Mientras el Gobierno termina de delinear los borradores de la Reforma Tributaria, el sector cripto argentino atraviesa semanas de fuerte incertidumbre. El punto crítico es el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDC), más conocido como Impuesto al Cheque, cuyo esquema actual golpea directamente la competitividad de las billeteras y exchanges.

La Cámara Fintech reunió a las principales firmas cripto en uno de los últimos encuentros del año. El tema central fue la homologación de este impuesto, que grava con 1,2% cada transferencia en pesos (0,6% al emisor y 0,6% al receptor). Durante años, bancos y fintech accedieron a una alícuota reducida del 0,15%. Sin embargo, en noviembre de 2024 las billeteras cripto perdieron ese beneficio y pasaron a tributar el total, lo que —según empresas del sector— vuelve casi inviable ofrecer servicios a precios competitivos.

En el encuentro, las compañías coincidieron en que la situación no cambiará en el corto plazo. Pese a que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había asegurado que habría novedades antes de fin de año, las firmas dan por perdida la posibilidad de una reducción del IDC en 2025. 

El reclamo se centra en el decreto 796/21, que establecía un tratamiento igualitario entre bancos y proveedores de servicios de pago, pero dejó afuera a la operatoria cripto. Algunas exchanges que ofrecían cuentas virtuales (CVU) lograron acceder a la alícuota reducida mediante tecnicismos regulatorios, aunque ese mecanismo fue desactivado por ARCA en noviembre pasado.

Las empresas sostienen que el 1,2% del impuesto consume la rentabilidad del negocio, ya que las comisiones por compraventa suelen ubicarse entre 1% y 2%. La incidencia del tributo termina trasladándose al precio final, encareciendo las operaciones para los usuarios.

El sector también lamenta que, según los borradores que circulan de la Reforma Tributaria, varios activos quedarían exentos de Ganancias, pero no así las criptomonedas. Consideran que esta exclusión contradice el avance regulatorio de la Comisión Nacional de Valores en materia de tokenización: “Te comprás un bono sin impuestos en una ALyC, pero el bono tokenizado paga todo”, resumió un empresario.

En paralelo, crece la expectativa por una posible habilitación del Banco Central para que bancos y PSP ofrezcan compraventa de cripto a partir de marzo o abril. La presión para derogar la Comunicación “A” 7506 no solo proviene del ecosistema cripto, sino también de fintech relevantes y de la banca tradicional, que ve una oportunidad de expansión en este mercado.

Sin embargo, la industria advierte que aún persiste un “cepo residual” que introduce zonas grises regulatorias y limita el desarrollo del negocio. A esto se suma que, según fuentes del sector, el equipo económico “viene del palo tradicional y no entiende del todo las criptomonedas”.

Pese a las dificultades, las empresas cripto no rechazan la competencia bancaria. Por el contrario, ven una oportunidad para crecer como proveedores de custodia, tesorería digital y pagos internacionales, especialmente para pymes.

En las próximas semanas, referentes del sector solicitarán una audiencia con el Ministerio de Economía para insistir con la inclusión de beneficios impositivos para las cripto dentro de la Reforma Tributaria. La expectativa es obtener al menos un gesto político antes de fin de año.