A partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno trabaja en un proyecto para modificar la ley penal cambiaria y otorgarle al Banco Central más poder de control y de sanción, en conjunto con la AFIP y la Aduana.
El objetivo final es ampliar la detección de posibles maniobras irregulares en materia de transacciones y manejo de divisas que terminan afectando la balanza de pagos. La idea es que la propuesta final esté lista a finales de año.
Hasta tanto, se mantendrá el cepo cambiario al que el Gobierno considera como un “elemento clave en el conjunto de herramientas”, aunque se admitió que podría tener modificaciones según los cambios de contexto. Por caso, de continuar la mejora en la actividad económica, podría flexibilizarse para importar elementos que sirvan para incrementar la producción.
Por otro lado, el documento acordado plantea la “introducción de la autorización de multas administrativas para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control”. A partir de un nuevo régimen penal cambiario, se estudia “la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina”.
Para llegar a eso se plantea una hoja de ruta elaborada en conjunto con el FMI en base a experiencias internacionales relevantes, pero contemplando cuestiones específicas de Argentina, como su perfil de deuda pública, cobertura de reservas y alto grado de dolarización.
El actual Régimen Penal Cambiario instruye al Banco Central como juez de Instrucción, pero lo que busca el Gobierno es que tenga más poder para controlar y sancionar. Además, hoy en día el incumplimiento se presenta como delito y a los imputados se les puede prohibir la salida del país, trabar embargos, entre otras medidas. Sanciona tanto a personas como a empresas, afectando solidariamente el patrimonio de la compañía, directores, representantes legales, gerentes, síndicos y mandatarios.
El problema es que con regularidad, una infracción como la omisión de liquidación de divisas en un determinado plazo, por más que sea una cantidad mínima, termina derivando en la apertura de un sumario cambiario que puede involucrar a todo el directorio. Esto también se buscará modificar.
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