Entre la feria judicial, los tres meses de cierre total con el inicio de la pandemia, y las últimas tres semanas de aislamiento estricto, los tribunales rosarinos llevan casi cinco meses sin funcionar. La permanente reprogramación o cancelación de audiencias complicó severamente el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía, pero a su vez secó por completo los ingresos de los abogados. La ecuación es fácil: si el expediente no avanza, el caso no se cierra y el letrado no cobra. Pero los gastos fijos como el alquiler de la oficina, los impuestos y servicios, y sobre todo las cuotas de las cajas de jubilación y obra social, siguen llegando como si los abogados cobraran normalmente. De hecho esta última realizó intimaciones de pago a mitad de año, y la gran preocupación es lo que ocurrirá al cierre de 2020, fecha en la que generalmente se aplican importantes aumentos en ambas cajas. Sin perspectivas de que el trabajo repunte, crecen las jubilaciones anticipadas, la búsqueda de actividades laborales complementarias y en casos extremos, los pedidos de suspensión de matrícula.

Panorama

“La situación laboral general de los 9 mil abogados de la segunda circunscripción de Santa Fe es muy mala”, aseveró Carlos Ensinck, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. “Algunos pueden tener un abono con una empresa, que ahora muchos han perdido, otros pueden cobrar como docentes, pero la gran mayoría no tiene un ingreso fijo y hoy ven trabados sus ingresos”, agregó en diálogo con Ecos365. El problema es doble, porque por un lado no son pocos los clientes que se vieron afectados económicamente por la pandemia, y dejaron de pagar sus profesionales del derecho. Pero a la vez los permanentes cierres de las instituciones judiciales, y sobre todo su anticuado sistema complejizaron aún más el cuadro.

“El coronavirus nos agarró con un sistema presencial papelizado de hace un siglo, en el que solamente podés consultar de forma online, pero no podés interactuar, y este gran atraso es responsabilidad del Poder Judicial”, achacó Ensinck. Para ser gráficos, el mecanismo requiere de la presencia de un empleado judicial en Tribunales que reciba el mail enviado por el abogado, lo imprima, lo escanee y vuelva a subirlo al sistema. “Es decir que agregaron dos eslabones más a la cadena que ya venía atrasada”, apuntó. Esta situación, sumada a las licencias de muchos trabajadores judiciales por ser personas de riesgo, hicieron que entre el 18 de junio y el 4 de septiembre (periodo de levantamiento de restricciones al sector), la actividad tuviera “un ritmo del 30% o 40%”. Y encima desde entonces, tanto los Juzgados como los registros y otras dependencias estatales casi no brindan ninguna atención.

El costo de ser abogado en Rosario

Un abogado con algunos años de matriculación abona mensualmente $650 al Colegio ($1.950 trimestrales), $5050 a la Caja Forense (de los $60.600 que constituye el mínimo anual para la categoría más baja), $5.416 a la Caja de Jubilaciones (de los $65.000 también mínimo anual para categoría más baja), unos $9.000 aproximados para alquilar la oficina y más de $6.000 entre TGI, API, EPE, Aguas, Litoral Gas e internet. La cuanta arroja una suma superior a los $26.000 mensuales, algo inviable hoy para buena parte de los matriculados, sobre todo para los que tienen poco tiempo en el rubro y lejos están de cobrar grandes honorarios o haber hecho la famosa “rueda” de trabajo. Además no se debe pasar por alto que durante mucho tiempo los estudios debieron permanecer cerrados o sin que el profesional pudiera atender a clientes. “La situación se hizo insostenible y configuró la razón por la cual muchos abogados optaron por rescindir el contrato de alquiler de su oficina y trabajar desde sus casas, o un algún espacio de coworking para los casos en los cuales deben celebrar reuniones o recibir a clientes”, plantearon los integrantes de la agrupación “Acción Forense”, Oscar Romera y Gonzalo Campero.

Campero, ex presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados criticó el accionar de la Caja Forense, que en mayo, con toda la actividad paralizada por la pandemia, intimó a los colegas para que hagan su aporte semestral. “Se acerca fin de año y la preocupación aumenta entre los abogados ante el silencio de las cajas. Nos lamentamos al imaginar que, nuevamente, los directores no tengan consideración por sus propios colegas y lleguen incluso a aumentar los mínimos exigidos, como generalmente se hace en esta época del año”, advirtió y destacó que esto ha llevado al abogado a tener que buscar alternativas para que la merma en sus ingresos no sea determinante. “Muchos se han volcado a la venta de productos en las redes sociales o aplicaciones del celular. Algunos, incluso, ante este difícil escenario, han tenido que optar por la lamentable suspensión o cancelación de su matrícula”, afirmó.

Hay preocupación entre los abogados porque las cajas suelen aumentar los mínimos exigidos a fin de año"

Para Ensinck todavía no se han dado muchos de estos casos, pero sí reconoció que hubo más letrados que iniciaron trámites para jubilarse y que se incrementó la morosidad en el Colegio. Informes internos dan cuenta que se encontraría entre un 25% y un 30% de la matrícula, para los cuales se está pensando lanzar una amplia moratoria. Es que el organismo también necesita recuperar ingresos, que cayeron por el lado de las cuotas pero también por las boletas de iniciación de procesos, que en abril fueron casi nulas (se emitieron mil contra 24 mil del mismo mes de 2019), en mayo ínfimas, y en marzo y junio muy bajas.

Respuesta de la Caja de Jubilaciones

“Tenemos 2.500 pasivos y necesitamos $120 millones mensuales para pagar jubilaciones y pensiones, por eso no podemos decir 'no paguen'”, indicó a Ecos365 un integrante de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Santa Fe. Destacó que el mínimo no se modificó desde diciembre de 2019, y ahora está en discusión si habrá o no un incremento debido a la crítica situación económica, pero lo que ya está acordado es que lo correspondiente al año 2020 pueda abonarse en dos años con planes de pago especiales, sin que se intime a nadie que haga un acuerdo. Tal vez el ajuste sea escalonado y no de un golpe, pero la misma fuente aclaró que en algún momento el aumento llegará, teniendo en cuenta que en insostenible pagar $33 mil de jubilación mínima con un aporte anual de $65 mil. Hasta ahora el sostenimiento es posible con las reservas, que se utilizaron para costear el 60% de los gastos de este año.

Distinto es el caso de la Caja Forense, a cargo de la salud de los profesionales, con egresos que se dispararon por la pandemia y por ende más necesitada de fondos para hacerles frente. Allí parece que el aumento aparecerá antes, y será otro golpe más al bolsillo de los abogados. Ante este escenario, la posibilidad de lanzar una moratoria en ambas cajas empieza a ganar fuerza.