La secretaría de Energía presentó en el día de ayer, durante la audiencia pública por el precio del gas natural, el informe técnico que servirá para definir qué porción del costo total del gas en boca de pozo será subsidiado por el Estado Nacional.

En el documento se aclara que de acuerdo a lo previsto inicialmente en el Presupuesto 2022, proyecto rechazado por el Congreso, se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas que cubre el 70,9 por ciento del costo total de la demanda prioritaria.

Se trata de una cuestión crucial, porque si bien ese precio no define del todo lo que deben pagar los usuarios finales, tanto residenciales como comerciales e industriales, es determinante para el resultado final. Esto, debido a que, posiblemente, transportadoras y distribuidoras no absorberán el aumento del costo del gas y porque, además, el FMI estará observando atentamente si el Gobierno está realmente dispuesto a empezar a disminuir el monto de subsidios.

El documento técnico de la secretaría de Energía señala que actualmente el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1% restante. Si el Estado siguiera financiando el 70,9 por ciento de ese costo, debería desembolsar 216.365 millones de pesos y los 88.814 millones de pesos restantes los deberían aportar los usuarios del sistema.

En este sentido, señala que las tarifas de gas deberían aumentar entre 34 y 35% si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios en concepto de gas. El Estado debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura (una reducción de casi 26,5 puntos respecto de la situación actual) en marzo de este año y entre 47 y 49% para el mes de julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021. 

Los aumentos estimados son mayores para los meses de invierno, porque son aquellos donde el consumo aumenta fuertemente y debe hacerlo también la importación de gas, tanto a través de gasoductos, desde Bolivia, como en la forma de Gas Natural Licuado (GNL), que llega en buques metaneros y se regasifica en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

Allí convergen dos problemas. De un lado, Bolivia ya informó que no puede suministrar los volúmenes de gas comprometidos en un acuerdo firmado en 2006 entre los presidentes Néstor Kirchner y el entonces mandatario boliviano Carlos Meza (enviaría un tercio menos de lo comprometido).

Del otro, los precios del GNL en el mercado internacional aumentaron fuertemente. El documento técnico de Energía precisa al respecto un valor de 23,7 dólares el millón de BTU para los meses de invierno, a los que debe agregarse un costo de USD 1,3 de regasificación, prácticamente el triple que el precio del gas boliviano y un múltiplo aún mayor del precio de la producción local.