Cuando luego de los más de 50 allanamientos y las detenciones de principios de semana en Ludueña advirtió que eso no soluciona el tema de la violencia porque seguramente ya hay otros 30 chicos ofreciendo sus servicios a los jefes de las bandas que operan desde la cárcel, el fiscal Pablo Socca puso en foco una cuestión clave de la problemática: qué pasa en los barrios cuando los operativos policiales terminan. Cómo se sostiene –si se sostiene– la presencia del Estado y se aborda la situación de vulnerabilidad social, crisis educativa, avance de las adicciones. Cómo se generan y se presentan a los jóvenes oportunidades que compitan con la tentación, el canto de sirenas, del narcotráfico: dinero rápido, acceso fácil a armas y el prestigio entre sus pares que entienden que eso significa, aun a riesgo de terminar presos o muertos a  edad temprana.

Los allanamientos del lunes fueron posibles por una coordinación efectiva de distintos niveles y poderes del Estado que, no sin trabas, diferencias e internas, consiguieron articular durante meses una investigación significativa sin que se produjeran filtraciones. Ese trabajo se coronó con un operativo que fue reflejo de esa coordinación. Se movilizaron 600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y agencias investigativas y cada cual cumplió su rol. A modo de resumen: la Agencia de Investigación Criminal y las TOE estuvieron a cargo de la irrupción, Gendarmería aportó la operatividad y la Unidad Regional II bloqueó el barrio para que ningún sospechoso pudiera escapar.

Los resultados del trabajo generaron cierta euforia en el Ministerio de Seguridad de la provincia, al punto que una fuente de esa cartera le manifestó a Rosario3 su confianza en que después del megaoperativo se iban a pacificar las calles de Ludueña. Ese optimismo lo aplacó Socca, al traer a la discusión la fragilidad del contexto socio-económico del que se alimenta el delito organizado. La certeza de que se pueden detener a 10, 20, 100 soldaditos y la banda va a encontrar otros 10, 20, 100 soldaditos –o los mismos, ya que muchos son menores y por lo tanto no punibles– porque el combate del delito no se puede limitar a la represión del mismo.

En realidad, la propia tarea de represión del delito el Estado la hace a medias: la mayoría de los líderes están detenidos, pero aún encerrados no solo conducen las bandas, sino que además generan nuevas alianzas. De hecho, en el marco de los operativos en Ludueña también allanaron las celdas de dos pesos pesados del delito local, el rey de la efedrina Mario Segovia y el peruano Julio Rodríguez Granthon, de quienes se sospecha que planificaban desde el penal de Ezeiza hechos de conmoción pública en Rosario. Eso generó que se mantenga un alerta específico entre las fuerzas de seguridad.

Salvando las distancias, es como con los incendios en las islas. Los bomberos combaten el fuego, distintos niveles del Estado trabajan en coordinación para eso. Pero si no hay castigo ni se generan instrumentos para que no se prendan nuevos focos se pueden pasar la vida corriendo detrás de las llamas. En el caso de la violencia urbana, de los crímenes y balaceras.

De Grandoli a Ludueña

 

En junio de 2018, momento en que la guerra de bandas se concentraba mayormente en la zona sur, el Estado realizó un desembarco multiagencial en los Fonavi de Grandoli y Gutiérrez. Primero la policía realizó 24 allanamientos para liberar departamentos usurpados –en muchos casos para vender droga– y luego de esa irrupción de fiscales y fuerzas de seguridad, llegaron distintos organismos provinciales y municipales para aportar desde lo social y lo urbano mejores condiciones a los vecinos.

Fue una experiencia relativamente exitosa que luego se replicó en otros barrios. En todos ellos el nivel de violencia bajó. En la zona de de Grandoli y Gutiérrez muy especialmente, al punto que por un tiempo significativo no se registraron homicidios allí. 

Vale recordarlo ahora: en uno de los cuadrantes del barrio Fonavi, el primero en el que se intervino, es donde mataron el 17 de agosto a un repartidor de carne delante de su mujer y de su hija; en el otro asesinaron hace un mes a la asistente escolar Claudia Deldebbio e hirieron a su hija Virginia mientras esperaban el colectivo.

El foco del Estado ya no estaba allí, lo cual modificó las condiciones e incluso relajó el control policial. “Las intervenciones son quirúrgicas, no hay recursos para abordar todos los barrios al mismo tiempo”, se lamentó una fuente de la Municipalidad. Que asegura que, sin la pompa de 2018, recrear aquella coordinación es lo que se busca ahora en barrio Ludueña.

La escuela de barrio Ludueña que pidió la construcción de un muro antibalas.

En ese sentido, explicó que ese es un plan que se diseña desde hace cerca de un año –en una mesa en la que participan la provincia, el municipio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA)–, a la par de la investigación que derivó en los allanamientos del lunes y de la escalada de violencia que sacude a la zona que mayor número de homicidios y balaceras registra en los últimos meses. 

