Manuel Adorni, el domador de “periodistas kukas”, disciplinador en jefe de la voz opositora, empezó a caer en desgracia. En este caso —y sobre todo en este caso— importa el cuándo y el cómo. Su boleto fue picado y tarde o temprano deberá bajarse del pony de ese poder prestado. Comentarista y defensor en redes, en la pospandemia, de las ideas libertarias; vocero presidencial; celebrado ganador con el 30% de los votos porteños para una banca legislativa. Hoy el jefe de gabinete muerde el polvo. Tal vez sea el inicio de un ocaso inevitable.
“El que las hace, las paga”, dijo una y otra vez su jefe político. El proceso será lento o rápido. Tal vez negociado, tal vez trocado por sus adversarios. Pero la mancha de aceite que impide seguir deslizándose por la pendiente del poder suele cortarse con la fría precisión de la cirugía política.
Su caso ofrece una escena demasiado conocida en la política argentina. El funcionario que hizo de la austeridad una bandera terminó envuelto en explicaciones incómodas: el viaje oficial a Nueva York con su esposa a bordo del avión presidencial, la polémica por quién pagó esos traslados y la revelación de otros vuelos —como uno privado a Punta del Este— cuyo costo supera largamente los ingresos declarados de un funcionario público. Las denuncias por enriquecimiento ilícito, los gastos de sus tarjetas de crédito y los vuelos difíciles de justificar empezaron a acumularse. Las respuestas fueron defensivas, confusas, a veces contradictorias. Y en el medio apareció lo de siempre: el privilegio de ocupar un cargo demasiado cercano al espíritu monárquico del poder.
El problema no es sólo administrativo ni contable. Es moral. Porque Adorni fue, durante meses, la voz que repetía que el Estado debía dejar de financiar los excesos de la política. Sin embargo, cuando el poder queda cerca, la frontera ética empieza a correrse con rapidez. Un asiento en el avión oficial para un familiar, un hotel pagado por el Estado, un vuelo privado que nadie termina de explicar: pequeñas decisiones que muestran cómo lo extraordinario empieza a tratarse como normal.
Por eso el episodio importa más por lo que simboliza que por su monto. El poder argentino sigue teniendo una debilidad estructural: la ejemplaridad pública casi nunca dura demasiado. Los discursos contra los privilegios suelen evaporarse cuando los privilegios aparecen. Y entonces el Estado vuelve a ser lo que demasiadas veces fue en nuestra historia: un territorio donde algunos administran recursos que no sienten verdaderamente ajenos.
Basta recorrer una biblioteca para encontrar ejemplos. Libros escritos en los últimos cuarenta años explican que el caso Adorni tiene muy poco de novedoso.
Si bien la biografía periodística de Mariano Grondona estuvo salpicada por su defensa de gobiernos de facto, su libro “La corrupción”, publicado en 1993, ensayaba respuestas sobre el clima de saqueo que atravesaba al menemismo. El texto proponía mirar la corrupción argentina como un fenómeno estructural, “una enfermedad persistente del sistema político”. Grondona sostenía que no se trataba únicamente de funcionarios deshonestos sino de un entramado institucional débil, donde los controles fallaban y donde la sociedad —a veces resignada— toleraba prácticas que erosionaban la democracia. Gobernaba Carlos Menem. Eran los tiempos del célebre “robo para la corona”.
La frase, convertida en símbolo de aquella época, dio título al libro de Horacio Verbitsky que investigó el sistema de corrupción de los años noventa. “Robo para la corona” reflejaba el funcionamiento de un poder que justificaba sus negocios privados como parte del engranaje político. El título surge de una frase atribuida al entonces diputado y jefe del bloque peronista José Luis Manzano, una de las figuras clave del menemismo. Ante un reproche por los negocios turbios alrededor del poder, Manzano habría respondido con una mezcla de ironía y cinismo político: “Yo robo para la corona”.
