Resumen Ejecutivo
- El Gobierno nacional concretó un acuerdo entre la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, plataformas digitales y cámaras sectoriales para combatir el comercio ilegal online.
- Empresas como Mercado Libre y Meta implementarán mecanismos de intercambio de información con fabricantes para detectar publicaciones sospechosas en cinco categorías críticas.
- Las primeras fiscalizaciones se concentrarán en celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks, un segmento donde el comercio ilegal alcanza el 50% de las ventas del sector.
- La UIA advirtió que el comercio ilícito representa cerca del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en US$ 2.300 millones anuales.
El Gobierno nacional avanzó con un acuerdo entre empresas de comercio electrónico, representantes de la industria y distintos sectores comerciales para reforzar los controles sobre el contrabando y la venta de productos de origen presuntamente ilegal a través de internet.
La iniciativa involucra a Mercado Libre, Meta —a través de sus plataformas digitales— y distintas entidades empresarias, con el objetivo de mejorar la detección de publicaciones sospechosas y reducir la competencia desleal que afecta a los fabricantes y comerciantes formales.
El entendimiento fue firmado en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, bajo la coordinación de Pablo Lavigne.
Qué cambiará en las plataformas de venta online
El convenio establece mecanismos de intercambio de información entre fabricantes, autoridades y plataformas digitales para identificar productos cuyo origen pueda estar vinculado con el comercio ilegal.
Según lo informado, los fabricantes podrán acercar listados de productos sospechosos, mientras que las plataformas aportarán información y reforzarán los controles sobre los principales vendedores. El objetivo es detectar publicaciones vinculadas con posibles maniobras de contrabando o fraude.
Además de Mercado Libre y Meta, participaron representantes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), fabricantes de electrónicos agrupados en AFARTE y actores del comercio minorista, entre ellos Frávega y Cetrogar.
La iniciativa apunta a coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado. No obstante, el alcance de los controles deberá evaluarse a medida que se implementen los mecanismos previstos en el acuerdo.
Celulares, juguetes y neumáticos: los primeros rubros bajo control
Las primeras fiscalizaciones se concentrarán en cinco categorías: celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks.
La selección responde a la presencia de productos sospechosos de ingresar o comercializarse por canales ilegales. También existen cuestionamientos sobre otras actividades, como la indumentaria, el calzado, los cigarrillos y los agroquímicos.
Uno de los datos que refleja la dimensión del problema corresponde al mercado de teléfonos móviles. Según AFARTE, el comercio ilegal ya afectaría a cerca del 50% de las ventas de celulares en 2026.
La cifra pone el foco en un sector donde la competencia entre productos comercializados formalmente y mercadería de origen irregular puede impactar tanto en los fabricantes como en los importadores y los comercios que cumplen con sus obligaciones tributarias.
La cifra que preocupa a la industria
De acuerdo con la UIA, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del producto bruto interno (PBI) y genera una pérdida fiscal estimada en US$ 2.300 millones anuales.
La entidad también señaló que seis de cada diez empresas industriales se ven afectadas por la competencia desleal, mientras que cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal en ventas electrónicas a través de plataformas, redes sociales y marketplaces.
Para el sector industrial, el problema no se limita a la recaudación: también incide en las condiciones de competencia, ya que los operadores formales deben afrontar impuestos, costos de importación y exigencias regulatorias que pueden no ser cumplidos por quienes comercializan mercadería ilegal.
La UIA advirtió, además, que la situación alcanza a distintas regiones del país y a múltiples actividades productivas.
Qué puede pasar con los vendedores online
El acuerdo abre una nueva etapa de colaboración entre el Estado y las plataformas para detectar operaciones sospechosas y mejorar la trazabilidad de los productos comercializados por internet.
Para los vendedores, el principal punto de atención será el fortalecimiento de los controles sobre el origen de la mercadería y la información asociada a las publicaciones. Sin embargo, el convenio no implica por sí mismo que todas las publicaciones vayan a ser dadas de baja ni establece una sanción automática para cualquier vendedor.
La implementación de los mecanismos de intercambio de datos y la identificación de los productos irregulares serán determinantes para conocer el alcance efectivo de la medida.
En un contexto en el que el comercio electrónico gana participación en las ventas, el desafío será distinguir las operaciones ilegales de las transacciones legítimas y asegurar que los controles se apliquen sobre la base de información verificable.
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