De hecho, el municipio comenzó a trabajar hace un tiempo con las organizaciones sociales de la zona, que son muchas y muy fuertes. También con la escuela Luisa Mora de Olguín, la del fallecido padre Edgardo Montaldo, que fue la que pidió la construcción de un muro para protegerse de las balaceras luego del asesinato de Hugo Guantay, un alumno de 18 años.

Hubo reuniones, se acordaron necesidades, se establecieron algunas políticas como el establecimiento de corredores seguros para las instituciones educativas, y mejoramiento del alumbrado y la higiene.

La fuente municipal consultada por Rosario3 cree que eso sirvió para "empezar a recuperar la confianza" de esas instituciones, algo que se había perdido. Pero la situación es de tanta vulnerabilidad que suena a poco. 

En todo caso, coincide una fuente de Desarrollo Social de la provincia, es ahora, después del golpe a los que se entiende que generaban las situaciones de violencia en el barrio, cuando se genera la oportunidad de intervenir con mayor profundidad. “Los equipos sociales no pueden entrar si no baja la espuma de la violencia”, sostienen. 

El plan

La Municipalidad define cuatro etapas del plan: persecución policial, control, trabajo socio-comunitario, infraestructura urbana.

La experiencia de Grandoli, realizada durante las gestiones socialistas, muestra la posibilidad de un círculo virtuoso: si después de contener la violencia la intervención se sostiene con acciones que apunten a recuperar la credibilidad perdida a partir de la acción concreta del Estado, la gente empieza a hablar y eso favorece las investigaciones, lo que les da mejores posibilidades a las agencias a cargo de perseguir el delito.

Por lo pronto, en los próximos días habrá un anuncio en el marco de este plan: el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin acordaron que la provincia financiará con 750 millones de pesos del Programa Incluir trabajos de mejora de espacios públicos, apertura e iluminación de calles que llevará adelante la Municipalidad en barrio Ludueña.

A la vez, aunque con la complicación por los paros de los trabajadores estatales de la provincia, se prevé un desembarco de distintas áreas sociales y también de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) de Santa Fe. El trabajo sobre esta última problemática, parte de un círculo vicioso en el que dialoga con el deterioro social y la deserción escolar, es clave porque es constitutiva también de la violencia que azota a los barrios de la ciudad.

La drogra secuestrada este viernes era para exportación.

Más frente a una lectura que hizo en los últimos días el Ministerio de Seguridad de la provincia y que entiende que los resultados de los allanamientos corroboraron: hay poca droga en la calle –porque hubo un recorte en la provisión de cocaína al narcomenudeo–, pero la demanda es altísima, lo mismo que la cantidad de armas que manejan las bandas. Ese cuadro, sostienen las fuentes de la cartera consultadas por Rosario3, intensifica las disputas por el mercado de sustancias y genera un corrimiento también hacia las balaceras extorsivas. El hallazgo de más de 1.500 kilos de cocaína en un galpón rosarino pero no para la venta local sino para exportación podría alinearse con esta hipótesis.        

Sábana corta

 

Es cierto que Ludueña –que venía junto a Empalme Graneros como epicentro de la ola de homicidios y balaceras– vivió una semana al menos más tranquila que las anteriores. Pero el delito es móvil, se desplaza. E incluso eso es generador de más violencia, nuevas batallas por el control del narcomenudeo ante el traslado de actores que operaban en un determinado barrio hacia otro.

Entonces, si se trabaja solo sobre uno o dos barrios y encima el call center delictivo de las cárceles se mantiene activo sin obstáculo alguno, el problema no desaparece, se activa en otro territorio.    

Vía Honda, por caso, fue escenario de una seguidilla de crímenes en las últimas semanas. Y en Casiano Casas hubo el miércoles un doble crimen, en un ataque en el que además cayó herido un chico de 8 años.

El cuadrante de Ludueña donde se plantea ahora la intervención multiagencial abarca a unas 48 mil personas. No es poco en términos absolutos, pero en una ciudad con la dimensión y el nivel de crisis de Rosario lo parece.

Es cierto, son tiempos de ajuste: ¿pero pone realmente cada jurisdicción todos los recursos que realmente puede poner para hacer frente de manera extraordinaria a esta crisis extraordinaria que atraviesa una ciudad con el peso y la importancia que tiene Rosario para la Argentina?      

Proteger un barrio con fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales, intervenir con agentes de distintas áreas de la provincia y el municipio, es pan para hoy y hambre para mañana si no se sostiene en el tiempo y se extiende en el territorio. Porque en el barrio vecino usurpan otra casa, ponen otro búnker, balean a otro pibe. Y el Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Debe estar presente para todos ellos.