El proyecto de impuesto a la renta inesperada anunciado por el Ejecutivo pretende obtener fondos provenientes, en principio, de grandes empresas exportadoras, ganadoras de renta "extraordinaria" por la suba de precios internacionales por la guerra de Ucrania-Rusia, para financiar un bono destinado a población vulnerable, en un contexto de alta inflación que la política económica no soluciona, y genera más pobreza. Esa es la visión de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que criticó fuertemente al Poder Ejecutivo por insistir “con medidas incongruentes que no llevan a la salida de la crisis económico social”.
Para la entidad, el impuesto “lo van a pagar los productores” porque “las empresas agroexportadoras lo van a trasladar en el precio a pagar”. Los productores también remarcaron que el proyecto no considera que la guerra “encareció los costos de producción, al aumenta los precios de insumos, fertilizantes y combustibles”.
Pero la particularidad es que CRA sostuvo que el proyecto del impuesto a la renta inesperada tiene aspectos adicionales porque “siembra un antecedente similar a los DEX móviles de 2008, pretendiendo gravar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos”.
Y para ser bien gráficos, pusieron los números sobre la mesa: “los $ 250.000 millones a recaudar informados por el Ejecutivo, hoy representan US$ 2.101 millones, al tipo de cambio oficial de la fecha. Si se considera la recaudación por DEX por sectores de 2021 (estimada, a falta de datos oficiales), y su alícuota promedio estimada para sectores agroalimentarios, minería e hidrocarburos, se tiene que las cadenas agroindustriales aportarían con este nuevo impuesto adicionalmente US$ 1.941 millones, de los US$ 2.101 millones. Esto implica, en una estimación que relaciona el nuevo aporte tributario con lo que sería su equivalente en incremento de alícuotas de derechos de exportación, subas significativas de las alícuotas. “Es similar a las retenciones móviles”, aseguraron desde la dirigencia rural.
Por último, desde CRA manifestaron que “hay triple imposición, ilegalidad, y que las empresas exportadoras van a trasladar el impuesto a los productores”. Además, indicaron que se condiciona aún más el escenario 2023/24. “Se desincentiva la siembra de trigo y maíz, y el uso de fertilizantes. Todo conduce a menores exportaciones, mayores problemas cambiarios y económicos”, concluyeron.
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