La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir los montos de las multas previstas en la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal, cuyos valores, según la entidad, resultan excesivos para el sector micro, pequeño y mediano empresario.

La solicitud fue canalizada mediante una carta oficial en la que CAME plantea la necesidad de dictar normas complementarias para “morigeren la incidencia de las multas”, ajustando los importes de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes y evitando sanciones que podrían vulnerar la continuidad de unidades de menor tamaño.

Según el texto de la propuesta, la entidad que lidera Ricardo Diab propuso un esquema de reducción porcentual escalonado:

* Microempresas y personas humanas no consideradas grandes contribuyentes: reducción del 90%.

* Pequeñas empresas: reducción del 70%.

* Mediana Empresa Tramo I: reducción del 40%.

* Mediana Empresa Tramo II: reducción del 20%.

Este es el segundo pedido formal de CAME sobre el tema, luego de una comunicación anterior en diciembre 2025 en la que ya había advertido sobre el impacto económico de las sanciones previstas en la normativa.

Qué cambió la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada recientemente por el Congreso, introdujo modificaciones clave al régimen sancionatorio tributario argentino y reforzó los regímenes de control y declaración. Esto incluyó aumentos muy significativos en las multas por incumplimientos formales, como la presentación tardía de declaraciones juradas y otros requisitos fiscales.

Según análisis sectoriales, algunas sanciones se incrementaron hasta 1.100 veces respecto a los valores anteriores. Por ejemplo, multas que antes eran de apenas $200 para personas humanas podrían llegar a $220.000, y las correspondientes a personas jurídicas pasaron de $400 a alrededor de $440.000 ante incumplimientos de presentación de declaraciones.

Además de modificar el régimen penal tributario (Ley 24.769) y el régimen de procedimientos fiscales (Ley 11.683), la ley incorpora un régimen simplificado de declaración jurada y crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para quienes se adhieran, que los exonera de ciertos controles patrimoniales y de consumo, aunque con un tope patrimonial elevado para acceder.

Repercusiones en el sector pyme

Para CAME, el fuerte aumento de las sanciones puede traducirse en un “estrangulamiento financiero” para empresas de menor tamaño, que muchas veces no cuentan con los recursos o el personal especializado para cumplir con plazos y formalidades complejas. La organización sostiene que multas desproporcionadas pueden desalentar la actividad económica y profundizar la vulnerabilidad de un sector que representa una parte significativa del empleo y la producción en Argentina.

La propuesta de la entidad apunta a que el diseño de las multas contemple la capacidad económica de los contribuyentes, evitando efectos regresivos que impacten especialmente en micro y pequeñas empresas.

Un contexto fiscal más amplio

El reclamo de CAME se enmarca en un debate más amplio sobre la carga de cumplimiento tributario en Argentina, donde sectores productivos y empresariales han planteado en los últimos meses la necesidad de ajustes para hacer más compatibles las exigencias fiscales con las capacidades operativas de las pymes.

El tema también llega en momentos en que el Gobierno busca consolidar normas tributarias más estrictas, pero equitativas, ante tensiones fiscales internas y presiones por ampliar la base de cumplimiento sin asfixiar al tejido productivo.