La compañía FB Líneas Aéreas S.A., operadora de Flybondi, atraviesa su instancia más crítica desde el inicio de operaciones en el país. Frente a un severo ahogo financiero y la acumulación de reclamos judiciales, la conducción del grupo estaría analizando presentarse en concurso preventivo de acreedores para reorganizar pasivos y evitar una liquidación definitiva.

El eventual concurso de la firma impacta directamente en la conectividad del interior, donde plazas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Rosario observan con inquietud la continuidad de los vuelos de bajo costo. La pérdida de frecuencias alteraría el mapa de transporte para el sector corporativo y el turismo regional.

La figura del concurso preventivo busca concentrar las demandas en un único tribunal y suspender las ejecuciones individuales. De este modo, la empresa intenta obtener una ventana de tiempo para negociar propuestas de pago con sus acreedores mientras procura sostener una grilla de vuelos reducida.

El deterioro económico cobró dimensión pública al trasladarse a los tribunales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encabeza los reclamos con ejecuciones fiscales y embargos que rondan los $1.500 millones, considerando los intereses acumulados por obligaciones tributarias vencidas.

A la presión estatal se suman los acreedores privados. Un caso emblemático es el reclamo del Hotel Presidente, que solicitó la quiebra de la aerolínea por una deuda de $660 millones, correspondiente a 49 facturas impagas emitidas entre diciembre de 2025 y junio del año corriente.

En el negocio aerocomercial, la operatividad funciona como el oxígeno de una empresa. Mantener aviones volando resulta indispensable para conservar la validez del certificado de explotador de servicios aéreos y preservar las rutas asignadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sin una estructura activa, la marca y los derechos de vuelo pierden valor de forma acelerada. Por esa razón, la compañía restableció la comercialización de pasajes para un esquema de vuelos acotado, buscando generar ingresos corrientes que permitan financiar la nómina salarial y el combustible.

Paralelamente, el grupo propietario OCP Tech habría comenzado a diseñar una alternativa de reestructuración corporativa. El holding registró los dominios en Internet para la marca OCA Air y promovió el traspaso de personal operativo de rampa desde la aerolínea hacia la firma OC Support S.A..

En el mercado financiero trascendió la intención de vincular el futuro de la aerolínea con el proceso concursal de OCA Log. La empresa de logística tramita su propio concurso preventivo con un pasivo cercano a los $100.000 millones, concentrado principalmente en deudas tributarias.

No obstante, la unificación procesal encuentra barreras normativas de envergadura. La Ley de Concursos y Quiebras exige demostrar la existencia de un agrupamiento económico consolidado y no autoriza la fusión de expedientes por la sola presencia de accionistas comunes o contratos comerciales compartidos.

El aspecto regulatorio constituye otro escollo insalvable de manera automática. El Artículo 96 del Código Aeronáutico dictamina que los permisos de operación son inalienables y no pueden transferirse a otra sociedad sin una autorización expresa del Estado Nacional.

Cualquier nueva compañía que pretenda asumir la operación deberá tramitar sus propios certificados técnicos, disponer de aeronaves matriculadas y demostrar solvencia ante la ANAC. La reserva de tres aviones Boeing 737-800 resulta insuficiente sin la aprobación oficial correspondiente.

La crisis operativa se agravó por la pérdida de disponibilidad de la flota, compuesta en su totalidad por unidades alquiladas. El atraso en el pago de los arrendamientos motivó el retiro de aeronaves, desencadenando cancelaciones sistemáticas y sanciones por parte de la autoridad aeronáutica.

A la par de las tensiones con proveedores y entes reguladores, la disputa entre los grupos inversores paralizó las decisiones de contingencia. Las diferencias de gestión entre Cartesian Capital Group y el grupo COC Global Enterprise postergaron la inyección de capitales necesarios para estabilizar la caja.

En el plano social, la situación genera incertidumbre entre los empleados. La Ley 24.522 otorga privilegio especial a los créditos laborales como salarios e indemnizaciones, mientras que las transferencias de personal abren cuestionamientos sobre la continuidad de los derechos adquiridos.

La resolución de este proceso definirá la reconfiguración del mercado aerocomercial argentino. El desenlace judicial determinará si el modelo de tarifas accesibles logra reestructurar su deuda o si el sector ingresa en una etapa de mayor concentración operativa.