La economía santafesina volvió a mostrar esta semana dos realidades que conviven cada vez con más frecuencia. Por un lado, inversiones, licitaciones, nuevos proyectos industriales, fondos de inversión y concesiones estratégicas que buscan aprovechar un eventual cambio de ciclo. Por otro, sectores donde las reglas parecen resistirse a la competencia y donde la recuperación financiera todavía no logra traducirse plenamente en más actividad, empleo e inversiones.

Quizás ningún caso lo refleje mejor que el negocio de los residuos industriales especiales. Detrás de una discusión que suele plantearse en términos exclusivamente ambientales existe un mercado millonario vinculado a los residuos generados por puertos, agroindustrias, aceiteras y grandes complejos fabriles del cordón San Lorenzo-Puerto General San Martín. Algo similar ocurrió cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, propuso explorar alternativas como la transformación de residuos en energía: abundaron las críticas, pero escasearon las propuestas para resolver un problema que sigue acumulando costos económicos y ambientales. ¿Y quiénes ganan para todo siga así?

La situación volvió a quedar expuesta esta semana con una inversión santafesina que permanece demorada por procesos de validación. Más allá de los expedientes, la disputa involucra intereses económicos, organismos de control, presentaciones judiciales y distintas formas de presión destinadas a preservar posiciones dominantes como el apriete a periodistas. La provincia avanzó en agilizar trámites y evitar que proyectos productivos queden indefinidamente cajoneados, pero todavía subsisten mecanismos que dificultan la llegada de nuevos actores y limitan una competencia que podría traducirse en más empleo, inversión y menores costos para las empresas.

En ese contexto aparece otra incógnita que empieza a circular entre empresarios y funcionarios. ¿Holcim buscará ampliar su presencia en este negocio a través de Geocycle, una de las principales compañías de valorización y coprocesamiento de residuos industriales de la región? ¿O antes deberá concentrarse en resolver cuestionamientos ambientales y regulatorios que hoy generan debate dentro de Santa Fe?

Por ahora son preguntas abiertas. Pero en un mercado donde todos observan los movimientos de todos, nadie parece dispuesto a ignorarlas.

Mientras algunos sectores pelean por conservar posiciones adquiridas, otros buscan generar las condiciones para ampliar la oferta de inversiones y actividad económica. En esa lógica se inscribe una de las licitaciones más importantes del año para el área metropolitana de Rosario.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) abrió los sobres para construir la nueva Estación Transformadora Piñero, una obra valuada en más de $23.000 millones que promete cambiar la dinámica de buena parte del corredor sudoeste metropolitano. El proyecto contempla una estación de 80 MVA, cinco kilómetros de líneas de 132 kV y ampliaciones de distribución que beneficiarán a Piñero, Alvear, Pérez, Soldini, Zavalla y áreas de fuerte expansión industrial y urbana.

La relevancia no está solamente en la obra. Lo importante es el modelo elegido. Durante años la EPE exigió que los desarrolladores privados financiaran completamente la infraestructura eléctrica para luego transferirla a la empresa estatal. Un esquema que muchas veces terminaba convirtiéndose en una barrera para nuevos emprendimientos.

La Provincia financiará la obra y luego recuperará parte de la inversión mediante acuerdos de reserva de potencia firmados con privados que necesitarán esa capacidad eléctrica en el futuro. Ya existen compromisos de 18 desarrollos industriales y urbanísticos. La expectativa oficial es recuperar unos $4.000 millones mediante esos convenios.

La apuesta es ambiciosa: destrabar más de 20 proyectos, habilitar alrededor de 5.000 lotes para futuros desarrollos, garantizar energía para nuevas industrias y abastecer la futura cárcel de máxima seguridad conocida como "El Infierno".

No es casual que varios empresarios sigan observando este esquema como un posible antecedente para otras zonas donde la infraestructura se transformó en el principal cuello de botella para nuevas inversiones. Entre ellas Puerto Norte, donde desde hace años se buscan mecanismos para acelerar desarrollos pendientes sin que Estado y privados hayan logrado todavía encontrar una fórmula común.

Los mercados financieros, mientras tanto, volvieron a mostrar sus contradicciones. La gran decepción de la semana llegó desde Morgan Stanley. El gigante financiero mantuvo a Argentina dentro de la categoría “Standalone” y postergó cualquier expectativa de mejora al menos hasta después del próximo ciclo presidencial.

La decisión enfrió parte del entusiasmo que había generado la fuerte baja del riesgo país. Sin embargo, la reacción fue más compleja de lo que sugieren los titulares. Porque mientras Wall Street sigue mejorando su mirada sobre Argentina, en el mercado doméstico empiezan a multiplicarse las quejas de inversores por los costos y comisiones que enfrentan para operar activos locales.

La sensación que comienza a instalarse entre algunos ahorristas es incómoda: invertir en instrumentos argentinos sigue siendo más costoso y burocrático de lo que debería en un proceso de normalización financiera.

