El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, relativizó el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuestionó el esquema de Ingresos Brutos provincial tras la demanda de Rieles y Cosas S.A..

Según explicó, se trata de “un caso de hace muchos años”, previo a la ley tributaria de 2018 que eliminó la figura de “extraña jurisdicción” y las alícuotas diferenciadas para contribuyentes de otras provincias. Por eso, aseguró, hoy es casi abstracto y lo definió directamente como un “tema viejo”.

En esa línea, remarcó que la cuestión de fondo ya estaba definida y que el foco actual no está en la validez del esquema, sino en un aspecto puntual: la repetición del tributo abonado por unos meses por el contribuyente.

El caso Rieles y Cosas: alícuotas distintas y reclamo judicial

El expediente se originó con el reclamo de Rieles y Cosas, una empresa radicada en Buenos Aires que operaba en Santa Fe y que cuestionó el esquema vigente entre 2012 y 2017.

Durante ese período, la firma pagaba una alícuota de Ingresos Brutos del 4,5%, mientras que las industrias locales tributaban 3,5%. La empresa consideró que esa diferencia implicaba una discriminación por su lugar de radicación.

El planteo incluyó la impugnación de la ley 3650, el decreto 2.707/2012 y la resolución 415/2014, normas que sostenían ese tratamiento diferencial.

La Corte le dio la razón y consideró que ese esquema no era neutro ni razonable, sino una barrera directa al comercio interprovincial.

El núcleo del fallo: igualdad, comercio y “aduanas internas”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue más allá del caso puntual y planteó una triple violación constitucional.

Por un lado, el principio de igualdad, al cobrar distinto por la misma actividad. Por otro, la cláusula comercial, que impide a las provincias interferir en el comercio entre jurisdicciones. Y finalmente, la prohibición de aduanas interiores.

El punto central fue el impacto económico del tributo. Para el Tribunal, si un impuesto encarece el ingreso de bienes de otra provincia y protege a los locales, funciona en los hechos como una aduana interna.

Bayer y una doctrina que se consolida

El fallo retoma el antecedente del caso Bayer S.A. contra Santa Fe, donde ya se había rechazado el uso de alícuotas diferenciales.

En esa oportunidad, la Corte fijó un criterio que ahora se consolida: el domicilio o lugar de producción no puede utilizarse para aumentar la carga tributaria.

Lo que antes era un precedente, hoy se convierte en una línea jurisprudencial más firme, con potencial impacto en otras provincias.

La verdadera disputa: la devolución y el traslado a precios

Más allá del fallo, el conflicto actual gira en torno a la devolución del impuesto. El contribuyente reclama la repetición del tributo pagado, pero la provincia introduce una condición clave.

Según explicó Olivares, la Administración Provincial de Impuestos (API) no rechaza el planteo, pero exige que se demuestre que ese costo no fue trasladado a precios.

El punto es central porque, durante la demanda, la propia empresa había argumentado que Ingresos Brutos es negativo justamente porque termina impactando en los precios.

Frente a eso, la respuesta oficial es directa: “si vos no lo trasladaste, te devuelvo el impuesto. Pero si lo trasladaste, ya se lo cobraste a otro”.

Impacto en la economía real: precios, industria y competencia

La discusión pone en el centro a uno de los tributos más cuestionados del sistema argentino. Ingresos Brutos tiene un efecto directo sobre los costos y suele trasladarse a lo largo de la cadena productiva.

En sectores como la industria, el comercio y la logística, esto impacta en la formación de precios y en la competitividad.

El fallo de la Corte, al limitar estas diferencias, puede empujar hacia un mercado más integrado y competitivo, pero también obliga a las provincias a repensar herramientas clave de recaudación.

Un fallo que mira hacia adelante

Aunque Santa Fe busque encuadrarlo como un caso del pasado, la señal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es clara y proyecta efectos hacia adelante.

La consolidación de esta doctrina abre interrogantes sobre otros esquemas fiscales y tasas locales que podrían generar distorsiones similares.

En un contexto económico delicado, donde el consumo, la industria y los precios están bajo presión, el fallo reabre una discusión de fondo: cómo equilibrar la autonomía fiscal de las provincias con la necesidad de un mercado interno sin barreras.