A pesar de todo, el agro mantuvo un alto cumplimiento de sus obligaciones financieras

En la peor sequía de la historia, las tasas de morosidad e impago se mantienen entre el 93% y el 98%, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario 

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El sector agrícola argentino ha enfrentado desafíos considerables en los últimos años, con sequías recurrentes y condiciones económicas cambiantes. Sin embargo, un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un aspecto notable: a pesar de la adversidad, el agro ha mantenido un alto cumplimiento de sus obligaciones financieras.

En un contexto en el que la sequía ha golpeado duramente a los agricultores, combinada con fluctuaciones en las tasas de interés y restricciones en el acceso a financiamiento en moneda extranjera, el informe revela que las tasas de morosidad e impago en el sector agrícola se mantienen sorprendentemente altas, oscilando entre el 93% y el 98%. Esto indica la sólida capacidad de repago que poseen los productores en el sector, a pesar de los obstáculos económicos y climáticos.

El informe también señala que, a pesar de un aumento en las tasas de interés tanto en pesos como en dólares, el volumen de financiamiento bancario en 2022 superó al del año anterior. Esto puede atribuirse en parte a la similitud en las campañas agrícolas de 2021 y 2022 en términos de siembra y aplicación de tecnología. Sin embargo, se espera que la campaña de 2023 experimente cambios sustanciales debido al impacto de la sequía, lo que requerirá una gestión financiera cuidadosa por parte de los productores.

La participación del sector agrícola en el financiamiento bancario ha mostrado una tendencia creciente desde la campaña 2018/19, alcanzando un 5,2% en el segundo trimestre de 2023. A pesar de esta evolución, la baja dependencia del sector en el financiamiento bancario destaca su capacidad para buscar soluciones financieras alternativas cuando es necesario.

Es importante destacar que el Gobierno Nacional ha implementado medidas para mitigar los efectos de la sequía en el sector agrícola, incluyendo la declaración de emergencia agropecuaria y la suspensión de ejecuciones fiscales y bancarias.

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