La Resolución General 5804/2025 publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redefine cómo las plataformas de criptomonedas deberán informar al fisco los movimientos y saldos de sus clientes. A diferencia de la normativa anterior, que estaba centrada en las cuentas, esta nueva regulación pone el acento en las personas (sujetos) detrás de esas cuentas. 

Hasta ahora, el régimen enfocaba principalmente la obligación de informar datos sobre cuentas específicas cuando superaban ciertos umbrales. Con el cambio, la obligación recae directamente sobre quienes operan con criptos, siempre que sus movimientos o saldos cumplan determinados criterios. 

Los umbrales definidos por la norma son:

* Personas humanas: informar si sus ingresos, egresos o saldo mensual suman $50 millones o más.

* Personas jurídicas: el mismo límite se aplica a partir de $30 millones. 

Además, si una transferencia excede el 5 % del umbral de $50 millones, se deberá informar el origen y destino, incluyendo CBU/CVU asociados. 

Qué cambia con respecto al régimen anterior

El cambio clave está en cómo concebe el régimen informativo. En la versión antigua (RG 4614/2019), el foco era la cuenta como objeto de observación fiscal, y la persona era un dato derivado de esa cuenta. Con la RG 5804/2025, en cambio, la persona pasa a ser el dato primario y la cuenta solo un atributo suyo. Esto significa que la información se consolidará directamente alrededor de los sujetos titulares de las cuentas y no solo de las cuentas mismas. 

Expertos legales señalan que este cambio permite un seguimiento continuo de la actividad económica digital de las personas, más allá de la simple observación de saldos individuales de cuentas. 

Críticas y riesgos señalados por especialistas

La normativa ha generado preocupación en el sector cripto y entre abogados especialistas:

* Mayor control fiscal: Se plantea que la norma acentúa la supervisión sobre activos virtuales, especialmente en un contexto donde otras actividades económicas ven una reducción de obligaciones de información. 

* Libertad financiera: Desde algunos estudios jurídicos advierten que focalizarse en la persona podría llevar a un control invasivo de la vida económica digital sin una causa concreta previa, lo que para algunos expertos puede tensionar derechos como la privacidad y la libertad económica.

* Competitividad del ecosistema: También se ha señalado que, aunque los umbrales son elevados, esta densificación de controles podría incentivar a algunos usuarios a operar fuera del sistema regulado o en plataformas no registradas en Argentina. 

Qué implica para los usuarios cripto

Para la mayoría de los usuarios minoristas de criptomonedas, los expertos consultados consideran que el impacto directo será limitado, ya que los umbrales de reporte son altos y pocos los superan en su operativa cotidiana. Sin embargo, la consolidación de información en torno a personas podría facilitar múltiples cruces de datos que hasta ahora no se realizaban con la misma granularidad.

Además, en paralelo a estas obligaciones, se están implementando otras herramientas como el Régimen de Inocencia Fiscal, que permite a contribuyentes regularizar activos no declarados, incluidos criptoactivos, sin penalidades. 

Conclusión

La nueva norma de ARCA representa un cambio significativo en cómo el Estado argentino aborda el control fiscal de los activos digitales: al desplazar el foco de las cuentas a los sujetos, se fortalece la capacidad de cruzar información y seguir trayectorias económicas digitales completas.

Aunque para muchos usuarios minoristas puede no implicar mayores obligaciones prácticas, el enfoque amplía el alcance de la supervisión fiscal y abre debates sobre la privacidad y la libertad financiera en el entorno cripto argentino.