Un régimen de transición para los monotributistas que están obligados a pasar al régimen general es la propuesta que el Gobierno envió al Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias, y con la que se busca resolver la situación de unos 20 mil contribuyentes.

Se trata de personas que deberían haber cambiado de régimen durante el periodo en el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) no realizó exclusiones de oficio (entre el 31 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020), y que de no contar con este “puente”, deberían afrontar montos impagables.

En el caso de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. Dependiendo de la actividad, en algunos casos el tope de facturación anual es de $1,7 millones anuales y en otros $2,6 millones. Se trata del 75% de los que tendrían que ser excluidos de oficio por Afip.

Si el incremento de la facturación supera el 25% y no pueden volver al Monotributo, se hace una distinción entre los que ya se pasaron voluntariamente al régimen general, y los que no lo hicieron. Para el primero de los casos se apunta a una deducción del pago de IVA del 50% para el primer año, un 30% para el segundo y un 10% para el tercero. Además se podrá computar como crédito de IVA el 17,35% de las facturas de gastos que tuvo en el último año. Los que no se pasaron de forma voluntaria solo tendrán la deducción del 50% del primer año, y podrán computar crédito de IVA por 17,35% de sus compras.

Un monotributista que presta servicios y está registrado en la categoría H, que durante 2020 facturó un 20% más que el tope máximo, en la actualidad quedaría excluido para pasar al Régimen General. De ocurrir esto, debería pagar entre IVA y Ganancias una suma superior a los $942.100 anuales. Con las modificaciones, podría mantenerse en el régimen simplificado si paga un monto adicional cercano a los $34.800 anuales, lo que implica un descuento de $907.000.

En cuanto a contribuyentes que prestan servicios, están registrado en la categoría H y durante 2020 facturaron un 40% más que el tope máximo en la actualidad, también quedaría excluido para pasar al régimen general y debería pagar entre IVA y Ganancias una suma cercana a los $1.136.000 anuales. De aprobarse los cambios, pagaría $649.900.

Además, el proyecto contempla luego un régimen permanente a partir del período fiscal 2022 que le permitirá al contribuyente pedir que le discriminen el IVA en las compras que haga. De esta manera, aquella persona que sabe que se encuentra próxima a saltar al régimen general en virtud de su facturación, podría ir acumulando crédito. A la Afip también le servirá para blanquear operaciones comerciales que hoy no se declaran.