El Gobierno de Estados Unidos retiró dos propuestas regulatorias vinculadas al uso de criptomonedas, una decisión que modifica el enfoque previsto para las operaciones con billeteras de autocustodia y determinados mecanismos de privacidad utilizados en redes blockchain.
La medida fue formalizada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, y tiene efecto desde el 6 de octubre de 2026. Según el organismo, las propuestas retiradas formaban parte de un esquema que buscaba adaptar la regulación de los activos digitales a un enfoque considerado más adecuado para su aplicación.
¿Qué regulación sobre criptomonedas retiró Estados Unidos?
Una de las iniciativas había sido presentada originalmente en diciembre de 2020 y apuntaba a las operaciones que involucraban billeteras no alojadas o unhosted wallets, es decir, aquellas en las que el propio usuario mantiene el control de las claves privadas y, por lo tanto, de sus activos.
La propuesta contemplaba obligaciones adicionales para bancos y empresas de servicios monetarios cuando sus clientes realizaran determinadas operaciones con este tipo de billeteras.
Entre otras medidas, establecía requisitos de registro para transacciones superiores a US$3.000 y obligaciones de reporte e identificación para operaciones superiores a US$10.000, incluyendo aquellas que superaran ese umbral mediante operaciones acumuladas en un período de 24 horas.
Con el retiro de la propuesta, FinCEN confirmó que no avanzará con ese esquema regulatorio.
Cayó una propuesta sobre los mezcladores de criptomonedas
La segunda iniciativa había sido presentada en 2023 y estaba relacionada con los denominados crypto mixers, herramientas que permiten combinar transacciones de distintos usuarios con el objetivo de dificultar el seguimiento directo de los movimientos de fondos.
La propuesta buscaba considerar determinadas operaciones internacionales de mezcla de criptoactivos como una categoría de especial preocupación en materia de lavado de dinero. Esto podía derivar en mayores obligaciones de información y monitoreo para las instituciones financieras involucradas.
FinCEN también decidió retirar esta propuesta.
El organismo sostuvo que las medidas formaban parte de un proceso de revisión de las regulaciones sobre activos digitales. En paralelo, señaló que las definiciones demasiado amplias podían generar efectos sobre actividades legítimas vinculadas con la privacidad financiera.
Autocustodia: qué cambia para los usuarios
Uno de los puntos centrales del cambio es la situación de las billeteras de autocustodia.
A diferencia de una cuenta mantenida en un exchange, en una billetera no alojada el usuario controla directamente las claves privadas. Esto le permite administrar sus criptomonedas sin que un intermediario tenga necesariamente la custodia de los fondos.
La propuesta retirada no prohibía estas billeteras, pero buscaba incrementar la cantidad de información que los intermediarios financieros debían recopilar y reportar cuando interactuaban con ellas.
El retiro elimina ese esquema específico antes de que pudiera convertirse en una obligación efectiva. La normativa estadounidense vigente, sin embargo, continúa contemplando obligaciones para determinados intermediarios financieros y proveedores de servicios de activos virtuales.
P2P y privacidad: un debate que continúa
La decisión también impacta sobre el debate acerca de las operaciones peer-to-peer (P2P) y el nivel de privacidad que deben tener las transacciones con criptomonedas.
Según especialistas citados por iProUP, el retiro de las propuestas no significa que Estados Unidos haya abandonado sus mecanismos contra el lavado de activos ni los estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El punto central pasa por aplicar controles en función del riesgo concreto, en lugar de considerar automáticamente sospechosa cualquier operación realizada mediante una herramienta de privacidad o una billetera de autocustodia.
Además, las operaciones realizadas directamente entre usuarios mediante sus propias billeteras presentan un tratamiento diferente de aquellas en las que interviene un exchange u otro proveedor de servicios de activos virtuales.
La trazabilidad de Bitcoin sigue siendo un factor clave
El retiro de las propuestas tampoco significa que las operaciones con criptomonedas hayan dejado de ser rastreables.
Las transacciones realizadas sobre blockchains públicas, como Bitcoin, pueden ser observadas y analizadas. El desafío regulatorio consiste en determinar cuándo una dirección puede vincularse con una persona concreta y qué información puede ser utilizada por las autoridades.
La jurisprudencia estadounidense también ha abordado esta cuestión. Entre los antecedentes mencionados por los especialistas aparecen casos como United States v. Miller, Carpenter v. United States y United States v. Gratkowski, que analizaron diferentes aspectos relacionados con la privacidad financiera, los datos digitales y las transacciones de criptomonedas.
Un cambio de enfoque para el ecosistema cripto
El retiro de las dos propuestas representa un cambio relevante en la forma en que Estados Unidos busca abordar determinados riesgos vinculados con los activos digitales.
Para los usuarios, uno de los principales efectos es que las obligaciones específicas previstas para las operaciones con billeteras no alojadas no avanzarán bajo aquellas propuestas.
Para exchanges, bancos y otros intermediarios, en cambio, continúan vigentes las normas generales de prevención del lavado de dinero y las obligaciones regulatorias que correspondan según el tipo de operación.
El debate, por lo tanto, no queda cerrado: la discusión pasa por encontrar un equilibrio entre privacidad, autocustodia, trazabilidad y prevención del delito financiero, mientras el mercado de activos digitales continúa desarrollándose y los reguladores redefinen el alcance de sus controles.
Comentarios