Los últimos diez meses de la gestión de la seguridad pública provincial estarán a cargo de Claudio Brilloni. Comandante de Gendarmería retirado con pergaminos, capacidad de trabajo y, quienes lo conocen en la gestión, aseguran que entiende de política. Esa es la diferencia entre un jefe policial y un ministro o secretario de seguridad. Tiene contacto con referentes de la oposición y un buen concepto del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que si no fue quien en su momento le dio el nombre al gobernador Omar Perotti para que vaya a buscarlo, como mínimo fue un entusiasta defensor de su designación.
Sus primeros movimientos fueron certeros: diagnóstico claro, y un puñado de objetivos acordes a las urgencias y el poco tiempo que tiene por delante. En general, son medidas realistas, salvó la reapertura de comisarías, un sinsentido desde el punto de vista técnico porque retrocede en un plan integral que inició el gobierno anterior, éste lo mantuvo al principio y después abandonó.
En lo práctico se busca dar una respuesta al “pedido de la gente”. No sólo es un retroceso sino que dentro de unos meses, cuando esos mismos vecinos vean comisarías reabiertas pero desmanteladas, sin función específica más que punto de parada de móviles y agentes, van a clamar para que los manden a patrullar.
Brilloni asume el control de un fierro más que caliente. Enfrenta altísima demanda, casi nada de paciencia, mucho ruido político con Nación y el país entero hablando y mirando a Rosario y la provincia.
Parte de un piso de logros imperceptible, porque en tres años la gestión tuvo dificultades tanto en el control de la calle y las cárceles, como en la gestión político-administrativa.
Bien vale de muestra la visita del martes pasado a la Legislatura de Rubén Rimoldi, que entonces todavía era ministro, donde se celebró haber gastado los 3 mil millones dispuestos para la ley de emergencia para 2022.
El 81% se usó para comprar camionetas de patrullaje. El oficio de algunos funcionarios políticos logró que los sectores más críticos de la oposición echaran un manto de piedad sobre la forma en que se gastó el último 10% de esos fondos y la catarata de observaciones legales que hizo el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Caída la compra de 5.500 chalecos antibala en medio de las internas del ministerio, los primeros días de diciembre se dio la orden de salir a gastar los 260 millones reservados para esa adquisición antes de que termine el año. Entre el 5 y el 23 de diciembre el Ministerio emitió resoluciones que suman casi 290 millones cediendo “partidas especiales” a la Jefatura de Policía provincial, unidades regionales, Servicio Penitenciario para adquisiciones que no están contempladas en la Ley de Emergencia. Algunas inverosímiles, bicicletas para la Policía, inodoros, electrodomésticos, refacción de algún edificio y bienes de consumo y de uso. Todas las resoluciones fueron observadas por el Tribunal. Siete de las ocho porque la Ley no autoriza al Ministerio a ceder el dinero ni a que policías y penitenciarios utilicen procesos administrativos excepcionales.
“Que me expliquen cómo se hace para salir a gastar todo ese dinero en ocho días hábiles que quedan del año, pedir precios, hacer la compra, la entrega… Queda abierta la puerta para que parte del dinero se vaya en compras fantasmas, facturas truchas”, reaccionó una fuente que conoce de adentro la Policía.
Los funcionarios que asistieron a la comisión bicameral de seguimiento de la Emergencia minimizaron el tema: “Vamos a estudiar las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero la verdad es que se buscó una forma de solucionar de inmediato los problemas. Santa Fe es una provincia grande, y hay muchos problemas que deben ser atendidos lo antes posible”.
En diciembre hubo otra trascendente observación legal sobre el decreto que firmaron el gobernador y los ministros de Economía y Gestión Pública que le reconoce una deuda de 162 millones de pesos a pagar de una sola vez a la empresa de informática Nexfin SA. La firma adujo de palabra que no le pagaron durante 10 años “servicios prestados” que no están documentados ni existe respaldo contractual de ese supuesto compromiso. Tampoco existen reclamos anteriores. El trámite fue exprés, propio de un Estado escandinavo: en apenas seis meses se inició el reclamo, se emitió dictamen, se reconoció la deuda y se ordenó el pago de contado. Todo esto objetó el Tribunal de Cuentas.
En el gobierno se quejan. Dicen que el Tribunal es muy puntilloso ahora como no lo era con los anteriores gobiernos. El organismo de control se compone de un directorio con cinco vocales. Tres fueron propuestos por gobiernos del Frente Progresista, pero los otros dos son de origen peronista, y de la actual gestión. El detalle está en que todas estas observaciones legales contaron con el voto favorable de Oscar Biaggioni. El recién asumido Marcelo Terenzio votó en disidencia lo referido a la Ley de Emergencia.
Entre las bandas y la pelea política
En lo que pueda hacer Brilloni en 10 meses mucho tendrá que ver cómo se desenvuelvan las autoridades políticas y las cabezas de los principales poderes. Esta semana fue relevante el rol público que cumplieron el presidente de la Corte Suprema Daniel Erbetta, los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Valeria Haurigot, así como de la jefa regional María Laura Iribarren. No es que la Justicia no esté observaba pero hicieron un llamado de atención a las autoridades políticas más que pertinente. El intolerable ataque con balazos clavados en ventanas y puertas del Distrito Sudoeste hicieron el resto.
