En medio de la expectativa por la entrada en vigencia de la denominada Inocencia Fiscal —la norma que busca incentivar a los argentinos a “sacar los dólares del colchón” y formalizar esos activos—, surgieron inquietudes por algunos aspectos del esquema de multas que acompañan a la medida. 

La ley fue recientemente aprobada y promulgada, generando entusiasmos sobre la posibilidad de que los ahorristas vuelvan a inyectar divisas en la economía formal tras años de estrictas restricciones cambiarias. Sin embargo, uno de los elementos que más ruido ha generado es el incremento de las sanciones automáticas por la omisión de presentaciones fiscales como declaraciones juradas de IVA, Ganancias y Bienes Personales. 

Según el la ARCA, tras el vencimiento de los plazos para presentar estas declaraciones, en lugar de aplicar multas de forma inmediata, se enviarán recordatorios previos entre 10 y 15 días hábiles. Esto busca moderar la aplicación de sanciones y evitar arbitrariedades, tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Aun así, los montos de las multas resultan sustancialmente más elevados que los vigentes hasta ahora: para individuos, la falta de presentación pasó de una sanción de $200 a $220.000, y para personas jurídicas de $400 a $440.000. Además, esos valores serán reajustados automáticamente desde el 1° de enero de 2027 en función de la variación de las UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo). 

Especialistas tributarios consultados consideran que, si bien la decisión de moderar el régimen puede aliviar tensiones en el corto plazo, las multas continúan siendo excesivas y pueden desalentar la confianza de los contribuyentes más pequeños. Algunos profesionales señalan que la situación debería abordarse en el Congreso mediante una modificación legislativa que incorpore los rangos de multas como parte de la ley misma, y no sólo en su reglamentación. 

Por su parte, sectores del oficialismo han mostrado apertura a debatir ajustes en el esquema de multas en sesiones ordinarias del Congreso, con la intención de “aliviar la carga sobre los contribuyentes más pequeños”. A pesar de esto, no existe aún una propuesta concreta para una reformulación normativa más profunda.