El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en el desarrollo de un sistema digital que permitirá a comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes) negociar los derechos de cobro generados por sus ventas con tarjeta de crédito. El objetivo es ampliar las opciones para acceder a liquidez antes de la fecha habitual de acreditación y generar condiciones que permitan reducir el costo financiero de esas operaciones.
La propuesta introduce un cambio en la forma de obtener financiamiento de corto plazo. En lugar de depender exclusivamente de las alternativas que ofrecen los operadores de pagos, los comercios podrían transferir sus cupones pendientes de cobro a distintos bancos, inversores y plataformas financieras, que competirían por adquirir esos activos.
La iniciativa forma parte de la reforma del mercado de capitales que impulsa el Gobierno nacional y que prevé enviar al Congreso. Según el cronograma informado, el nuevo mecanismo podría comenzar a operar a mediados de 2027, sujeto a la definición de las reglas y al desarrollo de la infraestructura tecnológica.
Cómo funcionará el sistema de cupones digitales
Cuando un comercio vende mediante una tarjeta de crédito, no siempre recibe el dinero de manera inmediata. La acreditación puede demorar varios días y, durante ese período, el negocio debe afrontar sus compromisos operativos con recursos propios o mediante otras fuentes de financiamiento.
Para adelantar esos ingresos, actualmente puede recurrir a mecanismos que aplican una tasa de descuento sobre el monto que tiene pendiente de cobrar.
El proyecto del BCRA busca habilitar un mercado en el que esos derechos de cobro puedan registrarse digitalmente y transferirse entre diferentes participantes. De esta manera, el comercio tendría la posibilidad de comparar ofertas y elegir las condiciones más convenientes para obtener los fondos.
Los cupones funcionarían como activos negociables vinculados con ventas que ya se realizaron y que todavía no fueron liquidadas. Su registro permitiría identificar a quién pertenece cada derecho de cobro y facilitar su transferencia bajo condiciones de trazabilidad y seguridad.
El esquema también contempla la posibilidad de agrupar esos derechos para utilizarlos como respaldo de instrumentos financieros, con el objetivo de canalizar recursos de inversores hacia empresas que necesitan capital de trabajo.
El costo de anticipar las ventas, en el centro de la discusión
Uno de los principales argumentos a favor de la iniciativa es el costo que representa para los comercios obtener el dinero antes de los plazos habituales de liquidación.
De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas en la información publicada por iProfesional, las tasas de descuento para adelantar cobros pueden ubicarse entre el 15% y el 18% directo, según las condiciones de la operatoria.
La expectativa oficial es que la incorporación de nuevos compradores de esos derechos de cobro genere una mayor competencia y presione a la baja los costos financieros.
Para un negocio que necesita adelantar ingresos de manera recurrente, una reducción de la tasa podría traducirse en una mayor proporción del valor de sus ventas disponible para cubrir gastos, reponer mercadería, pagar proveedores o financiar su actividad cotidiana.
Sin embargo, el efecto concreto dependerá de las condiciones en las que funcione el mercado, de la cantidad de participantes y de los costos que implique operar dentro del nuevo sistema.
Por qué los bancos y los inversores podrían participar
Un aspecto relevante del proyecto es el perfil de riesgo de los cupones. El derecho de cobro está asociado a una operación con tarjeta de crédito cuya liquidación corresponde al banco emisor, lo que diferencia a estos instrumentos de otras alternativas de financiamiento cuyo riesgo depende directamente de la capacidad de pago de la empresa que solicita los fondos.
Esa característica podría facilitar el interés de entidades financieras e inversores, especialmente por tratarse de derechos de cobro con vencimientos relativamente cortos.
La propuesta apunta a transformar esos créditos en instrumentos electrónicos transferibles, con reglas que permitan conocer su titularidad y facilitar las operaciones entre los distintos actores.
No obstante, la existencia de un respaldo bancario no garantiza por sí sola tasas más bajas. La competencia, los gastos de intermediación, los impuestos y las condiciones generales del mercado también incidirán en el costo final para los comercios.
El desafío de poner en marcha la infraestructura
Para implementar el sistema, el BCRA inició un proceso destinado a seleccionar a las entidades responsables de desarrollar la infraestructura tecnológica necesaria para registrar y administrar los cupones.
La convocatoria contempla requisitos de capacidad técnica, operativa y financiera, además de antecedentes verificables y garantías de cumplimiento. El plazo adicional para presentar propuestas vence el 15 de octubre, según la información publicada sobre el proceso.
Entre las empresas interesadas se encuentra COELSA, que informó haber presentado una propuesta para desarrollar una plataforma de registro y consulta de los derechos de cobro pendientes.
Uno de los puntos que todavía debe definirse es si la administración de la infraestructura quedará concentrada en un único operador o si podrán participar varias compañías. Esa decisión será importante para determinar cómo se organizará el mercado y cuáles serán las condiciones de acceso para bancos, inversores y plataformas de financiamiento.
La conexión con el mercado de capitales
El proyecto contempla una implementación por etapas. En una primera instancia, la prioridad será registrar los cupones y habilitar su transferencia entre distintos compradores. Más adelante, se prevé avanzar hacia una mayor integración con el mercado de capitales.
Entre las alternativas en evaluación figura la posibilidad de que estos instrumentos puedan incorporarse a fondos comunes de inversión abiertos, lo que ampliaría las fuentes potenciales de financiamiento para los comercios.
La iniciativa toma como referencia la experiencia de Brasil, donde existe un sistema regulado de registro y negociación de derechos de cobro vinculados con operaciones comerciales. El diseño argentino deberá adaptarse a las características de su propio mercado y a la infraestructura financiera local.
Qué puede cambiar para las pymes
La principal oportunidad para los comercios y las pymes es contar con más alternativas para administrar sus ingresos y cubrir necesidades de liquidez de corto plazo.
Si el nuevo mercado logra atraer suficientes participantes y generar competencia efectiva, los negocios podrían acceder a condiciones más convenientes para anticipar el dinero de sus ventas. También podría abrirse una vía adicional para canalizar inversiones hacia el financiamiento de la actividad comercial.
Para que ese resultado se concrete, será necesario resolver aspectos regulatorios y tecnológicos, definir los costos de operación y asegurar que las distintas plataformas puedan interactuar bajo reglas claras.
Por ahora, el sistema continúa en etapa de desarrollo. Su impacto dependerá de la implementación definitiva y de las condiciones financieras que efectivamente consigan los comercios cuando la herramienta esté operativa.
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