Adorni olvidó deslomarse por la superioridad moral

La repercusión que el gobierno nacional esperaba ganar con el Argentina Week en los Estados Unidos fue consumida por la revelación de los privilegios de casta de los que goza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El viaje de su pareja en el avión presidencial, la particular idea de lo que significa “deslomarse” en el trabajo, el alojamiento en un hotel de lujo y la contratación de un avión privado para viajar a Punta del Este —supuestamente sin costos para el Estado, pero a precios incompatibles con los ingresos y el patrimonio declarados por el funcionario— pusieron en crisis el relato libertario de austeridad y superioridad moral. Justo a Adorni, el “domador de kukas” y de los demás miembros de la casta. Nunca mejor aplicado el dicho: “el pez por la boca muere”.

El desaguisado de Adorni metió en apuros al gobierno. Le restó repercusión a la fuerte apuesta por el Argentina Week y además le valió una investigación judicial, porque el caso abre sospechas de posibles hechos no permitidos por el Código Penal: cobro de sobresueldos, dádivas o negocios incompatibles con la función pública.

La reacción del gobierno fue calcada de la de anteriores escándalos. Primero arranca “bancando a muerte” al cuestionado. Luego ensaya una versión de patas cortas que es corregida una y otra vez a medida que las evidencias la contradicen. Pasó con las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, con el financiamiento narco a José Luis Espert y con el caso Libra.

El caso Libra tuvo novedades reveladoras. La apertura del teléfono de Mauricio Novelli y las llamadas verificadas el 14 y 15 de febrero de 2025 ponen en crisis las de por sí cambiantes y endebles explicaciones del presidente Milei sobre su participación en el lanzamiento de la criptomoneda. El peritaje judicial detectó que hubo comunicaciones fluidas entre el lobista —que estaba en Dallas junto con el estadounidense Hayden Davis— y la primera línea del Gobierno antes, durante y después de que Milei promoviera Libra y luego borrara el tuit. Fueron 20 llamadas con Karina y Javier Milei, 14 con Santiago Caputo y otras 3 con Demian Reidel, muy cercano a Milei y en ese entonces jefe de asesores económicos.

El presidente aún avanza solo hacia 2027, sin opositores que puedan hacerle sombra. Lo que se advierte es que el antikirchnerismo como explicación de todo ya no surte el mismo efecto, menos si se trata de escándalos surgidos dentro del propio gobierno. De todos modos, su figura goza de buen blindaje, el cual puede empezar a derretirse si se acumulan demasiadas variables negativas.

Plan productivo

Argentina Week fue un evento de relacionamiento institucional en los Estados Unidos gestado por la embajada de ese país, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, JP Morgan, Bank of America, Citi y el fondo Kaszek. Con semejante tracción, el éxito de la convocatoria —por la cantidad de asistentes— no podía fallar. Otro cantar es la grandilocuencia del gobierno para instalar que hubo tsunamis de inversiones. Ninguna inversión millonaria se decide en la inmediatez de un evento como Argentina Week, y varias de las que se dieron por novedosas —sobre todo en minería y exploración de gas y petróleo— están en proceso desde hace tiempo. Para ponerlo en su justa medida, fue una vidriera y una apuesta a futuro.

El economista Gustavo Reija lo explicó así: “(El CEO de JP Morgan) Jamie Dimon como presentador. Tres de los mayores bancos del mundo como coorganizadores. Doce gobernadores en primera fila. Y cerró sin un solo anuncio de inversión concreta. Esa diferencia tiene un nombre técnico preciso: la brecha entre interés y compromiso de capital. El interés se mide con presencia en un auditorio. El compromiso se mide con contratos firmados”.

Reija señala factores que, a su entender, mantienen “en espera” a los inversores, a pesar de que los números del país les resultan atractivos en cuanto a generación de divisas del campo, la minería, los proyectos RIGI aprobados y el superávit fiscal sostenido. Esos factores negativos son la continuidad del cepo, el “error de calibración estratégica” de atacar nuevamente a Paolo Rocca y a otros industriales argentinos en un foro internacional y “la inexistencia de una política industrial que articule los flujos de capital proyectados con la transformación de la matriz productiva doméstica”.

Para el economista, el gobierno de Milei repite una de las dos patologías históricas de la Argentina: la estabilización macroeconómica sin estrategia productiva, que termina en recesión estructural con cuentas ordenadas. (La otra patología es “el populismo sin disciplina fiscal”).

El discurso productivista del gobierno de Santa Fe y de otras provincias se desliza sobre esa convicción. El ajuste no puede ser un fin en sí mismo y no es sustentable si no mueve la economía y no satisface las necesidades del conjunto, por ejemplo la reparación de las rutas.

