Resumen Ejecutivo
- El informe 2026 de la OCDE señala que las retenciones imponen un apoyo negativo promedio del -13,5% a los productores argentinos, restando USD 8.600 millones anuales.
- La productividad total de los factores (PTF) retrocedió un 2,3% anual entre 2014 y 2023, evidenciando un deterioro estructural frente al crecimiento global del 0,8%.
- El organismo destaca la implementación obligatoria de la trazabilidad electrónica individual en bovinos desde 2026 y la aprobación de 11 eventos biotecnológicos en cultivos clave.
- Para recuperar competitividad, la OCDE recomienda reducir gradualmente los derechos de exportación, fortalecer la investigación técnica e integrar la sustentabilidad ambiental.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026, un relevamiento que analiza las políticas agropecuarias y los mecanismos de apoyo al sector en 56 países.
En el capítulo dedicado a la Argentina, el diagnóstico plantea una cuestión central para la competitividad del campo: el país continúa siendo uno de los casos en los que las políticas públicas generan una transferencia económica negativa para los productores, principalmente como consecuencia de los impuestos a las exportaciones.
Según las estimaciones de la OCDE, durante el período 2023-2025 el apoyo a los productores argentinos representó, en promedio, un -13,5% de los ingresos brutos agropecuarios, equivalente a una transferencia negativa de aproximadamente USD 8.600 millones anuales.
El organismo atribuye este resultado fundamentalmente a las retenciones, que reducen los precios internos que reciben los productores respecto de los valores internacionales.
El dato adquiere relevancia al considerar que las políticas de intervención de precios alcanzaron aproximadamente al 89% de la producción agropecuaria argentina durante 2025.
Retenciones y precios: el principal condicionante identificado
La OCDE sostiene que los derechos de exportación constituyen la principal intervención del Estado argentino sobre los mercados agropecuarios y representan, además, una fuente importante de ingresos fiscales.
Durante 2025 se implementaron modificaciones mediante decretos en enero, julio, septiembre y diciembre, con reducciones y eliminaciones de alícuotas para diferentes productos.
Entre los cambios señalados aparecen reducciones permanentes para productos como carne vacuna, soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, mientras que otros productos, entre ellos azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, productos forestales y arroz, quedaron exentos.
El informe advierte que, pese a estos cambios, la política comercial continúa generando precios internos inferiores a las referencias internacionales.
Para el productor, esta diferencia representa una menor proporción del valor internacional de su producción y condiciona los ingresos disponibles para financiar inversiones, tecnología y capital de trabajo.
Señal de alerta: la productividad total de factores cayó 2,3% anual
Uno de los datos más importantes del capítulo argentino está relacionado con la evolución de la productividad.
De acuerdo con las estimaciones utilizadas por la OCDE, entre 2014 y 2023 la producción agropecuaria argentina creció apenas un 0,3% anual. Sin embargo, ese crecimiento estuvo explicado principalmente por una mayor utilización de insumos intermedios y factores productivos.
En el mismo período, la productividad total de los factores (PTF) registró una caída promedio del 2,3% anual, frente a un crecimiento mundial del 0,8%.
Este indicador resulta especialmente relevante porque mide la capacidad de producir más utilizando de manera eficiente el conjunto de los recursos disponibles.
La advertencia apunta a un desafío estructural: aumentar la producción mediante una mayor incorporación de insumos no necesariamente significa mejorar la eficiencia del sistema productivo.
Para la Argentina, recuperar el crecimiento de la productividad implica fortalecer la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y la infraestructura que permite mejorar los resultados a campo.
Ganadería: trazabilidad electrónica y condiciones comerciales
Entre los cambios regulatorios destacados por el informe aparece la implementación de la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2025 y comenzó a aplicarse en enero de 2026. Establece que los animales deben contar con un dispositivo oficial de identificación visual y electrónica mediante tecnología RFID.
El sistema contempla botones electrónicos, bolos ruminales o microchips inyectables.
Según la OCDE, una vez completada su implementación, la medida permitirá realizar un seguimiento individual de cada animal desde la producción primaria hasta la industria frigorífica.
El organismo también destaca otras modificaciones en el sector ganadero:
- Eliminación de la prohibición de exportar animales vivos para faena.
