La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para iniciar una nueva etapa de fiscalización enfocada en los incumplimientos formales de contribuyentes, luego de la actualización de multas establecida por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que elevó las sanciones hasta en un 100.000%.
Según trascendió, el organismo avanzará con controles masivos destinados a detectar irregularidades administrativas que no están directamente vinculadas con evasión impositiva, pero sí con obligaciones formales exigidas por la normativa tributaria.
Entre los principales focos de control aparecen la falta de emisión de facturas, incumplimientos en regímenes informativos, errores en el domicilio fiscal, ausencia de presentación de estados contables y omisiones en declaraciones juradas. Estas obligaciones alcanzan tanto a empresas como a monotributistas y personas humanas.
El cambio más significativo surge del incremento en los montos sancionatorios. Durante años, las multas habían quedado desactualizadas —en algunos casos por más de dos décadas— y funcionaban apenas como advertencias administrativas. Con la nueva legislación, las penalidades adquieren un peso económico considerable.
Las sanciones pueden alcanzar hasta $35 millones para contribuyentes que incumplan normas vinculadas al domicilio fiscal y escalar hasta $67,5 millones en casos relacionados con regímenes informativos internacionales, como precios de transferencia. Si los incumplimientos persisten tras reiterados requerimientos oficiales, las multas acumuladas podrían llegar a los $350 millones.
Especialistas tributarios señalaron que una de las principales diferencias del nuevo esquema es la facilidad operativa para aplicar sanciones. A diferencia de una inspección fiscal tradicional, los sistemas informáticos del organismo detectan automáticamente los vencimientos incumplidos y permiten iniciar sumarios de manera casi inmediata.
Además, la normativa establece que las multas se actualizarán anualmente por índice UVA y que el monto final se calculará según el valor vigente al momento del pago, lo que incrementa el costo financiero para quienes demoren la regularización.
En este contexto, expertos recomiendan a contribuyentes y empresas revisar exhaustivamente sus calendarios fiscales y sistemas de cumplimiento, ya que simples demoras administrativas podrían generar contingencias económicas significativas.
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