La pelea entre Metalfor y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria (Rosfid) sumó un nuevo capítulo y ahora la tensión no pasa solamente por los fondos retenidos o la denuncia penal, sino también por la forma en que se desarrolló la ofensiva judicial.

En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados SA, Metalfor confirmó que Rosfid presentó una denuncia penal vinculada a los fideicomisos financieros Metalcred XI al XVII, pero al mismo tiempo deslizó una crítica directa al fiduciario al remarcar que todavía no pudo acceder al contenido concreto de esa presentación judicial.

La compañía sostuvo que “no ha tenido acceso al tenor de la presentación descripta” debido a que la causa se encuentra bajo reserva del Ministerio Público Fiscal, aunque igualmente aseguró que analiza “las repercusiones” económicas y financieras derivadas del caso.

Ese párrafo, aparentemente técnico, expone el principal malestar interno de Metalfor: la empresa considera que quedó expuesta públicamente a una denuncia penal sin siquiera conocer en detalle cuáles son las acusaciones concretas impulsadas por Rosfid ante la Justicia santafesina.

La fabricante de maquinaria agrícola también confirmó que fue removida por Rosfid de su rol como administradora y agente de cobro de los fideicomisos financieros involucrados.

Aunque el comunicado mantiene un tono institucional y evita una confrontación abierta, el mensaje político hacia el fiduciario es claro: Metalfor intenta mostrar que la judicialización avanzó antes de que pudiera ejercer plenamente su defensa o responder formalmente a las sospechas planteadas.

La denuncia presentada por Rosfid ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe apunta a investigar conductas vinculadas con “la administración y/o gestión de los activos fideicomitidos” de los fideicomisos Metalcred XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII.

Rosfid comunicó además esa decisión a la CNV y a los mercados donde cotizan los títulos fiduciarios, argumentando que actuó tras recibir asesoramiento legal y en defensa de los inversores.

El trasfondo del conflicto es todavía más delicado. Según la información difundida por Ecos365, las alarmas comenzaron a encenderse tras detectarse desvíos entre las cobranzas esperadas y los ingresos efectivamente rendidos a los fideicomisos financieros.

La investigación apunta especialmente sobre el manejo de fondos provenientes de créditos utilizados para financiar maquinaria agrícola vendida en cuotas, un esquema habitual dentro del negocio agroindustrial argentino. En esos fideicomisos, Metalfor actuaba como administrador de los créditos y agente de cobro, mientras Rosfid ejercía el rol de fiduciario legal.

De acuerdo con documentación histórica de los fideicomisos Metalcred, Rosfid tenía facultades contractuales para remover a Metalfor como administrador en caso de detectar incumplimientos, riesgos operativos o situaciones que pudieran afectar a los beneficiarios de los títulos fiduciarios.

El conflicto escaló cuando comenzaron a detectarse diferencias crecientes entre el flujo teórico de cobranzas y los montos efectivamente ingresados a los fideicomisos. Incluso aparecieron cuestionamientos sobre montos significativos que no habrían sido rendidos correctamente.

Rosfid sostiene que la denuncia penal no surgió de un hecho aislado, sino de una acumulación de señales de alerta detectadas durante la administración de los fideicomisos.

Mientras tanto, Metalfor intenta contener el impacto reputacional y financiero. En su comunicación oficial, la empresa afirmó que inició acciones internas y externas para esclarecer los hechos y remarcó que mantiene “permanente predisposición a prestar colaboración” tanto con Rosfid como con los inversores afectados.

El caso genera máxima preocupación dentro del mercado agroindustrial porque los fideicomisos financieros se transformaron en una herramienta central para sostener ventas de maquinaria, financiamiento comercial y capital de trabajo frente a las restricciones bancarias y la volatilidad económica argentina.

Por eso, la crisis ya excede a Metalfor. La denuncia penal, la remoción operativa y las sospechas sobre el manejo de cobranzas abrieron interrogantes sobre la transparencia y solidez de estructuras financieras utilizadas ampliamente dentro del negocio agropecuario.

Ahora, el mercado espera saber si la investigación judicial avanzará hacia eventuales responsabilidades penales concretas o si el conflicto terminará derivando en una disputa financiera y contractual de enorme escala entre la empresa, el fiduciario y los inversores.