Santa Fe no fue parte de la comitiva que viajó. Pullaro eligió no ir, a diferencia de aliados como el cordobés Martín Llaryora y el correntino Juan Pablo Valdés. Recibió invitación por parte de la embajada, como el resto de las provincias, a excepción de las que integran las mesas de petróleo y minería que habían sido convocadas por la Casa Rosada.

A la luz de los resultados de la gira —que considera pobres—, la Casa Gris estaba conforme. “Estuvo bien no ir”, reivindicaban funcionarios de primera línea. Los gobernadores que fueron no protagonizaron reuniones políticas relevantes y el único contacto con el presidente fue una foto de algunos de ellos en un cruce ocasional, según relató la enviada de diario Clarín.

Hay razones conexas que llevaron a Pullaro a quedarse. Conserva una relación relativamente buena con el gobierno nacional, pero evita encasillarse con los gobernadores amigos de Milei. Autonomía política ante todo. El actual vínculo consiste en que los libertarios no interfieren en Santa Fe y el oficialismo santafesino no lo hace en temas que son de interés de la Casa Rosada. Ese tratado no escrito de pax política explica, por ejemplo, los posicionamientos de oficialistas santafesinos en el Congreso.

Desde que asumió, Pullaro viajó una sola vez. Fue en julio de 2025 a Estados Unidos en busca de financiamiento para obra pública, lo que se concretó a fin de año con una emisión de títulos por 800 millones.
Hay un próximo viaje posible en agenda a India, principal socio comercial de la provincia, que podría reprogramarse para hacerlo coincidir con China tras la reciente invitación del embajador chino.

Pullaro prefiere no alejarse de la provincia. Como se contó en diciembre pasado acá, el viaje a India está atado a la evolución de la seguridad pública, que a pesar de la radical caída de homicidios y heridos de arma de fuego no evita que duerma con un ojo abierto.

El gobierno de Santa Fe maneja un diagnóstico realista: la violencia narcocriminal está contenida, pero no eliminada, lo que supone que en cualquier momento pueden surgir rebrotes de violencia, como ocurrió en las últimas semanas con balaceras contra un supermercado, casas, autos y banderas colgadas en escuelas en las que una banda “buchonea” a presos de otra organización.

En esa misma línea, la agencia de inteligencia provincial accedió a información que permitió llegar a lugares de acopio de armas y municiones muy relevantes. Entre ellos, el arsenal enterrado en un lote vacío de Roldán atribuido a Los Menores, organización de vertiginoso crecimiento a sangre y fuego en la región, liderada por el prófugo Matías Gazzani y con varios de sus lugartenientes ya encarcelados.

Rastreador de metales y retroexcavadora de por medio, los investigadores desenterraron un tambor que contenía dos fusiles tipo AR-15, una réplica china de un fusil de asalto Kalashnikov, seis pistolas Glock, CZ y Bersa y unas 800 municiones de variados calibres.

Los fusiles pusieron en alerta a todo el sistema de seguridad. ¿Para qué tenían armas con semejante poder de fuego si el grueso de los crímenes y balaceras históricamente se cometieron con revólveres, pistolas y, en algunos casos, a lo sumo ametralladoras? Quedó la hipótesis abierta: ¿esas armas largas estaban reservadas para atacar un objetivo blindado?

Con la concurrencia de tecnología, dispositivos legales de inteligencia e integración de tareas entre el MPA y el Ejecutivo, en todos los casos descriptos hubo protagonistas detenidos, incluido el colombiano que vivía a tres cuadras del Monumento y que había reingresado al país de forma clandestina luego de su deportación en 2023. Se lo acusa de ser el mentor de las balaceras a Carrefour, entre otras, y su captura fue resultado del intercambio de información entre fiscales provinciales y federales.

La tarea contra la violencia es sin descanso, día a día. Las armas siguen llegando a la región y los cargamentos de drogas también porque hay mercado, porque la demanda de consumo es alta. El negocio es muy rentable y funciona sobre la base de la violencia ejecutada o implícita, por lo que los focos de violencia para determinar quién y dónde se vende se desplazan y exigen a las agencias del Estado encargadas de dar respuesta.

Un conflicto inexplicable

En medio de esa labor diaria estalló un conflicto por un puñado de fallos de camaristas penales de la Justicia provincial que, al dirimir cuestiones de competencia solicitadas por defensores de los acusados —por lo general piden que el caso vaya a la Justicia federal, donde los plazos de investigación son más largos y las medidas coercitivas de libertad más laxas que en la Justicia provincial—, le quitaron a la fiscalía provincial investigaciones sobre bandas dedicadas a la venta de droga. En sus fallos dicen que esas investigaciones, por cuestiones de competencia, debe llevarlas la Justicia federal.