- Eliminación del peso mínimo de faena, a partir de enero de 2026.
- Simplificación de los procedimientos administrativos para exportar.
- Implementación de un mecanismo unificado para asignar cuotas de exportación de carne hacia la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.
Estos cambios forman parte de un proceso de desregulación que busca simplificar las operaciones comerciales y mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales.
Biotecnología: nuevas aprobaciones para maíz, soja y algodón
Otro aspecto destacado es el avance de la biotecnología agrícola.
La OCDE informa que, durante 2025 y hasta abril de 2026, Argentina aprobó 11 modificaciones genéticas vegetales para comercialización:
- Siete correspondientes a maíz.
- Tres correspondientes a soja.
- Una correspondiente a algodón.
Los eventos incorporan diferentes características de resistencia a herbicidas e insectos.
Además, durante 2025 se otorgaron 74 Sellos de Bioproducto a biomateriales y 11 certificados de interés vinculados con biomateriales y bioinsumos.
El dato muestra la importancia que adquiere la bioeconomía dentro de la estrategia de desarrollo agroindustrial argentino, con oportunidades para diversificar la producción y ampliar la oferta de soluciones basadas en recursos biológicos.
Exportaciones: un sector que sigue siendo clave
La importancia del agro para la economía argentina también queda reflejada en los datos comerciales.
El informe señala que el país mantuvo durante buena parte de la última década un superávit agroalimentario superior a los USD 30.000 millones anuales.
En 2022 alcanzó los USD 45.600 millones, aunque en 2024 descendió a USD 29.200 millones.
Otro dato relevante es la composición de las exportaciones: el 77% corresponde a productos primarios o procesados utilizados como insumos por industrias de otros países.
Esto refleja el peso de Argentina como proveedor internacional de materias primas y productos agroindustriales, pero también plantea oportunidades para profundizar el agregado de valor dentro del territorio nacional.
El desafío ambiental y la necesidad de producir más eficiente
La OCDE también incorpora indicadores ambientales que permiten observar algunos de los desafíos de la producción argentina.
Según el documento, la agricultura representa el 29,2% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción superior al promedio de los países de la OCDE.
El informe vincula este resultado, entre otros factores, con la importancia de la actividad ganadera y la cantidad de animales rumiantes.
También advierte sobre la necesidad de mejorar la gestión de los nutrientes, la salud de los suelos y la eficiencia en el uso de los insumos.
En este contexto, destaca el papel que pueden cumplir organismos como el INTA en el desarrollo de investigaciones orientadas a la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Qué recomienda la OCDE para el agro argentino
El organismo plantea seis líneas de acción para mejorar el desempeño del sector:
- Reducir gradualmente las retenciones: avanzar hacia un esquema tributario más previsible y evitar restricciones comerciales discrecionales.
- Mejorar la previsibilidad económica: generar condiciones estables que permitan planificar inversiones y desarrollar las cadenas de valor.
- Fortalecer la investigación y la innovación: incrementar la inversión en investigación y desarrollo, extensión rural, transferencia tecnológica e infraestructura.
- Mejorar la gestión del riesgo climático: avanzar desde las ayudas de emergencia hacia herramientas más estructuradas, como seguros agrícolas y sistemas de información climática.
- Fortalecer a los pequeños productores: orientar los programas de asistencia hacia la productividad, el acceso al financiamiento, la innovación y la integración comercial.
- Integrar la sustentabilidad a las políticas agropecuarias: promover prácticas que permitan mejorar la productividad sin comprometer los recursos naturales.
Una oportunidad para recuperar competitividad
El diagnóstico de la OCDE presenta una fotografía de las tensiones que atraviesan al agro argentino.
Por un lado, reconoce la competitividad internacional del sector, su capacidad exportadora y su potencial tecnológico. Por otro, identifica condicionantes vinculados con la carga tributaria sobre la producción, la inestabilidad de las políticas públicas y el deterioro de la productividad total de los factores.
La reducción de las retenciones y la desregulación comercial aparecen como cambios relevantes, pero el organismo considera que deben estar acompañados por políticas de largo plazo que fortalezcan la investigación, la infraestructura y la adaptación climática.
