El Gobierno presentó este lunes las modificaciones a la Ley Ómnibus que surgieron de los debates en comisiones con la oposición, con el fin de conseguir dictamen y que la norma se apruebe "esta semana", aun con el paro del miércoles en medio. Entre los cambios más importantes se encuentran la exclusión de YPF de las empresas a ser privatizadas, la reducción a cero de los derechos de exportación a las economías regionales, la aplicación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se ajustará por inflación a partir de abril y la reducción de dos a un año de la emergencia pública, con posibilidad de solo un año de prórroga. 

Una de las modificaciones más destacables respecto de la ley original, es la "eliminación de la petrolera YPF del listado de empresas públicas a privatizar", y estableció que para las empresas "Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa". Además, se incorporó la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N°23.696 para el seguimiento de los trámites. 

Por el lado de las jubilaciones, en la propuesta inicial, se planteaba la eliminación de la fórmula de movilidad que había aprobado el gobierno anterior. Con la modificación, se cumplirá con el ajuste trimestral que corresponde a todos los jubilados en marzo, pero, a partir de abril, comenzará "una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec". 

Además, "se eliminarán las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente". De este modo, según el texto, "se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia". 

Por otro lado, el documento actual estableció en cero (0%) el nivel de derechos de exportación de ese sector. Además, el Gobierno señaló: "A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas".

Dentro de los cambios en la ley, el Gobierno aceptó reducir el plazo de la declaración de emergencia de dos años, con posibilidad de extensión por otros dos años, a uno. Por lo tanto, la "emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa será hasta el 31 de diciembre de 2024" y aclaró que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el máximo de un año".