La falta de una legislación nacional que unifique los criterios para la aplicación de fitosanitarios volvió a instalarse en el centro de la agenda agropecuaria. Durante una jornada impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), junto al Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) y el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), especialistas, legisladores y representantes del sector coincidieron en que el actual escenario normativo genera incertidumbre y afecta directamente la producción.
Actualmente conviven ordenanzas municipales, leyes provinciales y fallos judiciales con criterios diferentes entre sí. Esa fragmentación normativa obliga a productores y aplicadores a trabajar bajo reglas que cambian según la jurisdicción, lo que incrementa los conflictos y dificulta la planificación productiva.
Durante el encuentro se presentó el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos impulsado por la Red BPA, que propone establecer zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias definidas sobre bases técnico-científicas, fijar responsabilidades para todos los actores de la cadena, profesionalizar a los aplicadores y fortalecer los controles mediante herramientas como monitoreo remoto, "caja negra" y la figura del veedor.
Uno de los datos que más preocupación generó fue la simulación sobre el impacto de las medidas cautelares actualmente vigentes en distintas regiones del país. Según el análisis presentado, en algunos casos las restricciones podrían comprometer hasta el 40% de la superficie productiva, afectando cadenas como carne vacuna, leche, maíz, trigo y papa.
Los legisladores que participaron del encuentro remarcaron que la discusión trasciende al sector agropecuario y requiere responder a las demandas sociales con información científica, trazabilidad, capacitación y buenas prácticas. Incluso advirtieron que el debate involucra aspectos vinculados con la salud, la seguridad alimentaria, la economía y la comunicación pública.
Como conclusión, los participantes coincidieron en que una ley nacional permitiría aportar previsibilidad, reducir la judicialización y establecer un marco técnico uniforme para una actividad estratégica de la economía argentina. El encuentro se enmarca en la agenda que el CE ABI impulsa para acercar evidencia técnica al Congreso y contribuir a la construcción de políticas públicas con consenso y respaldo científico.
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