Para el productor argentino, el desafío no pasa solamente por producir más, sino por mejorar la eficiencia, incorporar tecnología, reducir riesgos y capturar una mayor proporción del valor generado.
La conclusión es clara: la competitividad futura del agro argentino dependerá tanto de las condiciones económicas y comerciales como de su capacidad para transformar conocimiento, innovación y tecnología en productividad concreta a campo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026, un relevamiento que analiza las políticas agropecuarias y los mecanismos de apoyo al sector en 56 países.
En el capítulo dedicado a la Argentina, el diagnóstico plantea una cuestión central para la competitividad del campo: el país continúa siendo uno de los casos en los que las políticas públicas generan una transferencia económica negativa para los productores, principalmente como consecuencia de los impuestos a las exportaciones.
Según las estimaciones de la OCDE, durante el período 2023-2025 el apoyo a los productores argentinos representó, en promedio, un -13,5% de los ingresos brutos agropecuarios, equivalente a una transferencia negativa de aproximadamente USD 8.600 millones anuales.
El organismo atribuye este resultado fundamentalmente a las retenciones, que reducen los precios internos que reciben los productores respecto de los valores internacionales.
El dato adquiere relevancia al considerar que las políticas de intervención de precios alcanzaron aproximadamente al 89% de la producción agropecuaria argentina durante 2025.
Retenciones y precios: el principal condicionante identificado
La OCDE sostiene que los derechos de exportación constituyen la principal intervención del Estado argentino sobre los mercados agropecuarios y representan, además, una fuente importante de ingresos fiscales.
Durante 2025 se implementaron modificaciones mediante decretos en enero, julio, septiembre y diciembre, con reducciones y eliminaciones de alícuotas para diferentes productos.
Entre los cambios señalados aparecen reducciones permanentes para productos como carne vacuna, soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, mientras que otros productos, entre ellos azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, productos forestales y arroz, quedaron exentos.
El informe advierte que, pese a estos cambios, la política comercial continúa generando precios internos inferiores a las referencias internacionales.
Para el productor, esta diferencia representa una menor proporción del valor internacional de su producción y condiciona los ingresos disponibles para financiar inversiones, tecnología y capital de trabajo.
Señal de alerta: la productividad total de factores cayó 2,3% anual
Uno de los datos más importantes del capítulo argentino está relacionado con la evolución de la productividad.
De acuerdo con las estimaciones utilizadas por la OCDE, entre 2014 y 2023 la producción agropecuaria argentina creció apenas un 0,3% anual. Sin embargo, ese crecimiento estuvo explicado principalmente por una mayor utilización de insumos intermedios y factores productivos.
En el mismo período, la productividad total de los factores (PTF) registró una caída promedio del 2,3% anual, frente a un crecimiento mundial del 0,8%.
Este indicador resulta especialmente relevante porque mide la capacidad de producir más utilizando de manera eficiente el conjunto de los recursos disponibles.
La advertencia apunta a un desafío estructural: aumentar la producción mediante una mayor incorporación de insumos no necesariamente significa mejorar la eficiencia del sistema productivo.
Para la Argentina, recuperar el crecimiento de la productividad implica fortalecer la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y la infraestructura que permite mejorar los resultados a campo.
Ganadería: trazabilidad electrónica y condiciones comerciales
Entre los cambios regulatorios destacados por el informe aparece la implementación de la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2025 y comenzó a aplicarse en enero de 2026. Establece que los animales deben contar con un dispositivo oficial de identificación visual y electrónica mediante tecnología RFID.
El sistema contempla botones electrónicos, bolos ruminales o microchips inyectables.
Según la OCDE, una vez completada su implementación, la medida permitirá realizar un seguimiento individual de cada animal desde la producción primaria hasta la industria frigorífica.
El organismo también destaca otras modificaciones en el sector ganadero:
* Eliminación de la prohibición de exportar animales vivos para faena.
* Eliminación del peso mínimo de faena, a partir de enero de 2026.
* Simplificación de los procedimientos administrativos para exportar.
* Implementación de un mecanismo unificado para asignar cuotas de exportación de carne hacia la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.
Estos cambios forman parte de un proceso de desregulación que busca simplificar las operaciones comerciales y mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales.
