El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei, que genera cambios sustanciales en el régimen tributario argentino. 

Uno de los pilares de esta reforma es la creación de un Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias para personas humanas. Quienes opten por este sistema voluntario podrán acogerse a un “bloqueo fiscal” que limita la capacidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para fiscalizar impuestos como Ganancias y IVA, abarcando los cinco años anteriores a la adhesión al régimen.

Este mecanismo, explican especialistas tributarios, implica que las declaraciones presentadas bajo el Régimen Simplificado gozarán de una presunción de exactitud, lo que significa que ARCA no podrá examinar retroactivamente esos períodos fiscales, salvo que detecte una “discrepancia significativa” en la declaración del contribuyente. En ese caso, el organismo podría excluir al contribuyente del régimen y avanzar con auditorías hacia atrás sobre los períodos no prescritos. 

Otra de las claves del nuevo régimen es que, para quienes acepten la declaración jurada simplificada propuesta por ARCA y paguen el impuesto correspondiente, el pago tendrá efecto liberatorio respecto al periodo en cuestión, eliminando la posibilidad de reclamos posteriores por esos años. 

Los defensores de la norma aseguran que este cambio busca aliviar la carga tributaria y de cumplimiento para los contribuyentes y promover la formalización de activos financieros, incluyendo la repatriación de dólares no declarados (“colchón”), al ofrecer un esquema más previsible y menos agresivo de fiscalización. 

Sin embargo, esta reforma también ha generado debates entre especialistas y representantes del sector contable, que advierten sobre la necesidad de una reglamentación clara por parte de ARCA para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar la seguridad jurídica para los contribuyentes que opten por el régimen. 

La Ley de Inocencia Fiscal forma parte de una serie de reformas tributarias y fiscales impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, que incluyen cambios en multas por incumplimiento de obligaciones formales y redefiniciones de los umbrales para que ciertos hechos configuren delitos tributarios.