En el marco del 147° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que se realiza este lunes en Rosario, el sector lanzó una advertencia contundente: la infraestructura en Argentina atraviesa una situación crítica que amenaza el desarrollo económico, la competitividad y la calidad de vida.

Según Camarco, el país pierde alrededor de 25 mil millones de dólares anuales debido a la falta de mantenimiento adecuado en su infraestructura. Este déficit no solo impacta en la seguridad vial, sino que también limita seriamente la inserción internacional y la eficiencia logística.

El documento pone el foco en una “emergencia de la infraestructura”, marcada por obras paralizadas, ausencia de planificación integral y una creciente deuda estructural. En línea con diagnósticos de organismos internacionales como la OCDE, se advierte que sin una inversión sostenida en este sector, Argentina difícilmente podrá sostener un crecimiento a largo plazo.

En este contexto, el inicio del sistema de concesiones viales es valorado como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, desde el sector señalan que aún existen limitaciones importantes, especialmente en los más de 30 mil kilómetros de rutas que no son concesionables y siguen dependiendo del financiamiento público.

Otro de los puntos críticos es la deuda del Estado con las empresas constructoras. La falta de definiciones sobre el mecanismo de pago —incluido el bono anunciado— genera incertidumbre y profundiza la crisis financiera de las compañías. El retraso en los pagos no solo pone en riesgo la continuidad de muchas firmas, sino también miles de puestos de trabajo.

La crisis no se limita a la obra pública. El sector privado también sufre una fuerte retracción, con proyectos frenados y menor inversión, en un contexto económico que golpea de lleno a una actividad clave que impacta en más de 60 ramas de la economía.

Frente a este escenario, el Consejo Federal de CAMARCO hizo un llamado urgente a construir un acuerdo nacional por la infraestructura. Entre las medidas propuestas se destacan la reactivación inmediata de obras paralizadas, la cancelación de deudas, la normalización de fondos específicos como el SISVIAL y el Fondo Hídrico, y la implementación de un programa federal que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento.

Además, se plantea la necesidad de avanzar en esquemas de financiamiento mixto que integren al sector privado, impulsar créditos hipotecarios accesibles, promover el empleo formal y mejorar la transparencia en la ejecución de obras.

“El mensaje es claro: la infraestructura no puede seguir siendo una variable de ajuste”, sostienen desde la entidad. Para el sector, la construcción no solo es un motor económico, sino una herramienta central para el desarrollo social, la inclusión y la proyección de futuro.

La advertencia final es directa: sin un plan de infraestructura sostenido y consensuado, Argentina no podrá crecer.