La Cámara Federal porteña resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación actúen como querellas separadas en la causa penal que investiga si se cometió delito en el otorgamiento de préstamos por parte de la entidad oficial a la empresa Vicentín.
El Tribunal de Apelaciones revocó una resolución que había dispuesto unificar a ambas partes acusadoras y dispuso que "en lo sucesivo ambos organismos intervengan como querellantes en la causa de manera autónoma", según el fallo al que accedió Télam.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens argumentaron que "no puede desconocerse que la actuación de cada uno se impulsa en intereses que le son propios y exclusivos".
La UIF querella ante "la posible comisión de un delito contra el orden económico y financiero, mientras que, por el otro, la legitimación del Banco Nación en el caso obedece a que sería damnificado directo de la posible defraudación por otorgamiento irregular de créditos bancarios, que le habrían generado un perjuicio patrimonial", agregaron los jueces.
La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos. Por los hechos están imputados el último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, a quienes el fiscal Pollicita solicitó la inhibición de sus bienes.
En cuanto a la situación tras el default de la cerealera, se dio una primera reunión de conciliación convocada por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a la que asistieron el gobierno provincial y directivos de la compañía parecieron coincidir en que la salida al default podría ser a través de un de un fideicomiso para la administración de la firma, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda de casi 100.000 millones de pesos.
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