difícil de seguir incluso para los propios actores del sector.

En la mayoría de las provincias, el juego está en manos de entes estatales o sociedades mixtas. La lógica histórica ha sido clara: el juego se tolera, incluso se promueve, porque genera recursos fiscales, pero se lo mantiene bajo control público para limitar abusos. Así funcionan, por ejemplo, Lotería de la Provincia de Buenos Aires (LOTERBA, hoy IPLyC), Lotería de Córdoba, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza o el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén. Cada uno tiene su propia ley marco, su reglamentación específica y sus criterios de fiscalización. Y cada uno interpreta, a su manera, qué significa “juego responsable”.

De Buenos Aires a Misiones, una regulación para cada provincia

La Provincia de Buenos Aires es un caso paradigmático por su peso económico y demográfico. Allí conviven casinos tradicionales, bingos concesionados a privados y, desde 2021, un mercado regulado de apuestas online. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos actúa como autoridad de aplicación, otorga licencias y recauda cánones e impuestos específicos. El modelo bonaerense ha servido de referencia para otras provincias, aunque no sin críticas: se lo acusa de priorizar la recaudación por sobre la prevención de la ludopatía y de habilitar un número elevado de operadores digitales en un contexto de controles todavía en construcción.

Córdoba, en cambio, ha optado históricamente por un esquema más centralizado y restrictivo. La Lotería de Córdoba concentra la explotación del juego y mantiene una presencia fuerte del Estado en la operación directa de casinos. Si bien también avanzó en la regulación del juego online, lo hizo con un número limitado de licencias y bajo un discurso muy enfocado en la protección del jugador. Al menos en el plano normativo, Córdoba insiste una y otra vez en que el juego es una actividad de riesgo social y no solo una fuente de ingresos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires merece un párrafo aparte. Tras años de disputas con el Estado nacional por el control de los casinos y bingos, la Ciudad consolidó su propio organismo regulador, la Lotería de la Ciudad (LOTBA). Desde allí gestiona tanto el juego presencial como el online, con una estrategia claramente orientada a modernizar el sector y atraer operadores internacionales. Este proceso no estuvo exento de polémicas: sindicatos, organizaciones sociales y algunos legisladores han cuestionado la velocidad de las habilitaciones y la capacidad real de control sobre plataformas digitales que operan las 24 horas.

En provincias más pequeñas, el panorama es distinto. En muchas de ellas, el juego cumple un rol casi estructural en el financiamiento de políticas sociales, especialmente en salud y educación. Misiones, Formosa o La Rioja, por ejemplo, destinan porcentajes específicos de la recaudación del juego a programas públicos. Esto genera una dependencia fiscal que condiciona la regulación: cerrar salas o restringir modalidades puede tener un impacto directo en presupuestos ya ajustados. Es una tensión permanente, que se repite año tras año.

El juego online ha desordenado todavía más este esquema provincial. Aunque formalmente cada jurisdicción regula su propio mercado digital, en la práctica internet no reconoce fronteras internas. Un operador no autorizado en una provincia puede captar jugadores de todo el país, y la capacidad de bloqueo y sanción es limitada. Algunas provincias han avanzado en acuerdos de cooperación entre entes reguladores, pero esos mecanismos siguen siendo frágiles. Se habla mucho de coordinación, se insiste en la necesidad de estándares comunes, pero los avances son lentos.

Programas de juego responsable en todas partes

Otro punto crítico es la prevención de la ludopatía. Todas las leyes provinciales incluyen, al menos en el papel, programas de juego responsable, registros de autoexclusión y campañas de concientización. Sin embargo, la implementación es desigual. En algunas provincias, estos programas funcionan con presupuestos mínimos y poco personal. En otras, se tercerizan en organizaciones privadas con escasa supervisión. La repetición es casi inevitable: la norma promete más de lo que el Estado logra cumplir.

En definitiva, la regulación provincial del juego en Argentina refleja las virtudes y los límites del federalismo. Permite adaptar las políticas a realidades locales muy distintas, pero también genera asimetrías, vacíos de control y una competencia silenciosa entre provincias por atraer operadores y recaudar más. El debate de fondo —qué lugar debe ocupar el juego en la economía y en la vida social— sigue abierto. Y quizá por eso las leyes se reforman una y otra vez, se ajustan, se corrigen, vuelven a empezar. Como si el propio sistema estuviera siempre pensando en voz alta, repitiéndose un poco, dudando, buscando un equilibrio que nunca termina de fijarse.