Entonces la política reaccionó. Perotti accedió a cambiar el ministro. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habilitó línea de diálogo directa con el intendente. Javkin le envió por escrito una descripción del problema y de lo que puede aportar Nación.
Mientras el presidente consultaba con Javkin, le daba luz verde a su ministro de Seguridad para que le responda de forma cruda y sin disimulo al gobernador Perotti, que un par de horas reclamó ayuda de la Nación. La polémica empezó ahí y todavía no terminó. “El Gobierno nacional abandonó Rosario”, disparó el gobernador este sábado. La oposición santafesina se lo endilga a él. Y él se lo atribuye a la Nación. Los dos gobiernos que tienen la responsabilidad y capacidad de abordar el tema de seguridad y narcocriminalidad se enfrascan en una pelea autodestructiva en público. De no creer, más con dos gobiernos de igual signo político y en medio de una situación tan grave que el ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín, Federico Storani, sugirió que el gobierno nacional debería estudiar la intervención de Santa Fe.
Eso no sucederá, pero vale recordar que en 2012 sectores del peronismo sugirieron lo mismo por mucho menos: la detención del entonces jefe de policía Hugo Tognoli. En aquel momento había gobiernos de distinto color.
Es el peor momento de la relación entre gobernador y presidente. Empezó con el apoyo de la Casa Rosada a Agustín Rossi en las legislativas de 2021 y escaló cuando eligió al rosarino Germán Martínez (mano derecha de Rossi) al frente del bloque de Diputados. Eso fue en febrero de 2022. Desde entonces Perotti mascó bronca para asegurarse el financiamiento de obras nacionales y lograr el pago de la deuda histórica que le garantizaría autonomía financiera (y política) hasta el final de su mandato.
Ese acuerdo se firmó en octubre, y a partir de allí le bajó la cortina al gobierno nacional. En la Casa Rosada lo toman casi como una traición. Dicen que nunca antes un gobierno nacional puso tanto dinero en obras en la provincia, además de pagar la deuda. Y recuerdan que Perotti pasó de pregonar “nunca más Santa Fe aislada de Nación” en referencia a los gobiernos del Frente Progresista, a liderar un peronismo de límites provinciales y desentendido del gobierno nacional.
La apuesta política del gobernador en 2023 pasa exclusivamente por Santa Fe. No es casualidad que su principal vínculo en el gobierno nacional sea el ministro del Interior Wado De Pedro (esta semana compartieron dos actividades), que prácticamente está enfrentado al presidente. De Pedro se presentó en Máximo Paz y Santa Fe capital junto con la directora de Migraciones, Florencia Carignano, a quien quiere primera en la lista de diputados. En la Casa Gris dicen que Perotti no pone objeciones, señal de que los cargos nacionales no son la batalla del gobernador.
Es muy particular lo que ocurre con el peronismo santafesino. A propósito de la casi segura llegada de Rossi a la jefatura de Gabinete (el jueves se reunió por el tema con Cristina Fernández) un perspicaz operador político hizo notar que “los dos ministros del gabinete nacional (el otro es Diego Giuliano), el senador nacional y siete de los ocho diputados nacionales que son de Santa Fe no tienen que ver con el gobernador”. Más allá de la comidilla interna, es un dato que pesa a la hora de hacer valer a Santa Fe en las grandes decisiones nacionales.
Seguridad, violencia y narcotráfico estarán en el centro del año electoral y así tiene que ser. No hay otro tema más urgente y relevante para 1,5 millón de santafesinos que viven en el área de Rosario. Y atención, en otras ciudades y comunidades de menor escala, la problemática está destinada a incidir cada vez con más fuerza. Dan fe de ellos el caso de sicariato que se vio en Rafaela o las nuevas amenazas a funcionarios, legisladores y un juez de Venado Tuerto.
Para la oposición también hay desafíos y riesgos. Al menos dos de los precandidatos a gobernador tuvieron roles relevantes en la gestión anterior. El ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro no le teme al golpe a golpe. Esta semana, entre recorridas por empresas junto con el ex concejal Jorge Boasso, dijo que el actual gobierno pactó con las bandas y le salió mal. Sabe que se expone a devoluciones del mismo calibre, pero es el terreno en el que elije jugar.
La socialista Clara García cultiva una oposición menos adjetivada y más propositiva. En su caso pidió al gobierno que convoque a todas las fuerzas políticas para que lo ayuden en la crisis. Formas distintas, mismo objetivo: exponer el fracaso en seguridad.
Además, que Rosario sea el epicentro implica un interrogante sobre el futuro del intendente Javkin, figura central a la hora de pensar el año electoral. ¿Tiene que ser candidato a gobernador para intentar llegar a la Casa Gris y hacer aquello en lo que fracasó el gobierno actual? ¿O la abrumadora imagen que irradia Rosario por estos tiempos condiciona su proyección hacia el resto de los santafesinos?
Por lo pronto tiene claro que sea que juegue de nuevo en la ciudad o vaya a la Provincia, en cualquier caso será determinante la valoración de los rosarinos sobre su rol como intendente. “Sea en uno u otro lugar yo voy a estar en Rosario”, adelantó a los propios, lo que equivale a decir que no saldrá a recorrer la provincia hasta mayo si ese es su destino.