La frase condensaba una lógica muy antigua del poder: el funcionario que no se enriquece solo sino que actúa —al menos en el relato— en beneficio del sistema que gobierna. No era un ladrón individual sino una pieza de la maquinaria. Verbitsky eligió esa expresión porque resumía, en una línea brutalmente honesta, el clima moral de la política de aquellos años.
En estos días el periodista Hugo Alconada Mon vuelve sobre ese mismo fenómeno al publicar, una vez más, investigaciones sobre los alcances del llamado criptogate y sus derivaciones en el propio despacho presidencial argentino. “Le estamos robando los choreos”, declamó Javier Milei en un acto en Junín cuando presentaba a sus candidatos el 26 de agosto de 2025.
El contexto de la frase estaba vinculado al escándalo político por presuntas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucraba a funcionarios cercanos al gobierno y especialmente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Las denuncias surgieron tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, donde se mencionaban supuestos pedidos de sobornos a empresas para acceder a contratos con el Estado.
Alconada Mon ya había descrito esta lógica en su libro “La raíz de todos los males” (2018), donde explica cómo el poder político argentino montó, durante décadas, sistemas estables de corrupción e impunidad. En sus páginas aparecen escenas conocidas: votos comprados en el Senado, valijas con dólares clandestinos, fortunas que nacen al calor de la obra pública. Pero también una conclusión incómoda: la corrupción no es solamente un delito. Es, muchas veces, una forma persistente de ejercer el poder.
Otro libro de esa biblioteca argentina es “Óxido”, de Jorge Lanata. Una radiografía histórica que intenta responder una pregunta inquietante: ¿dónde empezó todo? Allí la corrupción no aparece como un fenómeno reciente sino como un sedimento acumulado en las estructuras del poder argentino. Lanata la llama “óxido”. No aparece de golpe. Se forma lentamente, capa sobre capa.
En el Río de la Plata colonial, cuando Buenos Aires era apenas un puerto periférico del imperio español, la economía real funcionaba gracias al contrabando. Barcos extranjeros llegaban cargados de mercancías prohibidas y las descargaban con la complicidad de funcionarios coloniales. El comercio ilegal sostenía la ciudad y el Estado miraba hacia otro lado. Aquella tolerancia no era un accidente: era un sistema.
Ni siquiera la independencia logró cortar del todo esa lógica. Después de la Revolución de Mayo, el nuevo Estado argentino era débil, improvisado y lleno de urgencias. En ese contexto empezaron a aparecer denuncias por manejo discrecional de fondos públicos, contratos con proveedores del ejército y beneficios para allegados al poder.
El episodio de Adorni importa más por lo que simboliza que por su monto
En tiempos de Bernardino Rivadavia, en la década de 1820, las críticas apuntaban a otra práctica que suena demasiado contemporánea: pagos extraoficiales, cargos acumulados y nombramientos por cercanía política. El Estado naciente repartía puestos y privilegios entre aliados. Más que una administración pública, parecía una red de favores.
La tesis de Lanata es incómoda: la corrupción argentina no sería solamente una desviación moral de algunos dirigentes sino una tradición institucional. Un mecanismo que fue cambiando de nombres, de protagonistas y de formas, pero que se repite desde hace siglos.
Tal vez por eso la metáfora del óxido resulta tan precisa. El óxido no destruye de un día para otro. Avanza lento, silencioso, casi invisible. Pero cuando uno se da cuenta, ya está en todas partes.
El caso Adorni —defendido por unos, atacado por otros— es apenas un ejemplo pequeño dentro de esa larga historia. Un tropiezo impudoroso que alguien decidió cobrarle, quizás por otros asuntos todavía más oscuros. Las vendettas políticas, en los volcanes del poder, se dirimen con lava incandescente. Si se juega con fuego en un país en llamas, nadie sale limpio. Tarde o temprano, todos terminan chamuscados.
