El campo puede mejorar sus precios, bajar algún costo y trabajar con mayor eficiencia. Pero hay una variable que sigue prácticamente clavada en el centro de la ecuación: los impuestos.

El último Índice FADA muestra que el Estado participa del 58,2% de la renta agrícola. Dicho de manera más cruda: una vez descontados los costos necesarios para producir, de cada $100 que genera una hectárea, $58,20 tienen como destino el pago de impuestos.

Al productor le quedan apenas $14,50 de resultado agrícola, mientras que $27,30 corresponden al costo de la tierra.

La fotografía es contundente y vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de cuánto puede soportar una actividad que necesita invertir todos los años, asumir riesgos climáticos y comerciales y, además, financiar una estructura tributaria que absorbe más de la mitad de la renta.

Bajó el índice, pero no bajó la presión fiscal

Hay un dato que puede generar una lectura engañosa: en junio, el Índice FADA había alcanzado el 61,9%, por lo que ahora se observa una reducción de 3,7 puntos porcentuales.

Pero, según el propio informe, esa caída no responde a una reducción de los impuestos argentinos.

La explicación está afuera del sistema tributario: subieron los precios internacionales de algunos granos y cayó con fuerza el precio de la urea, uno de los fertilizantes centrales para la producción.

“La leve caída de índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, señaló Fiorella Savarino, economista de FADA.

Es decir, la mochila fiscal no se alivió porque el Estado haya cobrado menos impuestos. Se hizo relativamente más liviana porque mejoró la renta sobre la cual se calcula la participación estatal.

La diferencia no es menor.

Retenciones, Ganancias y una cuenta que no desaparece

Dentro de la estructura tributaria, el componente nacional continúa siendo dominante.

El 55,6% del total de los impuestos corresponde a tributos nacionales no coparticipables. Otro 35,7% corresponde a impuestos nacionales coparticipables. Los tributos provinciales representan 7,8%, mientras que los municipales explican el 0,9%.

Entre los principales componentes aparecen los derechos de exportación, las históricas retenciones, aunque desde diciembre de 2023 sus alícuotas se redujeron para los principales cultivos y, consecuentemente, disminuyó su participación relativa dentro de la carga tributaria.

Al mismo tiempo, ganaron peso impuestos vinculados al resultado económico, como Ganancias.

El resultado es que la discusión tributaria no desaparece con una modificación puntual de las retenciones. La carga fiscal sobre la producción agrícola es un entramado mucho más amplio.

Soja: más de $60 de cada $100 para impuestos

La presión tampoco es idéntica para todos los cultivos.

Según FADA, la participación del Estado alcanza: Soja: 60,7%; Maíz: 53,8%; Trigo: 55,5%; Girasol: 56,8%

La soja aparece así con una participación estatal superior al promedio general.

En todos los casos, sin embargo, se repite el mismo patrón: los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola.

El productor también paga la distancia

Y cuando parece que la ecuación no puede complicarse más, aparece otro factor decisivo: el flete.

Los costos de transporte aumentaron respecto de junio y tienen un impacto especialmente fuerte en las zonas alejadas de los puertos.

La distancia al mercado deja de ser entonces una cuestión geográfica para convertirse directamente en una cuestión económica.

FADA ejemplifica que, en una hectárea de maíz de Córdoba, San Luis y La Pampa, alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo producido se destinan a pagar el flete.

El dato permite dimensionar una realidad conocida por los productores del interior: producir lejos de los puertos implica entregar una porción creciente de la producción antes de que el grano siquiera llegue al mercado.

Precio, rinde, fertilizantes, transporte, tierra e impuestos terminan formando una ecuación en la que cada variable puede definir si la campaña deja margen o no.

El mercado internacional dio una mano

La coyuntura internacional terminó jugando a favor del productor en esta medición.

Las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus efectos logísticos impulsaron los precios internacionales de algunos granos. El trigo quedó por encima del nivel de un año atrás y la soja también mostró una mejora, vinculada a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China, según el informe.

Pero el otro movimiento importante ocurrió del lado de los costos. La urea pasó de un promedio de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre.

La relación insumo-producto también mejoró considerablemente. Para comprar una tonelada de urea, en junio eran necesarias 4 toneladas de maíz; en septiembre, 2,9. En trigo, la relación pasó de 3,4 a 2,4 toneladas.

La combinación fue favorable: más ingreso por los granos y menor costo de un insumo clave.

Y aun así, el Estado se quedó con más de la mitad de la renta.

Ese es, probablemente, el dato que más ruido genera del informe.

Santa Fe, debajo del promedio, pero con una carga elevada

La presión también presenta diferencias territoriales.

El índice registra una participación estatal de: Entre Ríos: 58,4%; Córdoba: 56,9%; Buenos Aires: 56,1%; San Luis: 55%; La Pampa: 54,7%; Santa Fe: 53,9%

FADA aclara que estas diferencias no significan necesariamente que en una provincia se paguen más impuestos en términos absolutos que en otra. El índice combina rindes, precios, costos, fletes e impuestos provinciales y municipales.

Pero el promedio nacional vuelve a funcionar como el dato central: 58,2%.

Una hectárea genera, pero no necesariamente una renta que queda

El campo enfrenta una particularidad que pocas actividades pueden ignorar: produce a cielo abierto, depende del clima, necesita capital de trabajo, utiliza insumos dolarizados, está expuesto a los precios internacionales y soporta costos logísticos que varían fuertemente según la distancia a los centros de comercialización.

Sobre esa estructura se monta una carga tributaria que, de acuerdo con FADA, se lleva más de la mitad de la renta.

La mejora respecto de junio es real. También es real que los productores necesitan menos toneladas de trigo y maíz para comprar una tonelada de urea.

Pero hay una diferencia fundamental entre una mejora coyuntural y un cambio estructural.

La coyuntura mejoró la renta, el sistema tributario no

Y mientras los precios internacionales pueden subir o bajar, el clima puede acompañar o golpear y el precio de los fertilizantes puede desplomarse o dispararse, la estructura impositiva continúa pesando sobre la ecuación productiva.

El número de FADA lo resume sin demasiadas vueltas: de cada $100 de renta agrícola, $58,20 van a impuestos.

El productor asume el riesgo de producir. El mercado determina buena parte del precio. El clima decide buena parte del resultado. Y, en esta fotografía de septiembre, el Estado se queda con la mayor porción de la renta.