El Ministerio Público de la Acusación venía planteando su malestar por estas decisiones. El gobernador y el ministro Cococcioni dieron una clara señal de apoyo a la fiscal general María Cecilia Vranicich este viernes, después de que el conflicto entre camaristas y fiscales tocó su techo cuando, en una entrevista con el periodista Hernán Funes, el fiscal regional Matías Merlo dijo que esas decisiones de los jueces “van a afectar directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras” y que “deberán hacerse cargo”. Merlo olvidó que algunas de esas camaristas en 2018 fueron víctimas de atentados, como otros funcionarios del Estado.
En la Cámara Penal no hay un criterio único sobre la línea que separa narcotráfico de narcomenudeo. Sin embargo, cuando Merlo les tiró futuros muertos sobre el escritorio a causa de sus fallos, se terminaron las disquisiciones jurídicas y todos le respondieron en duros términos.

El comunicado también dice que sobre 358 casos que llegaron a la segunda instancia solo en 7 rechazaron la competencia. En realidad los rechazos fueron 12 y los 358 no fueron por cuestiones de competencia, sino que son muchos menos. Vale aclarar que cada decisión es apelable y que un imputado no queda en libertad porque su caso cambie de jurisdicción, pero sí la investigación cambia de manos y se produce un dispendio de esfuerzos, traslados, comunicaciones y tiempos, más cuando la apelación llega hasta la Corte nacional.

A la mayoría de esos camaristas los propios fiscales de Microtráfico que están de punta o sus colegas federales los reconocen como hombres y mujeres con trayectoria, formación y estudio. No está ahí el problema. El nudo del conflicto no es jurídico, sino práctico. Les reprochan no medir el impacto de sus fallos en la calle, en el barrio donde la gente vive condicionada por un punto de venta de drogas y todo lo que se genera en su entorno.

No es lo mismo un preso de alto perfil incomunicado que no; estar en domiciliaria que en la cárcel; que investigue una Justicia de cercanía que otra que tarda dos años en concretar la investigación.
Hay casos concretos. El colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa cayó por la balacera detectada por la provincia, pero la Justicia federal ya lo seguía hace tiempo y conocía su paradero. Si no hubiera sido por la balacera aún estaría en libertad. Investigado por la federal, pero en libertad.

Una integrante de la familia Cantero, ya condenada por tráfico y con un segundo juicio a punto de comenzar, estaba en su casa con domiciliaria, a donde los fiscales provinciales cayeron una vez más porque, obvio, seguía administrando el negocio de estupefacientes. La laxitud de las prisiones domiciliarias que otorga la Justicia federal es tema repetido, pero en este caso se suma que un fallo de segunda instancia provincial declaró la incompetencia y mandó la investigación a la Justicia federal fundada en “la conexividad subjetiva”. “¿Y eso para qué?, ¿para que la manden de nuevo a la casa y sigan los tiros y muertos en zona sur?”, masculla con bronca un fiscal de microtráfico.

El punto en cuestión es por qué un juez de cámara hace primar su interpretación de la ley cuando los que llevan adelante la investigación —y que son los que podrían contravenir— están de acuerdo. Incluso cuando hay un juez federal que convalida a ambas partes.

Rosario viene de años de gobiernos nacionales que miraron hacia otro lado, pero también de un sistema de seguridad y judicial que era una orquesta en la que cada uno estaba con su partitura. Ni queriendo hacer las cosas bien los resultados eran buenos.

Hoy la situación es diferente. El MPA y la PROCUNAR federal coordinan de forma muy aceitada. Hay un caso como el de la investigación que llevaba adelante el MPA en Villa Gobernador Gálvez sobre dos bandas antagónicas que generaron un foco de violencia, que tenía 32 detenidos y que una camarista le quitó a los fiscales provinciales. En ese caso, el MPA informó y acordó con sus pares del federal que la investigación al proveedor de mayor escala pase a la Justicia federal y los eslabones de más abajo queden en la Justicia ordinaria.

Lo llamativo es que no se está hablando de una vulneración de garantías. Y que entre quienes podría haber un conflicto de competencia hay acuerdo sobre quién está en mejores condiciones de llevar el caso y cuál es la mejor forma de desarticular la violencia y pacificar la zona. Entonces, ¿por qué un juez de cámara no los dejaría en nombre de una interpretación distinta de la ley? En la fiscalía se reparten entre explicaciones que van desde el boicot hasta un exceso de celo normativista.

Como la línea entre tráfico y microtráfico no es rígida, cada caso es único. Algunas decisiones tomadas por camaristas los ponen a contramano del resto de las agencias del Estado que por primera vez en más de una década trabajan coordinadas, con un plan y con resultados positivos. Parece un conflicto que se resuelve con sentido común, con un ojo en la ley y el otro en la necesidad de resolver problemas de la forma más rápida y práctica posible en una ciudad donde el diagnóstico es claro: la violencia está contenida, no eliminada.