El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a impulsar la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas, con foco en la incorporación de tecnología y mejora de la competitividad.
La medida se enmarca dentro de la estrategia oficial de fomentar la producción y complementar el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a proyectos de gran escala. A diferencia de este último, el RIMI está diseñado específicamente para pymes, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con certificado MiPyME vigente.
El régimen establece que las inversiones deberán ejecutarse dentro de los primeros dos años desde su adhesión y estar destinadas a bienes de capital, infraestructura productiva o mejoras tecnológicas. Quedan excluidas las inversiones financieras o especulativas, lo que refuerza el objetivo de fortalecer la economía real.
En cuanto a los montos mínimos, se fijaron escalas según el tamaño de la empresa: desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 9 millones para medianas tramo 2. No obstante, algunas inversiones estratégicas —como sistemas de riego, eficiencia energética o mallas antigranizo— quedan exceptuadas de estos mínimos, lo que abre oportunidades directas para el sector agropecuario.
Uno de los principales atractivos del régimen es el paquete de beneficios fiscales. En el Impuesto a las Ganancias, se habilita la amortización acelerada de las inversiones, lo que permite reducir la carga tributaria en los primeros años del proyecto. En paralelo, se establece la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA en plazos más cortos que los habituales, mejorando el flujo financiero de las empresas.
La reglamentación busca así generar condiciones más favorables para que las pymes inviertan en modernización, aumenten su productividad y puedan competir tanto en el mercado interno como en exportaciones, en un contexto donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado.
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