Esta semana se retomó con fuerza en el Concejo Municipal el tema del control de inversiones, y más allá del refuerzo a la ordenanza vigente con la incorporación de un sistema de alerta, comienza a ganar terreno la propuesta de la oposición de conformar una agencia de expertos. La idea es que este cuerpo entrecruce datos de la Municipalidad y de organismos de control financiero y judicial para no sólo analizar la licitud de fondos de nuevas inversiones, sino también poner bajo la mira todas las realizadas por presuntas bandas narco.

Lo que parecían dos visiones completamente distantes para abordar esta problemática comenzó a cambiar con el correr de las reuniones, y las posturas ya están mucho más cerca. Al punto que desde el Palacio Vasallo confiaron a Ecos365 que todo se encamina a unificar proyectos y que en julio se apruebe una iniciativa que deje conformes a todos.

Es que hay consenso en que el proyecto oficialista, que fue detallado a comienzos de mes en el Concejo, implica un importante avance respecto la normativa vigente, que desde su puesta en funcionamiento en 2016, no logró detectar una sola inversión con fondos ilícitos, no presentó denuncias ante la Justicia y mucho menos logró alguna condena.

Además de proponer sumar nuevos rubros al control como playas estacionamiento, hoteles, guarderías náuticas, venta y alquiler vehículos y motos, armerías, lo más valorado de la nueva iniciativa oficialista es el sistema de alerta que añade para poner sobre aviso a las autoridades sobre una inversión sospechosa, y así poder frenarla antes de que sea tarde. Sin embargo tanto desde UCR-Cambiemos como desde Ciudad Futura coincidieron en que la propuesta, si bien mejora lo que hay, mantiene la misma lógica más bien “pasiva”, y opinaron que por sí sola no alcanza.

La idea de la que parten es que en una ciudad con una violencia completamente descontrolada, con 17 homicidios cada 100 mil habitantes, de los cuales el 70% está planificado, existen muchas bandas con gran logística sustentadas con una base económica poderosa. ¿Por qué controlar sólo hacia adelante y no atacar ese negocio ya establecido durante años?

A diferencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Banco Central, el municipio tiene cercanía con el territorio, presencia en cada barrio de la ciudad, conocimiento de todos los actores sociales, de las inversiones que se realizan y de las habilitaciones que se dan. Incluso cuenta con datos propios sobre la actividad económica de cada rosarino y de su patrimonio en bienes registrables, tanto muebles como inmuebles.

“Con toda esa información no se puede esperar pasivamente las declaraciones juradas de quienes quieren invertir, en cambio hay que cruzar datos para detectar incongruencias y hacer convenios con la Justicia para aportar lo que se encuentre”, planteó Martín Rosúa, autor de una de las iniciativas al respecto, y destacó que se dan muchos casos de homicidios resonantes con sospechosos que se mueven en autos de alta gama, y que viven en barrios carenciados sin actividad comercial declarada. “Por ahí puede que cueste encontrar pruebas para condenarlo por narcotráfico u homicidio, pero el municipio puede ir con una denuncia sobre lavado de activos, y si no lo podés agarrar con el delito principal, lo hacés caer por el secundario”, graficó.

Otra variante que propone consiste en que los miembros de esta agencia no deben ser funcionarios del municipio a los que les agreguen nuevas funciones, sino más bien abogados, contadores, analistas de datos, entre otros profesionales expertos en la temática. “Se plantea la discusión de si es competencia o no del municipio hacer esto, y además de que nada lo impide, estamos en un contexto en el que debemos recurrir a todas las herramientas a mano para frenar esta situación”, consideró.

De prosperar este unificación de iniciativas, la idea sería que el sistema de alerta propuesto por el Ejecutivo actúe ante cada presentación de inversión, pero que a la vez la agencia de control intervenga en el mientras tanto analizando a quienes están al frente de proyectos ya terminados o en marcha, aportando información a la Justicia. El objetivo es trabajar durante junio para encontrar un enfoque mixto y en julio tener todo listo para su sanción.