La crisis que atraviesa el ecosistema Bioceres sumó un nuevo capítulo judicial. Una denuncia penal presentada en Rosario por Bioceres Crop Solutions apunta contra Gloria Montarón Estrada, histórica directora de Asuntos Legales de la compañía, por una presunta maniobra de estafa y falsificación documental que habría permitido la transferencia irregular de acciones valuadas en aproximadamente US$12 millones hacia sociedades vinculadas al nuevo grupo de control de la empresa.

La presentación, que ya se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, sostiene que la operación se habría concretado mediante la utilización de documentación con firmas apócrifas y aprovechando vínculos de confianza construidos durante años dentro de la estructura societaria de Bioceres.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la compleja disputa que desde hace meses atraviesa a la empresa, uno de los símbolos de la biotecnología argentina, y que terminó derivando en la quiebra de la denominada "Bioceres histórica", mientras la compañía que cotiza en Nasdaq continúa operando bajo una estructura societaria diferente.

De todos modos, fuentes cercanas a la conducción histórica consultadas por Ecos365 estarían convencidos que el empresario uruguayo Juan Sartori -con el que aparecen enfrentados por la conducción de BIOX- no estaría al tanto de la maniobra de presunta estafa que habría desplegado la abogada Montarón Estrada.

Dos Bioceres y una guerra de poder

Detrás de la causa judicial aparece una fuerte disputa entre los fundadores históricos de la compañía y el nuevo grupo accionista que tomó el control de distintas sociedades del ecosistema empresarial.

La acusación sostiene que las decisiones impulsadas por el nuevo accionista habrían derivado en el desplazamiento del management histórico y en la posterior quiebra de la estructura original de Bioceres.

Los denunciantes sostienen que existían alternativas patrimoniales para evitar la insolvencia y que dichas opciones habrían sido descartadas.

El rol de Gloria Montarón Estrada

La denuncia ubica a Gloria Montarón Estrada en el centro de la presunta maniobra. De acuerdo con el relato presentado ante la Justicia, la abogada no era una ejecutiva más dentro de la organización. Durante años ocupó posiciones clave dentro del área legal y mantenía una relación de confianza con varios de los fundadores de la compañía.

Precisamente ese vínculo histórico es uno de los elementos centrales de la acusación. Según la presentación, los fundadores habrían confiado en Montarón Estrada para supervisar y controlar la transición derivada del ingreso del nuevo grupo accionista. Sin embargo, sostienen que la exdirectora legal terminó actuando en favor de los nuevos controlantes.

Tras dejar formalmente sus funciones dentro de Bioceres, Montarón Estrada pasó a ocupar la presidencia del directorio de Moolec Science, una de las firmas vinculadas al nuevo esquema accionario.

Para los denunciantes, esa doble condición habría sido utilizada para ejecutar operaciones que beneficiaron al nuevo control societario.

La maniobra de los US$12 millones

El eje de la denuncia gira alrededor de una transferencia accionaria valuada en aproximadamente US$12 millones. La operación habría requerido la intervención del banco custodio Continental, entidad responsable de resguardar los activos vinculados a la compañía en Estados Unidos.

Según la presentación judicial, para concretar la transferencia se utilizó una denominada "Carta de Indemnidad", un documento que permitía evitar determinadas validaciones presenciales de firmas exigidas habitualmente en operaciones de gran magnitud.

La acusación sostiene que dicha documentación contenía una firma apócrifa atribuida a Federico Trucco. Según la denuncia, el ex CEO nunca autorizó, firmó ni tomó conocimiento de la operación. Además, remarcan que la transferencia se habría realizado varios meses después de su salida de la gestión de la sociedad involucrada.

La presunta falsificación constituye uno de los principales elementos bajo análisis de la investigación.

Cómo habría funcionado el engaño

Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es la supuesta utilización del prestigio y la confianza acumulada por Montarón Estrada durante años para sortear controles internos.

Los denunciantes afirman que el Continental Bank continuó reconociendo a la exdirectora legal como una interlocutora válida aun cuando ya no ejercía funciones dentro de Bioceres.

Esa situación habría permitido avanzar con comunicaciones y autorizaciones sin activar alertas de control.

La presentación también sostiene que durante los intercambios con el banco se utilizaron correos electrónicos vinculados a Moolec y no a Bioceres, circunstancia que, según la denuncia, debió haber generado verificaciones adicionales por parte de la entidad financiera.

Las fallas que investiga la causa

Entre los puntos que ahora analiza la Justicia aparecen varios interrogantes vinculados a los controles internos y externos que rodearon la operación.

Los denunciantes cuestionan que el banco custodio no haya verificado la vigencia de los poderes de representación, no haya exigido controles adicionales sobre las firmas y tampoco haya contactado a los responsables legales que se encontraban formalmente en funciones al momento de la transferencia.

En la causa se sostiene que esas omisiones facilitaron el movimiento de activos por millones de dólares. 

Frente a esta situación, Continental se habría sumado a la investigación para colaborar y dilucidar responsabilidades.

El origen: una denuncia anónima

Otro dato relevante es que la investigación no comenzó por una auditoría externa ni por una denuncia de accionistas.

Según surge de la presentación judicial, el caso salió a la luz a partir de una denuncia anónima realizada a través del canal interno de compliance de la propia organización.

Ese reporte habría permitido reconstruir parte de la operatoria y desencadenar la posterior presentación penal.

Para los denunciantes, el hecho de que la alerta haya surgido desde dentro de la estructura empresarial demuestra que existían cuestionamientos internos respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas.

El derrumbe bursátil y la crisis reputacional

Más allá de las responsabilidades penales que eventualmente determine la Justicia, el conflicto ya tuvo un fuerte impacto económico y reputacional.

La denuncia sostiene que la crisis de gobernanza provocada por el enfrentamiento entre accionistas, el desplazamiento del management histórico, la quiebra de la estructura local y las sospechas sobre transferencias de activos contribuyeron a una caída cercana al 90% en la valoración bursátil de la compañía.

Para los impulsores de la causa, el mercado comenzó a percibir un escenario de creciente incertidumbre sobre el gobierno corporativo del grupo.

La situación adquiere una dimensión adicional debido a que parte del ecosistema Bioceres opera bajo estándares regulatorios vinculados al mercado estadounidense, donde los controles sobre información societaria y protección de accionistas suelen ser particularmente estrictos.

La investigación sigue abierta

La denuncia fue presentada por el abogado Walter Stramazzo ante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

La fiscalía se encuentra actualmente en etapa de recolección de pruebas, incluyendo peritajes sobre firmas, análisis de correos electrónicos y reconstrucción documental de las operaciones cuestionadas.

Por el momento no existen imputaciones formales y será la Justicia la que determine si efectivamente existieron delitos de estafa, falsificación documental o cualquier otra figura penal.

Mientras tanto, el caso suma un nuevo foco de tensión a una de las historias empresariales más complejas y controvertidas que atraviesa actualmente el ecosistema corporativo argentino, con derivaciones que podrían extenderse desde Rosario hasta los mercados financieros internacionales donde Bioceres mantiene presencia.