La reducción histórica de la planta de personal del Estado Nacional se convirtió en uno de los datos más contundentes del cierre de 2025. De acuerdo con el informe de coyuntura nacional, elaborado por la Fundación Libertad, entre noviembre de 2023 y octubre de este año el empleo público nacional cayó un 17,7%, lo que equivale a 60.700 puestos de trabajo menos.

El informe detalla que el recorte se concentró principalmente en la Administración Pública Nacional, que perdió más de 40.500 empleados. Dentro de este universo, la administración centralizada sufrió un ajuste cercano al 30%, mientras que los organismos descentralizados y desconcentrados también registraron reducciones significativas. A esto se sumó el recorte en empresas públicas, responsables de otros 20.300 puestos eliminados, con caídas especialmente visibles en Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, ARCA, ANSES, Banco Nación y CONICET.

Según el análisis de la Fundación Libertad, este achicamiento del Estado fue uno de los pilares centrales para alcanzar un resultado fiscal superavitario. En octubre, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero superior a $517.000 millones, con un resultado primario acumulado equivalente al 1,4% del PBI. El ajuste del gasto, impulsado en buena parte por la reducción del empleo público, permitió sostener el equilibrio incluso tras el pago de intereses de la deuda.

No obstante, el relevamiento destaca que el ajuste no fue lineal. Mientras el gasto en salarios y funcionamiento del Estado se contrajo, las prestaciones sociales crecieron 7,6% en términos reales, impulsadas por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la desaceleración inflacionaria. Jubilaciones y AUH lideraron las subas, al tiempo que otros programas sociales se redujeron casi 30%.

En paralelo al recorte del empleo estatal, el Estado avanzó con procesos de privatización, particularmente en el sector energético. Según la Fundación Libertad, las concesiones de centrales hidroeléctricas podrían generar ingresos por unos USD 685 millones, reforzando la estrategia oficial de reducir la presencia directa del Estado en áreas productivas clave.

El informe también destaca que, mientras el Estado se achicaba puertas adentro, la economía mostraba señales de mayor orden macroeconómico. La inflación desaceleró con fuerza y cerró noviembre en 2,5% mensual, con una variación interanual del 31,4%. El tipo de cambio se estabilizó en torno a los $1.400 y el riesgo país retrocedió hacia niveles cercanos a los 600 puntos, tras episodios de alta volatilidad durante el año.

En el frente externo, la Fundación Libertad señala que la balanza comercial acumuló 23 meses consecutivos de superávit, impulsada por el crecimiento de las exportaciones, en especial de productos primarios. Sin embargo, el déficit en la cuenta de servicios se profundizó por el récord de turismo emisivo, con más de 10,4 millones de argentinos viajando al exterior y un rojo acumulado de USD 8.400 millones en el año.

El sector energético aparece como uno de los grandes ganadores del nuevo esquema. El informe resalta que la producción de petróleo alcanzó un récord histórico, motorizado por Vaca Muerta, generando un superávit comercial energético superior a los USD 6.000 millones y consolidando su rol como sostén de la balanza externa.

El balance final que presenta la Fundación Libertad es claro: un Estado más chico, números fiscales ordenados y mayor estabilidad macro, pero con impactos desiguales. El recorte del empleo público marca un punto de inflexión en la estructura estatal argentina y deja abierta una pregunta central hacia 2026: si el ajuste ya pasó su fase más dura o si el costo social del nuevo equilibrio recién comienza a hacerse visible.