Resumen Ejecutivo
- La ARCA y la Aduana despliegan una estrategia para fiscalizar el comercio electrónico mediante acuerdos con plataformas, IA y financiamiento del BID de hasta US$ 600 millones.
- El plan incluye la cooperación con Mercado Libre y Meta para detectar publicaciones de productos ilegales, falsificados o sin inscripción sanitaria, como en el sector cosmético.
- Se proyecta una plataforma integrada con inteligencia artificial para unificar más de 25 sistemas aduaneros fragmentados y combatir el fraude y la subfacturación.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana, avanza en una estrategia para fortalecer los controles sobre los productos que se comercializan por internet y detectar irregularidades en las importaciones. El plan combina acuerdos con plataformas digitales, herramientas de inteligencia artificial y una transformación tecnológica respaldada por financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa se desarrolla en un contexto de mayor apertura comercial y crecimiento de las compras por canales digitales, que trasladó parte de los desafíos de fiscalización hacia el control de mercadería que ya ingresó al país y se encuentra en circulación.
Según se conoció, las autoridades aduaneras mantienen conversaciones con empresas tecnológicas y plataformas de comercio electrónico para mejorar la identificación de publicaciones vinculadas con productos de origen irregular, contrabando o incumplimientos de las normas vigentes.
Acuerdos con plataformas para detectar productos ilegales
Uno de los ejes del plan consiste en profundizar la cooperación entre la Aduana, las cámaras empresarias y las plataformas digitales. La industria ya trabaja con Meta para denunciar publicaciones sospechosas, mientras que se busca ampliar los mecanismos de colaboración con Mercado Libre.
El procedimiento permite que las entidades sectoriales identifiquen productos presuntamente irregulares y soliciten la baja de las publicaciones cuando pueden acreditar el origen ilegal de la mercadería.
Sin embargo, el sistema presenta limitaciones. Una de las principales dificultades es que los mismos productos pueden volver a ofrecerse mediante otras cuentas, lo que complica el seguimiento de los vendedores y la identificación de los responsables de las operaciones.
Por ese motivo, el objetivo es avanzar hacia mecanismos que mejoren la trazabilidad de los productos y permitan detectar con mayor rapidez a los importadores involucrados.
La industria cosmética es uno de los sectores que ya utiliza estas herramientas. Desde agosto, la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería trabaja junto con Mercado Libre, Meta, la Aduana y otros organismos para detectar publicaciones de productos sin inscripción sanitaria, falsificados o de procedencia irregular.
Inteligencia artificial para mejorar la fiscalización
La estrategia también contempla una reforma de los sistemas informáticos utilizados por la Aduana. Según explicó Diego Figueroa, subdirector general de Control Aduanero, el organismo trabaja en una plataforma integrada que permita reemplazar la fragmentación tecnológica actual, caracterizada por la coexistencia de más de 25 sistemas que no se comunican entre sí.
El nuevo esquema incorporará inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos para identificar patrones de fraude, detectar posibles maniobras de subfacturación y mejorar los criterios utilizados para seleccionar las operaciones que requieren una fiscalización más exhaustiva.
La modernización incluye, además, la digitalización de expedientes, la integración de bases de datos y la automatización de procedimientos administrativos.
El propósito es avanzar hacia una Aduana con menos trámites en papel y mayor capacidad para analizar información, orientar los controles y responder a las irregularidades detectadas.
Un programa con financiamiento del BID
La transformación tecnológica de ARCA cuenta con respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa aprobado por el Gobierno contempla un préstamo inicial de hasta US$ 100 millones y una línea de crédito condicional que puede alcanzar los US$ 600 millones.
Los fondos están destinados a fortalecer la capacidad institucional del organismo, con inversiones vinculadas con la gestión integral de riesgos, la modernización digital, la infraestructura tecnológica, el análisis de datos y la ciberseguridad.
En materia aduanera, estas herramientas podrían contribuir a mejorar la detección de operaciones sospechosas y complementar los controles físicos en frontera. El plan también contempla inversiones en equipamiento tecnológico, drones y canes detectores, según lo expuesto por las autoridades en reuniones con representantes industriales.
La disponibilidad del financiamiento no implica que la totalidad de los recursos se encuentre desembolsada ni que todas las herramientas previstas estén operativas.
La discusión sobre las obligaciones de los marketplaces
Mientras el Gobierno impulsa acuerdos de cooperación con las plataformas, en el Congreso también se debate la posibilidad de establecer obligaciones legales específicas para las empresas de comercio electrónico.
Un proyecto impulsado por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos propone reforzar la protección de los consumidores mediante mayores exigencias para los marketplaces. Entre las medidas planteadas figuran la verificación de la identidad de los vendedores, la conservación de documentación sobre el origen de los productos y una mayor responsabilidad frente a la comercialización de mercadería irregular.
La discusión apunta a complementar los mecanismos voluntarios de colaboración con reglas que faciliten la identificación de los responsables y el seguimiento de los productos cuestionados.
Un desafío para el comercio y la industria
El avance del comercio electrónico internacional plantea nuevos desafíos para los controles aduaneros, especialmente cuando se trata de productos que requieren certificaciones técnicas, registros sanitarios o documentación que permita verificar su procedencia.
Para la industria, el problema no se limita al ingreso irregular de mercadería, sino también a su posterior comercialización en canales digitales, donde puede resultar más difícil identificar a los vendedores y rastrear el origen de los productos.
La estrategia oficial busca responder a ese escenario mediante una combinación de cooperación con las plataformas, herramientas tecnológicas y mejoras en la gestión del riesgo. Su efectividad dependerá de la capacidad para integrar información, sostener los mecanismos de control y evitar que las publicaciones retiradas reaparezcan bajo otras cuentas.
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