La noticia, para muchos, sonó casi utópica: un trámite que podía demorar años ahora se resolvería en apenas cinco días. El gobierno de Santa Fe ha decidido barajar y dar de nuevo en uno de los nudos burocráticos más complejos para cualquier empresa, reemplazando el antiguo Certificado de Aptitud Ambiental por una nueva Licencia Ambiental Digital. Este cambio, que promete una reducción del 90% en la carga administrativa, representa mucho más que una simple modernización; es un replanteo filosófico sobre la relación entre el Estado y el sector productivo, un paso audaz que busca alinear la velocidad de la gestión pública con la del mundo de los negocios. Para entender la magnitud de esta transformación, primero hay que recordar el camino que las empresas debían transitar hasta ahora, un laberinto de papeles y esperas que se convertía en un verdadero freno de mano para la inversión y el crecimiento.

Hasta hace muy poco, obtener la habilitación ambiental era un proceso que podía insumir, en casos extremos, hasta doce años. Doce años. Un lapso en el que un emprendimiento podía nacer, crecer y hasta desaparecer. Este sistema obligaba a las compañías a presentar un exhaustivo estudio de impacto ambiental que el Estado debía revisar y aprobar antes de que la rueda comenzara a girar. Era un modelo basado en la presunción de que la única forma de garantizar el cuidado del entorno era a través de un control previo y minucioso, casi paternalista. El problema es que esta loable intención chocaba de frente con la realidad: la escasez de recursos para analizar cada expediente con celeridad convertía al proceso en una odisea burocrática. El resultado era una parálisis silenciosa que dejaba proyectos en el limbo, enfriaba inversiones y generaba una incertidumbre que es veneno puro para cualquier plan de negocios.

Lo que se ha puesto en marcha es un cambio de paradigma fundamental, migrando de un sistema basado en el permiso previo a uno basado en la responsabilidad y la fiscalización posterior. En lugar de esperar el visto bueno del Estado tras un análisis interminable, ahora las empresas deberán presentar un plan de gestión ambiental, avalado por un profesional matriculado, que funcionará como una declaración jurada de sus compromisos. La agilidad del sistema reside en que el Estado confía en ese plan y emite la licencia, pero se reserva una facultad mucho más potente: la de auditar y controlar su cumplimiento en cualquier momento. Como bien decía el gurú de la gestión Peter Drucker, "eficiencia es hacer las cosas bien; efectividad es hacer las cosas correctas". El sistema anterior se ahogaba en la búsqueda de una eficiencia procesal imposible, mientras que el nuevo apunta directamente a la efectividad: que las empresas gestionen correctamente su impacto ambiental, con el Estado como un auditor inteligente y no como un portero infranqueable.

Esta nueva dinámica deposita una cuota de confianza significativa en el empresariado, pero también una responsabilidad ineludible. Ya no hay excusas. La pelota está ahora del lado de las compañías, que deben demostrar con hechos el cumplimiento de lo que prometen en sus planes. El rol del perito colegiado se vuelve central, actuando como un garante técnico de la seriedad del proyecto. Para el gobierno, este cambio libera recursos humanos que antes estaban empantanados en tareas administrativas para reorientarlos hacia la inspección y el control en el terreno, que es donde verdaderamente se juega el partido ambiental. Se trata de una concepción moderna de la regulación, similar a la que aplican los países más desarrollados, donde el Estado define las reglas de juego y se concentra en fiscalizar, no en autorizar cada movimiento. Es una apuesta por la madurez del ecosistema productivo.

Pensemos en cómo operan las empresas más innovadoras del mundo. Compañías como Amazon, por ejemplo, no basan su colosal logística en la microgestión y aprobación de cada paquete, sino en sistemas de confianza y verificación algorítmica. Definen procesos, los automatizan y auditan los resultados constantemente para corregir desvíos. Salvando las distancias, la nueva Licencia Ambiental Digital adopta una lógica similar. Este enfoque se inspira en las metodologías ágiles que revolucionaron el desarrollo de software y que hoy permean todas las industrias. La idea es simple: en lugar de un gran plan inicial rígido, se trabaja con ciclos de acción, medición y aprendizaje. Aquí, la acción es el plan de gestión, la medición es la auditoría y el aprendizaje es la mejora continua que deben implementar las empresas.

El impacto para las pequeñas y medianas empresas de la región es, potencialmente, gigantesco. Históricamente, eran las que más sufrían la burocracia, al no contar con las estructuras y los recursos de las grandes corporaciones para "aguantar" los tiempos del Estado. Esta reforma nivela la cancha, permitiendo que un proyecto bien fundamentado pueda ponerse en marcha con una celeridad impensada, transformando ideas en producción y empleo de manera mucho más directa. La previsibilidad que otorga saber que un trámite clave se resolverá en días y no en años es un activo intangible de un valor incalculable. Permite planificar, buscar financiamiento con certezas y competir en mejores condiciones. Como solía afirmar Stephen Covey, autor de "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva", la confianza es el ingrediente esencial de toda relación exitosa y "cuando la confianza es alta, la velocidad aumenta y los costos disminuyen". Santa Fe está apostando a construir esa confianza.

Claro que este modelo no está exento de desafíos. Su éxito dependerá críticamente de la robustez y la frecuencia del sistema de auditorías. Un control débil o esporádico podría generar la tentación de presentar planes ambiciosos en el papel que luego no se cumplen en la práctica. Por ello, la efectividad del nuevo esquema se medirá no solo por la velocidad en la emisión de licencias, sino por la rigurosidad y transparencia de sus fiscalizaciones. Se requiere un cambio cultural tanto en el sector público, que debe asumir un rol de auditor de alta calificación, como en el privado, que debe internalizar que esta agilidad viene de la mano de una responsabilidad ambiental que será monitoreada de cerca. Es el fin del trámite como un fin en sí mismo y el comienzo de la gestión como un proceso continuo y verificable.