Las denuncias por dobles comisiones en operaciones con títulos llegaron a organismos reguladores, la CNV y la Caja de Valores. Mientras tanto, el discurso oficial de desregulación convive con reclamos que todavía esperan respuestas concretas.

En ese contexto el dólar continúa moviéndose lentamente hacia arriba. La divisa oficial se alejó de los niveles observados hace apenas dos meses y volvió a ubicarse cerca de los $1.480. La suba empieza a superar la inflación mensual y marca un cambio de tendencia relevante para una economía que durante buena parte del año convivió con apreciación cambiaria.

Los bancos reaccionaron elevando tasas para evitar una migración acelerada hacia el dólar. Mientras tanto, algunos productores vuelven a mirar los silobolsas como una alternativa de resguardo de valor a la espera de mejores precios y un tipo de cambio más alto.

Los datos de la economía real siguen mostrando un cuadro mucho más heterogéneo que el de los mercados. La consultora EcoAnalytics+Symfonia lo resumió esta semana con una definición que rápidamente circuló entre empresarios e inversores: "frío de otoño en primavera".

La metáfora describe una realidad cada vez más visible. La macroeconomía muestra señales de mejora. El riesgo país perforó mínimos de la gestión Milei, la inflación desacelera, el superávit comercial marca récords y el Banco Central acumuló más de USD 10.000 millones en compras durante el primer semestre.

Pero al mismo tiempo el crédito sigue sin despegar con fuerza, la actividad permanece desigual y muchos sectores todavía no perciben beneficios concretos.

La confianza de los consumidores mejoró durante junio y la imagen del Gobierno mostró cierta recuperación, especialmente asociada a la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: transformar estabilidad financiera en crecimiento económico sostenible.

En ese escenario aparecen sectores que ya están tomando posiciones. Uno de ellos es la logística. La adjudicación definitiva de la Hidrovía Paraná-Paraguay a Jan de Nul por los próximos 25 años representa una de las decisiones económicas más relevantes del año.

El Gobierno apuesta a una reducción de costos logísticos y a mejoras operativas para una vía por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas. La competitividad futura del complejo exportador dependerá en buena medida de lo que ocurra allí.

Otro sector que intenta anticiparse es el inmobiliario. Aunque las ventas siguen lejos de despegar y el crédito hipotecario muestra señales de agotamiento, continúan apareciendo proyectos de gran escala.

En Rosario, Edilizia puso en marcha Cairano, una intervención urbana que busca transformar una manzana estratégica del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el Instituto Politécnico comenzó a buscar financiamiento para una profunda modernización de su histórico edificio.

Y desde el mercado de capitales llegó una novedad que despertó atención entre desarrolladores y operadores financieros. Debutó el primer fondo inmobiliario abierto al público que permite invertir en ladrillos sin comprar una propiedad.

La iniciativa impulsada por Grupo IEB y Grupo Briones captó más de US$45 millones y abrió una pregunta inevitable para la región: ¿aparecerán vehículos similares vinculados al mercado inmobiliario rosarino?

También el sector automotor sigue moviéndose. Luego de una respuesta comercial superior a las expectativas desde su desembarco en Rosario, Giorgi MG anunció la ampliación de su concesionario local para acompañar el crecimiento de la marca.

El turismo también empieza a mostrar señales de renovación. Freeway celebra sus 40 años atravesando un proceso de recambio generacional, modernización tecnológica y actualización de su modelo comercial. Una señal de cómo empresas tradicionales intentan adaptarse a nuevas formas de consumo sin perder la cercanía que construyeron durante décadas.

Los Juegos Sudamericanos aparecen como otra oportunidad que empieza a movilizar inversiones. La hotelería, la gastronomía, la conectividad, los servicios y los proveedores locales ya observan el evento como una posibilidad concreta para mejorar ventas en un año que para muchos sectores sigue siendo desafiante.

La futura comercialización de los departamentos de la Villa Olímpica del Batallón 121 también genera expectativa dentro del sector inmobiliario. Allí Pecam trabaja para cerrar líneas de financiamiento que permitan acelerar la colocación de las unidades una vez finalizados los Juegos.

En gastronomía la disputa ya tiene protagonistas definidos. Marshall Catering, Marta Cura, General Food y K&B compiten por contratos cercanos a los $3.000 millones vinculados a la alimentación de deportistas, árbitros y delegaciones.

No todas las noticias llegan desde sectores en expansión.

En Villa Constitución persisten las señales de alerta alrededor de Acindar. La situación de la contratista GISI, las denuncias por posibles maniobras de vaciamiento y los reclamos de la UOM vuelven a poner sobre la mesa la delicada situación que atraviesa parte de la industria siderúrgica nacional.

La foto final vuelve a mostrar una economía partida en dos. De un lado aparecen licitaciones, infraestructura, hidrovía, inversiones, fondos inmobiliarios, turismo y empresarios que buscan posicionarse para el próximo ciclo. Del otro, industrias que todavía luchan por sostener actividad, consumidores que esperan mejoras más visibles y sectores económicos que siguen funcionando con reglas que desalientan la competencia.