El viernes pasado, el Congreso de la Nación aprobó una profunda reforma del régimen laboral con el objetivo declarado por el Gobierno de terminar con la denominada “industria del juicio”, es decir, el alto nivel de litigiosidad que atraviesa el sistema laboral argentino.

Según el análisis de expertos, la nueva normativa contiene puntos centrales destinados a reducir la cantidad de demandas y a crear mayor seguridad jurídica en el ámbito laboral, especialmente en los casos de accidentes o enfermedades laborales.

Puntos centrales

* Nuevo esquema de honorarios periciales: Uno de los principales cambios es la eliminación del sistema en el cual los peritos judiciales cobraban un porcentaje sobre el monto de la indemnización que ellos mismos determinaban. Bajo la nueva ley, los honorarios periciales se establecen con montos mínimos fijos, desligados del resultado de la causa, y sujetos a definición judicial según la tarea efectivamente realizada. Esto busca reducir incentivos económicos que, según críticos y promotores de la reforma, habrían alimentado presentaciones judiciales sin sustento.

* Jurisprudencia obligatoria para los jueces laborales: Otro punto clave es la obligación para los jueces laborales de seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El incumplimiento podría ser considerado mal desempeño, lo que —en teoría— apuntalaría la seguridad jurídica y acotaría las variaciones interpretativas que generan apelaciones y nuevas vías judiciales.

* Incorporación de parámetros técnicos para pericias: Se incorporan criterios técnicos objetivos para los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) y las pericias judiciales, con el propósito de reducir la discrecionalidad en la evaluación de incapacidades por accidentes o enfermedades. Esto implica un rol más centralizado de estándares técnicos en los procesos judiciales laborales.

Reacción y contexto

La reforma fue aprobada en un contexto de intensos debates políticos y sociales. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han rechazado la normativa y buscan frenar su instrumentación con recursos judiciales que alegan inconstitucionalidad por afectar derechos laborales consolidados.

Más allá de los cuatro puntos mencionados, la reforma introduce cambios más amplios en jornadas laborales, indemnizaciones, negociación colectiva y sistemas de inspección, que también son objeto de controversia entre sectores sindicales, judiciales y empresarios.