Biotecnología: nuevas aprobaciones para maíz, soja y algodón
Otro aspecto destacado es el avance de la biotecnología agrícola.
La OCDE informa que, durante 2025 y hasta abril de 2026, Argentina aprobó 11 modificaciones genéticas vegetales para comercialización:
* Siete correspondientes a maíz.
* Tres correspondientes a soja.
* Una correspondiente a algodón.
Los eventos incorporan diferentes características de resistencia a herbicidas e insectos.
Además, durante 2025 se otorgaron 74 Sellos de Bioproducto a biomateriales y 11 certificados de interés vinculados con biomateriales y bioinsumos.
El dato muestra la importancia que adquiere la bioeconomía dentro de la estrategia de desarrollo agroindustrial argentino, con oportunidades para diversificar la producción y ampliar la oferta de soluciones basadas en recursos biológicos.
Exportaciones: un sector que sigue siendo clave
La importancia del agro para la economía argentina también queda reflejada en los datos comerciales.
El informe señala que el país mantuvo durante buena parte de la última década un superávit agroalimentario superior a los USD 30.000 millones anuales.
En 2022 alcanzó los USD 45.600 millones, aunque en 2024 descendió a USD 29.200 millones.
Otro dato relevante es la composición de las exportaciones: el 77% corresponde a productos primarios o procesados utilizados como insumos por industrias de otros países.
Esto refleja el peso de Argentina como proveedor internacional de materias primas y productos agroindustriales, pero también plantea oportunidades para profundizar el agregado de valor dentro del territorio nacional.
El desafío ambiental y la necesidad de producir más eficiente
La OCDE también incorpora indicadores ambientales que permiten observar algunos de los desafíos de la producción argentina.
Según el documento, la agricultura representa el 29,2% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción superior al promedio de los países de la OCDE.
El informe vincula este resultado, entre otros factores, con la importancia de la actividad ganadera y la cantidad de animales rumiantes.
También advierte sobre la necesidad de mejorar la gestión de los nutrientes, la salud de los suelos y la eficiencia en el uso de los insumos.
En este contexto, destaca el papel que pueden cumplir organismos como el INTA en el desarrollo de investigaciones orientadas a la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Qué recomienda la OCDE para el agro argentino
El organismo plantea seis líneas de acción para mejorar el desempeño del sector:
1. Reducir gradualmente las retenciones: avanzar hacia un esquema tributario más previsible y evitar restricciones comerciales discrecionales.
2. Mejorar la previsibilidad económica: generar condiciones estables que permitan planificar inversiones y desarrollar las cadenas de valor.
3. Fortalecer la investigación y la innovación: incrementar la inversión en investigación y desarrollo, extensión rural, transferencia tecnológica e infraestructura.
4. Mejorar la gestión del riesgo climático: avanzar desde las ayudas de emergencia hacia herramientas más estructuradas, como seguros agrícolas y sistemas de información climática.
5. Fortalecer a los pequeños productores: orientar los programas de asistencia hacia la productividad, el acceso al financiamiento, la innovación y la integración comercial.
6. Integrar la sustentabilidad a las políticas agropecuarias: promover prácticas que permitan mejorar la productividad sin comprometer los recursos naturales.
Una oportunidad para recuperar competitividad
El diagnóstico de la OCDE presenta una fotografía de las tensiones que atraviesan al agro argentino.
Por un lado, reconoce la competitividad internacional del sector, su capacidad exportadora y su potencial tecnológico. Por otro, identifica condicionantes vinculados con la carga tributaria sobre la producción, la inestabilidad de las políticas públicas y el deterioro de la productividad total de los factores.
La reducción de las retenciones y la desregulación comercial aparecen como cambios relevantes, pero el organismo considera que deben estar acompañados por políticas de largo plazo que fortalezcan la investigación, la infraestructura y la adaptación climática.
Para el productor argentino, el desafío no pasa solamente por producir más, sino por mejorar la eficiencia, incorporar tecnología, reducir riesgos y capturar una mayor proporción del valor generado.
La conclusión es clara: la competitividad futura del agro argentino dependerá tanto de las condiciones económicas y comerciales como de su capacidad para transformar conocimiento, innovación y tecnología en productividad concreta a campo.
