En enero, al menos siete comercios de Villa Gobernador Gálvez recibieron comunicaciones extorsivas. Echando mano a los lugares comunes de la delincuencia, como la invocación de pertenencia a “la mafia” o a la “familia Cantero”, los autores de los aprietes se atribuyeron el cobro por protección y exigieron dinero a cambio de no atentar contra los locales. Nada nuevo en la ex ciudad obrera y ferroviaria, donde desde hace al menos cinco años se acumulan decenas de denuncias por extorsiones en los escritorios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), como un verdadero problema enquistado.
La investigación, a cargo del fiscal Pablo Socca, determinó que los aprietes telefónicos fueron digitados desde la cárcel de Piñero, más específicamente desde el pabellón 14. El 30 de julio, una redada de la Policía de Investigaciones puso tras las rejas a seis cómplices de los reclusos. En su mayoría, parejas de los presos, aunque también hay familiares o allegados.
Este jueves, el fiscal Socca ventiló las imputaciones contra los reclusos Lucas Robay Romagnoli, Sebastián Lescano, José Lescano, Diego Arroyo, Alex Rojas, Alejo González, Eduardo Gómez y Juan Cruz Pereyra, todos alojados en el pabellón 14 de Piñero. La Fiscalía aclaró que es posible que haya más internos involucrados.
En los allanamientos –llevados a cabo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Chabás, Carcarañá, Villa Constitución y Fray Luis Beltrán– cayeron seis mujeres. Yamila M., Lucila B., Ludmila B., Rocío C., Mora C. y Milagros T. también escucharon las imputaciones por complicidad con los negocios ilícitos de los internos.
Entre las víctimas de las comunicaciones intramuros figuran los propietarios de una pollería, una distribuidora, un mayorista de bebidas y productos de almacén, y locales de ropa.
El fiscal alegó que los reclusos operaron “mediante el uso de diversos celulares, organizaron, planificaron y ejecutaron una seguidilla de extorsiones a comerciantes y ciudadanos con el objetivo principal de exigir un pago de dinero en concepto de «protección», arrogándose el «control» territorial de la zona y el respaldo del «Peruano» [el capo narco Julio Andrés Rodríguez Granthon] y del jefe de Los Monos «Guille Cantero», todo ello bajo amenazas de muerte y de efectuar disparos al local comercial o a la vivienda de las víctimas”.
La saga tuvo lugar durante enero de 2025. En el caso de la pollería, gatilleros llegaron a balear el frente del local. Pero el episodio quedó judicialmente en grado de tentativa. En cambio, el dueño de un mayorista de productos de almacén cedió: envió 500 mil pesos a un CBU que resultó estar a nombre de la novia de un recluso. Le habían escrito desde tres números distintos. Dos días después, volvieron a exigirle un millón y medio de pesos: “Lleguemos a un acuerdo y no tendrán ningún problema, está en ustedes que puedan seguir laburando tranquilos y respaldados por la mafia. Queremos 2 millones y los dejamos tranquilos…” (SIC).
Párrafo aparte merece un capítulo con sede en Carcarañá.
En la noche del 21 de enero, un matrimonio que vive en calle Rivadavia fue testigo de la extraña aparición de un repartidor en moto que dejó un cartel intimidante con referencias a viejos nombres de la criminalidad rosarina.
Con una bala adjunta, la nota decía: “Hacele saber a Milton Damario que ya le encontramos una guarida. Vinimos por todo. Nosotros llegamos hasta donde sea. El que esté metido en esta casa se va a arrepentir toda su vida. Si no está vacía en 24 horas, no va a haber más aviso. Él ya sabe quiénes somos y de parte de quién venimos. Todos los que estén con él se van a morir. Comunicate acá o pasale este número al gil de Milton”.
No menos inquietante fue la aparición de una corona de flores en la puerta del domicilio, al siguiente mediodía, con cuatro nombres vinculados a la familia Damario. Esa misma tarde, una empleada de la florería dejó en el umbral una palma en forma de cruz con un mensaje tétrico: “Esto no termina acá. La vida de ustedes sigue en el otro mundo. Siempre van a estar en nuestras vidas y algún día nos volveremos a cruzar... familia Cantero”.
La referencia al clan Cantero –la familia del sur rosarino fuertemente asociada a la narcobanda Los Monos– aportó una pista para decodificar los mensajes fúnebres. Milton Damario fue uno de los acusados, junto con Luis “Pollo” Bassi y Facundo “Macaco” Muñoz, de asesinar en mayo de 2013 al ya mítico cabecilla Claudio “Pájaro” Cantero. La Justicia los absolvió, pero no la calle: desde aquel hecho maldito de la criminalidad local –la muerte del Pájaro– las familias de los acusados fueron diezmadas.
Según dijeron testigos a la Fiscalía, en algún momento de la década pasada Damario fue propietario de la finca carcarañense. Pero la casa fue puesta a la venta, y los actuales ocupantes dijeron no tener relación alguna con el hampón de barrio Tablada, que purga condenas por homicidio y narcotráfico.
La causa de Carcarañá tiene imputados a los reclusos Lucas Robay, Juan Cruz Pereyra y Diego Arroyo, y a Yamila M. Según la Fiscalía, contactaron o enviaron transferencias a la florería Aroma, que confeccionó los arreglos florales.
No está claro, sin embargo, si los reclusos en cuestión guardan relación con la familia Cantero –incluso con la banda Los Monos– o si aprovecharon la saga de vendettas contra el clan Damario para pergeñar la extorsión e intentar quedarse con la casa. Lo cierto es que dejaron evidencia de sobra para que la Fiscalía los acuse de amenazas coactivas calificadas, con el fin de que la víctima abandone su lugar de residencia.
El último capítulo de la extensa audiencia refiere al preso Eduardo Gómez. Lo acusaron de dirigir la actividad de un búnker de drogas en Fray Luis Beltrán, más precisamente en Avellaneda al 84, junto con su pareja, Ludmila B.; su cuñada, Lucila B.; y Rocío C., imputada como partícipe secundaria. La finca tiene un pedido de demolición en curso.
Entrada la tarde, el juez Hernán Postma dictó prisión preventiva para todos los imputados, a excepción de una joven –Rocío C.– que seguirá el proceso penal desde su casa.
